El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene congelados aproximadamente US$770 millones en saldos técnicos de IVA del sector agropecuario, limitando la liquidez de los productores y consolidando al campo como principal sostén fiscal del Estado, según análisis de expertos tributarios.
¿Por qué se acumulan saldos de IVA en el agro?
La estructura de alícuotas diferenciales en el sector agropecuario genera un desfasaje sistemático que produce créditos fiscales sin absorber. Los productores compran insumos y bienes de capital con alícuota del 21%, pero venden su producción primaria al 10,5%. Esta brecha crea saldos técnicos a favor del contribuyente que quedan retenidos en las declaraciones juradas ante la AFIP.
En un contexto de menor inflación, donde estos saldos ya no se licúan rápidamente por efectos inflacionarios, el bloqueo de capital representa una pérdida directa de margen y liquidez operativa para las empresas agropecuarias. Sumado a las elevadas tasas de interés para financiamiento bancario, el costo de oportunidad se vuelve crítico.
El recorte presupuestario en devoluciones de IVA
Las cifras oficiales del Presupuesto muestran un recorte severo en el cupo fiscal destinado a devoluciones de IVA por inversiones en bienes de capital. Durante 2019, el Estado destinaba $15.000 millones (equivalentes a US$394 millones) a este concepto. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna apenas $30.000 millones, ampliable a $40.000 millones, lo que representa tan solo US$21 millones a US$26 millones.
Según estimaciones de la asociación CREA, el stock acumulado de créditos fiscales no absorbibles supera los US$770 millones. Esta cifra refleja la estrategia fiscal del Ejecutivo: priorizar la recaudación impositiva sobre el incentivo a la producción y la competitividad del sector.
El agro como sostenedor fiscal del Estado
El proyecto presupuestario consolida una visión tradicional del sector agropecuario: abordarlo prioritariamente como generador de divisas e ingresos fiscales a través del Impuesto a las Ganancias, IVA y Derechos de Exportación. La participación del Estado sobre la renta agrícola se mantiene en niveles muy altos, posicionando al productor como sostén clave del esquema fiscal en lugar de socio para la expansión productiva.
Esta asimetría se evidencia en el comportamiento del fisco: actúa como acreedor implacable al exigir pagos de impuestos, pero se comporta como deudor silencioso al congelar saldos técnicos de IVA y limitar devoluciones por inversiones en bienes de capital.
Propuesta de bonos negociables para descongelar liquidez
Ante esta restricción presupuestaria, expertos tributarios proponen una alternativa financiera inspirada en la Ley Pyme de 2017 y los títulos BOPREA. La estrategia contempla:
- Emisión de bonos de crédito fiscal: titulizar los saldos técnicos acumulados para convertirlos en instrumentos negociables a mediano o largo plazo.
- Colateralización crediticia: permitir que los productores usen estos bonos como garantía bancaria para acceder a créditos de capital de trabajo o descuentos en el mercado secundario.
- Alineación tributaria: equiparar el tratamiento del agro con regímenes de incentivo a grandes inversiones (RIGI), evitando que la compra de maquinaria resulte penalizada por acumulación de IVA.
Esta alternativa permitiría volcar liquidez al sector sin comprometer el superávit fiscal del Estado, generando un instrumento financiero que recupere valor para los productores.
Carga burocrática y costos administrativos del sector
Más allá del congelamiento de IVA, el agro enfrenta una densa malla burocrática heredada de esquemas tributarios anteriores. El Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y las fiscalizaciones cruzadas generan costos administrativos excesivos que restringen la fluidez operativa y competitividad genuina del negocio.
En un contexto donde se exige máxima eficiencia de procesos, desmantelar esta estructura informativa se vuelve indispensable. Los productores deben concentrarse en optimizar la eficiencia operativa y de costos internos, mientras presionan por la simplificación regulatoria.
Impacto para empresas y administradores agropecuarios
El congelamiento de US$770 millones en saldos de IVA afecta directamente la estructura de capital de trabajo de las empresas agropecuarias. Para administradores y dueños de negocios del sector, esto significa:
- Reducción de liquidez disponible para reinversión y expansión operativa.
- Mayor dependencia de financiamiento bancario a tasas elevadas para mantener flujos de capital de trabajo.
- Pérdida de competitividad frente a productores de otras jurisdicciones con regímenes tributarios menos restrictivos.
- Necesidad de optimizar márgenes operativos para compensar el costo de oportunidad del capital bloqueado.
La propuesta de bonos negociables representa una oportunidad para recuperar liquidez sin esperar a cambios en la política fiscal. Sin embargo, mientras no se implemente, los productores deben enfocarse en eficiencia interna y gestión de costos administrativos, presionando simultáneamente por la simplificación regulatoria y la descongelación de créditos fiscales acumulados.
