Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley que propone gravar las transferencias internacionales de capital con el objetivo de financiar obras públicas y servicios sociales en provincias y municipios. Según el diputado, el mecanismo permitiría recaudar como mínimo $2,89 billones, monto equivalente a diez veces lo transferido a las provincias durante 2025 por concepto de capital.
¿Cuál es el objetivo del gravamen propuesto?
El impuesto busca establecer un mecanismo compensatorio frente a las salidas de capital que deterioran las reservas internacionales y desfinancian al Estado. Kirchner argumenta que cada dólar, acción o activo digital trasladado fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado representa una pérdida de capacidad soberana. El proyecto conecta directamente la fuga de capitales con la desigualdad estructural, proponiendo utilizar lo recaudado en áreas críticas como salud, discapacidad, educación, jubilaciones y PAMI.
¿Cómo funcionaría la alícuota del impuesto?
La propuesta establece una alícuota del 3% sobre toda operación que implique salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta. Adicionalmente, contempla una alícuota del 2% cuando la transferencia sea hacia destinos catalogados como de baja o nula tributación, lo que aumentaría la carga fiscal en operaciones dirigidas a paraísos fiscales.
¿Qué actividades quedarían excluidas del gravamen?
Kirchner aclaró que la propuesta no incluye la tenencia de dólares de los argentinos ni grava el consumo, el ahorro interno o la inversión productiva. Quedan excluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país cuando se trate de importaciones genuinas, documentadas y trazables. También se exceptúan la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos siempre que los activos permanezcan en territorio argentino, lo que diferencia este gravamen de otras medidas que afecten el ahorro doméstico.
¿Cómo se distribuirían los fondos recaudados?
Los ingresos se repartirían según una estructura que prioriza el desarrollo territorial y la recomposición de servicios esenciales:
- 60% para provincias y municipios: obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda, vial y recomposición salarial en salud y educación
- 10% para salud y discapacidad
- 10% para educación
- 10% para jubilaciones y pensiones
- 10% para medicamentos y atención médica de PAMI
Impacto fiscal para empresas y administradores de negocios
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, este proyecto de ley plantea consideraciones relevantes sobre la estructura de operaciones internacionales. Quienes realicen transferencias de capital hacia el exterior deberían evaluar si sus operaciones quedan alcanzadas por el gravamen, particularmente si se trata de movimientos de activos, acciones o fondos digitales. La distinción entre inversión productiva y fuga de capitales será clave: operaciones legítimas de reinversión o expansión internacional podrían interpretarse de manera diferente según cómo se redacte la normativa final. Las empresas con estructura de holding o participaciones en sociedades offshore deberán monitorear este proyecto, ya que podría impactar en la viabilidad de ciertos esquemas de optimización fiscal vigentes. Además, el destino del capital (jurisdicciones de baja tributación versus países con acuerdos tributarios con Argentina) modificará la carga fiscal de cada operación.
