El Gobierno enfrentará en 2027 un desafío complejo en materia tributaria. Tras implementar reducciones impositivas que acumularon un costo de aproximadamente 3% del PBI entre 2024 y 2026, la pregunta central es cuánto espacio adicional existe para continuar con ese proceso sin comprometer el equilibrio fiscal que constituye un pilar de la política económica.
¿Cuál es el margen fiscal disponible para 2027?
El Presupuesto 2027 proyecta un superávit primario de $18,44 billones, equivalente a 1,3% del PBI. Luego del pago de intereses, el resultado financiero positivo se reduce a $3,3 billones, o 0,2% del PBI. Este último guarismo resulta relevante para evaluar el espacio disponible, aunque no representa automáticamente el monto que puede destinarse a nuevas rebajas tributarias.
Cualquier disminución adicional de ingresos puede coexistir con el equilibrio fiscal si se compensa mediante menores gastos o mayores recaudaciones por otras vías. Sin embargo, los analistas coinciden en que ese margen es limitado bajo los supuestos macroeconómicos del proyecto oficial.
La presión tributaria subirá a pesar de las reducciones
Un dato paradójico emerge del análisis del Presupuesto: mientras el Gobierno mantiene su compromiso con rebajas impositivas, la presión tributaria efectiva aumentará durante 2027. La recaudación de impuestos nacionales y recursos de Seguridad Social crecerá 27,9% respecto de 2026, lo que llevará la presión tributaria de 21,06% del PBI en 2026 a 21,70% en 2027, un incremento de 0,64 puntos porcentuales.
Este aumento no implica necesariamente subas de alícuotas. La presión tributaria efectiva refleja cuánto recauda el Estado en relación con el producto. Puede crecer incluso con reducciones de ciertos impuestos si se expanden las bases imponibles, la actividad económica, el consumo o los salarios. El Presupuesto contempla un crecimiento real del PBI de 4% durante 2027, junto con expansión de 3,4% del consumo privado e 9,2% de la inversión.
Los mayores aportes a esa suba de presión provendrían de Ganancias (0,24 pp del PBI), IVA (0,23 pp) y Combustibles (0,19 pp). En sentido contrario, los recursos de Seguridad Social restarían 0,19 pp, mientras que Bienes Personales e Impuestos Internos contribuirían disminuciones menores.
El costo acumulado de las rebajas tributarias
Según análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, entre 2024 y 2026 las medidas que redujeron la recaudación acumularon un costo cercano a 4,5% del PBI, mientras que las que incrementaron ingresos aportaron alrededor de 1,5% del producto. El resultado neto fue una pérdida de recaudación de aproximadamente 3% del PBI durante los primeros tres años de gestión.
La eliminación del impuesto PAIS explicó 43% de esa pérdida total; los derechos de exportación, 19%; Bienes Personales, 18%; e IVA, 11%. Esas decisiones ya tomadas continuarán impactando las cuentas públicas el próximo año, con un efecto neto anual estimado de 1,77% del PBI en pérdida de recaudación durante 2027.
Espacio limitado para nuevas reducciones
Los analistas económicos consultados coinciden en que el margen para anunciar nuevas bajas impositivas de envergadura es reducido. La consultora Epyca señala que, bajo los supuestos del Presupuesto —incluyendo inflación de 18% interanual en diciembre de 2027—, no existe espacio significativo para disminuir ingresos sin sacrificar el superávit fiscal.
Posibles excepciones serían modificaciones de menor impacto recaudatorio, como ajustes en el impuesto al cheque, o simplificaciones del sistema tributario que no impliquen pérdidas netas de ingresos. El analista Nadin Argañaraz sugirió que el Impuesto al Cheque podría ser candidato para reducciones si el Gobierno genera márgenes adicionales.
Desde Equilibra, se cuestionó la proyección oficial de crecimiento de 4% para 2027, estimando en cambio una expansión inferior al 2,5%. Bajo ese escenario más conservador, los ingresos del Sector Público Nacional podrían caer en términos del PBI, lo que reduciría aún más el espacio para nuevas bajas tributarias y obligaría a profundizar los recortes de gasto.
Medidas administrativas como alternativa
Ante el espacio limitado para reducciones tributarias, el Gobierno ha recurrido a medidas administrativas destinadas a sostener la recaudación. Entre ellas figuran cambios en el uso del impuesto al cheque por parte de las pymes y embargos de cuentas ante incumplimientos tributarios. Estas herramientas permiten mantener ingresos sin modificar formalmente las alícuotas, aunque generan controversia entre los contribuyentes.
Perspectiva a mediano plazo: 2028 y 2029
El Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta una mayor holgura financiera después de 2027. Los ingresos tributarios del Sector Público Nacional se mantendrían en torno de 14,4% del PBI entre 2027 y 2029, mientras que el gasto primario bajaría de 14,2% a 14% y luego a 13,8% del producto. Bajo ese escenario, el resultado financiero pasaría de 0,2% del PBI en 2027 a 0,7% en 2028 y 0,8% en 2029.
Impacto para dueños y administradores de empresas en Argentina
Para los empresarios y administradores de pymes argentinas, el escenario tributario de 2027 presenta desafíos claros. Aunque el Gobierno mantiene su compromiso ideológico con la reducción de impuestos, el margen fiscal disponible es estrecho. Esto implica que las nuevas bajas tributarias serán limitadas en alcance, mientras que el Gobierno intensificará medidas administrativas de control y recaudación que afectarán directamente la operatoria de las empresas.
El aumento de la presión tributaria efectiva, aun bajo un escenario de reducciones nominales, significa que el Estado seguirá capturando una mayor proporción de los ingresos empresariales. Simultáneamente, la proyección oficial de crecimiento de 4% contrasta con estimaciones más conservadoras de analistas independientes, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de expansión de los negocios. En ese contexto, las pymes deben prepararse para una recaudación más agresiva y evaluar estrategias de optimización tributaria dentro del marco legal vigente, mientras monitorean cambios en impuestos como el del Cheque o los derechos de exportación que aún podrían modificarse según el margen que genere la economía.
