Una tributarista con acceso al ministro de Economía propone restablecer la categoría de responsable no inscripto como figura intermedia entre monotributistas y autónomos del régimen general, buscando mejorar el control fiscal y los aportes jubilatorios.
¿Qué es el responsable no inscripto y por qué vuelve a considerarse?
La figura del responsable no inscripto fue eliminada en 2004 y ahora vuelve a ser analizada en el contexto de la reforma tributaria que el Gobierno debe presentar al Congreso durante 2026. Se trata de un contribuyente que paga el Impuesto a las Ganancias y sus aportes jubilatorios, pero no cobra IVA a sus clientes, evitando así la generación de créditos fiscales.
La tributarista Miriam Roldán, quien mantiene contacto directo con el ministro de Economía Luis Caputo, considera que esta categoría intermedia podría servir como puente regulatorio. Su principal ventaja radicaría en el control de la facturación apócrifa—comprobantes que respaldan operaciones inexistentes—, ya que al no generar créditos de IVA, reduce significativamente las prácticas fraudulentas.
El desafío del sistema jubilatorio y los bajos aportes del monotributo
Uno de los argumentos más fuertes detrás de esta propuesta es el impacto en el financiamiento de jubilaciones. Según un informe de la Fundación Mediterránea, un trabajador en relación de dependencia registrado aporta en promedio $187.000 mensuales al sistema previsional, mientras que un monotributista contribuye apenas $19.000. Esta brecha significa que se requieren 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, comparado con solo 3,5 empleados asalariados para el mismo propósito.
Actualmente, hay aproximadamente 2,2 millones de monotributistas aportantes sobre un total de 10 millones de empleados registrados en Argentina. Este desbalance es uno de los principales desafíos que enfrenta el régimen simplificado.
¿Cómo funcionaría la propuesta de Roldán?
La especialista sugiere mantener las categorías más bajas del monotributo—de la A a la E, que abarcan facturaciones entre $12 y $36 millones mensuales—mientras que contribuyentes con facturaciones menores pasarían a la categoría de responsables no inscriptos. Un contribuyente que factura $8 millones mensuales, por ejemplo, podría ingresar a esta nueva figura.
Bajo este esquema, el responsable no inscripto pagaría:
- Un anticipo mensual del Impuesto a las Ganancias
- Aporte jubilatorio mensual—significativamente superior al actual monotributo
- Un saldo anual del impuesto a las Ganancias
- IVA del 21% más 10,5% en sus compras vinculadas a la actividad
El contexto de la reforma tributaria 2026 y la posición del FMI
Esta propuesta se inserta en el debate más amplio sobre la reforma tributaria que Argentina debe presentar como meta comprometida con el FMI. El organismo internacional, en un documento de trabajo reciente, propone eliminar lo que denomina "gasto tributario"—regímenes especiales que permiten a ciertos sectores pagar menos impuestos—, incluyendo específicamente al monotributo.
El FMI plantea asimilar las cuotas del régimen simplificado a las del Impuesto a las Ganancias de autónomos, lo que implicaría aumentos importantes. Actualmente, un monotributista de categoría A paga $49.527 mensuales, distribuidos en: $5.585 de componente fiscal (reemplaza IVA y Ganancias), $25.694 de obra social y $18.246 de aporte jubilatorio.
Impacto para empresas y administradores: por qué importa esta propuesta
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, esta propuesta tiene implicaciones directas. Si se implementa la figura del responsable no inscripto, se modificaría el panorama de proveedores independientes y profesionales autónomos con los que operan. Las empresas deberían estar atentas a cómo se clasifican sus proveedores y cómo ello afecta su capacidad de deducción de IVA y gastos.
Roldán enfatiza que "el monotributo tiene que quedar solo para lo que fue originalmente: personas que trabajan de manera independiente con baja capacidad contributiva". Esta reorientación busca profesionalizar el régimen tributario, reducir la informalidad y mejorar la sostenibilidad del sistema jubilatorio. Para las pymes proveedoras de servicios o productos, esto podría significar tanto oportunidades de formalización como presiones para aumentar sus aportes, dependiendo de su nivel de facturación y actividad.
