Máximo Kirchner presentó el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), un gravamen del 3% sobre movimientos de dinero al exterior que ya enfrenta críticas desde el peronismo y la oposición.
¿Qué es el impuesto a las transferencias de capital que propone Kirchner?
El diputado y jefe de La Cámpora impulsa un nuevo tributo diseñado para gravar toda operación que implique la salida efectiva de capitales del territorio argentino. El mecanismo replica la estructura del Aporte Solidario y Extraordinario (ASE) que se aplicó durante 2020, pero esta vez se enfoca en las transferencias internacionales de divisas, valores negociables y activos virtuales, realizadas tanto de forma directa como indirecta.
La iniciativa alcanza a personas humanas, personas jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y estructuras análogas, sin distinguir entre residentes y no residentes. El gravamen se cobra al momento de la operación, y su administración queda a cargo de ARCA, con participación del BCRA y la CNV en sus respectivas competencias.
Alícuotas y mecanismo del nuevo impuesto
El ITIC establece una alícuota base del 3% sobre las transferencias de capital. Cuando el destino corresponde a países de baja o nula tributación, se adiciona un 2% extra, elevando la carga total al 5%. Kirchner argumenta que el objetivo es apuntar contra el flujo de capitales especulativos que abandonan el país sin generar valor productivo ni empleo local.
La propuesta toma como referencia el modelo brasileño, donde la tasa general sobre operaciones financieras alcanza el 3,5%. Sin embargo, los contextos económicos son distintos: Brasil cuenta con un mercado de capitales más profundo y mayor estabilidad macroeconómica que Argentina.
¿Cuánto espera recaudar Kirchner con este tributo?
Según la fundamentación del proyecto, la recaudación estimada es de $2,89 billones durante el período de vigencia. Kirchner señala que esta cifra equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital.
La distribución de lo recaudado tiene un destino específico: el 60% será asignado a provincias y municipios para financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial. El 40% restante se distribuiría entre salud, educación, programas de discapacidad y jubilados, buscando compensar los recortes que esos sectores sufrieron en el presupuesto enviado por el Gobierno el 15 de septiembre de 2026.
Rechazo cruzado dentro del peronismo y la oposición
La propuesta ya genera divisiones internas significativas. Legisladores del propio peronismo expresaron su desconfianza respecto de impulsar un nuevo impuesto a menos de dos años de las elecciones presidenciales de 2027. Un diputado peronista disparó sin filtros: "Nadie quiere crear un nuevo impuesto en la Argentina. Eso no corre más".
El rechazo también proviene de sectores de la oposición dialoguista que suelen acompañar al kirchnerismo en el Congreso. Desde esos bloques advierten que, en caso de ser aprobada, la iniciativa terminará siendo vetada por el Presidente, convirtiendo al proyecto en un gesto político sin consecuencias prácticas. Además, señalan que la medida podría "frenar las inversiones en el país", un argumento que también comparten sectores del oficialismo.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas, esta propuesta representa un potencial riesgo regulatorio que requiere seguimiento atento. Si bien el proyecto enfrenta resistencias políticas que dificultan su aprobación, su sola presentación evidencia tensiones crecientes en torno a la política fiscal y el flujo de capitales.
El ITIC afectaría directamente a empresas que operan con transferencias internacionales: remesas de ganancias, inversiones en el exterior, pagos a proveedores extranjeros y movimientos de fondos hacia paraísos fiscales. Para administradores de negocios, la medida plantea interrogantes sobre la viabilidad de estructuras financieras actuales y la necesidad de anticipar escenarios regulatorios más restrictivos. El debate parlamentario durante la discusión del presupuesto 2026 será clave para evaluar si la iniciativa avanza o queda relegada a un gesto político sin consecuencias inmediatas.
