La consultora tributaria Miriam Roldán presentó un proyecto destinado a reducir el impacto de las multas fiscales en pequeños contribuyentes y MiPyMES, tanto por falta de presentación como de pago de obligaciones determinativas e informativas.
¿Cuál es el alcance del proyecto de reducción de multas?
El proyecto que Roldán elevó al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, busca atenuar los parámetros establecidos en la instrucción de la ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos) publicada recientemente. Se trata de una iniciativa abierta al análisis y mejora por parte del Congreso de la Nación, con el objetivo de adaptar la estructura de sanciones fiscales a la realidad de las pequeñas y medianas empresas argentinas.
Según el análisis de la tributarista, aunque las multas se actualizaron considerando el Índice de Precios al Consumidor, la variación del dólar, el Mínimo No Imponible y el Salario Vital y Móvil, muchos importes mantienen una congruencia que los deja por debajo del valor real actualizado.
La complejidad normativa y el riesgo de incumplimiento
Roldán enfatiza que la carga administrativa sobre los contribuyentes se ha multiplicado significativamente desde la vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal. Un Responsable Inscripto empleador que sea pyme debe presentar 89 declaraciones juradas entre informativas y declarativas, comparado con las 26 que debía presentar bajo el esquema anterior.
Esta expansión normativa aumenta el riesgo de caer en incumplimientos involuntarios. Las multas por falta de presentación de declaraciones informativas alcanzan los $5.000.000 para personas humanas y $10.000.000 para personas jurídicas, mientras que las infracciones formales declarativas oscilan entre $220.000 y $440.000 respectivamente, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 11.683, pudiendo incrementarse aún más por sanciones acumulativas del artículo 39.
Estructura actual de multas según la Ley de Inocencia Fiscal
La normativa vigente desde 2025 implementó una actualización integral de las sanciones fiscales. En materia de infracciones formales, los rangos establecidos son:
- $220.000 como multa mínima por infracciones formales para personas humanas y sucesiones indivisas.
- $440.000 como multa máxima por infracciones formales para personas jurídicas.
- Entre $5.000.000 y $10.000.000 por falta de presentación de declaraciones juradas informativas.
- Entre $1.500.000 y $10.000.000 para otras infracciones formales agravadas.
- Entre $11.000.000 y $22.000.000 en supuestos intermedios de mayor gravedad.
Para multas materiales y sanciones a agentes de retención y percepción, el esquema establece montos que van desde $150.000 como mínimo general hasta $35.000.000 como tope agravado por gravedad o reincidencia. Los agentes de retención y percepción enfrentan sanciones entre $500.000 y $35.000.000, con un límite máximo absoluto de sanciones acumuladas de $10.000.000.000.
Impacto en la administración fiscal de empresas argentinas
Para los dueños y administradores de pymes, esta propuesta de reducción de multas representa una oportunidad crítica de alivio financiero. La acumulación de sanciones por incumplimientos formales, muchas veces involuntarios debido a la complejidad del sistema, genera un pasivo fiscal que puede comprometer la viabilidad de negocios pequeños y medianos. Un error administrativo en la presentación de una declaración informativa puede significar una multa de millones de pesos, desproporcionada respecto al tamaño y capacidad operativa de la empresa.
La iniciativa de Roldán reconoce que la brecha entre la carga administrativa actual y la capacidad de cumplimiento de las pymes requiere una revisión urgente de los parámetros de sanción. Si el proyecto prospera en el Congreso, podría traducirse en una reducción significativa del pasivo fiscal contingente que hoy enfrentan miles de empresas argentinas, liberando recursos para inversión y operación. Esto es especialmente relevante en un contexto económico donde la supervivencia de las pequeñas empresas sigue siendo frágil, y donde la presión tributaria adicional por sanciones desproporcionadas puede ser determinante en el cierre de negocios viables.
