La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el procedimiento para que contribuyentes investigados por delitos tributarios cierren sus causas penales mediante el pago de deudas. A través de la Resolución General 5882/2026, el organismo oficializó el mecanismo formal para calcular, ingresar y acreditar el pago adicional que exige la Ley de Inocencia Fiscal como requisito indispensable para extinguir la acción penal.
¿Qué debe pagar un contribuyente para cerrar una causa penal tributaria?
Para extinguir la persecución penal, el imputado debe aceptar y cancelar de manera incondicional y total tres componentes: el capital omitido, los intereses resarcitorios acumulados y un recargo punitorio del 50% calculado sobre la suma de ambos conceptos. El plazo para realizar este pago es de 30 días hábiles tras la notificación de la imputación.
Este requisito representa un cambio significativo en la estrategia de regularización tributaria, ya que permite a los contribuyentes resolver su situación legal sin continuar en el proceso penal, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la norma.
Trámite electrónico para cancelar la deuda y cerrar la causa
La cancelación del recargo del 50% debe efectuarse exclusivamente mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), bajo el Formulario N° 2712, denominado "Pago Adicional del 50% - Art. 16 Ley 27.430". El procedimiento requiere que el contribuyente cumpla con pasos específicos en la plataforma digital de ARCA:
- Seleccionar el código de impuesto específico correspondiente a la obligación original evadida.
- Asignar el código 762 tanto para el concepto como para el subconcepto ("Adicional artículo 16 RPT").
- Precisar el período fiscal de imputación que originó la causa judicial.
- Consignar desagregados el "Importe Capital Cancelado sujeto a Denuncia Penal" y el "Importe Intereses Cancelado sujeto a Denuncia Penal".
El sistema calcula de forma automática el 50% extra exigido por la ley, aunque el aplicativo permite editar el monto en caso de discrepancias o diferencias de cómputo en la liquidación.
Validez probatoria y protección de derechos del contribuyente
La Resolución General 5882/2026 fija de manera clara la validez probatoria ante los tribunales. El comprobante emitido tras la cancelación del VEP, sumado a la constancia de pago del capital de la obligación original y sus respectivos intereses, constituye documentación suficiente para probar ante el juzgado interviniente el cumplimiento integral de las condiciones fijadas por el Régimen Penal Tributario.
La normativa contempla dos situaciones operativas clave para resguardar los derechos de los contribuyentes. Si el tribunal no concede la extinción de la acción penal a pesar del pago realizado, el importe adicional desembolsado no se pierde: el contribuyente puede tramitar su devolución solicitando el régimen de repetición previsto en la Ley de Procedimiento Tributario.
Para quienes cancelaron este concepto con anterioridad a la vigencia de la nueva norma utilizando códigos de VEP diferentes, no será necesario pagar de nuevo. Deben ingresar al portal web de ARCA a través del servicio "Presentaciones Digitales", seleccionar el trámite "Reimputación de pagos – Formulario 399" y adjuntar la documentación de respaldo para adecuar el depósito al nuevo estándar operativo.
Cambios clave en el Régimen Penal Tributario desde 2026
La Ley de Inocencia Fiscal introdujo una reforma estructural profunda en el tratamiento de delitos tributarios, multiplicando sustancialmente los montos a partir de los cuales una falta se convierte en delito. Durante 2026, los nuevos umbrales de punibilidad son:
- Evasión simple: $100 millones (antes $1,5 millones).
- Evasión agravada: $1.000 millones (antes $15 millones).
- Uso indebido de facturas apócrifas: $100 millones (antes $1,5 millones).
- Apropiación indebida de tributos: $10 millones.
- Evasión de recursos de la Seguridad Social agravada: $35 millones mensuales.
A partir del 1 de enero de 2027, todos estos umbrales se ajustarán anualmente de manera automática en base a la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), eliminando el problema histórico de montos fijos que quedan obsoletos por inflación.
Al elevarse los pisos monetarios del delito, las conducas evasivas del pasado que involucraban montos menores a los actuales dejan de ser consideradas delito. Por el principio constitucional de la ley penal más benigna, esto obliga a la justicia a sobreseer a los imputados y cerrar masivamente las causas penales originadas antes de la ley que quedaron por debajo de los nuevos límites.
Impacto para empresas y administradores: oportunidad de regularización tributaria
Para dueños y administradores de empresas argentinas, la reglamentación de ARCA abre una ventana clara y predecible de regularización. Si tu empresa enfrenta una causa penal por evasión tributaria, contás ahora con un procedimiento formal y con plazos definidos para cerrar la acción penal mediante el pago del capital, intereses y el recargo del 50%.
La clave está en actuar dentro de los 30 días hábiles tras la notificación de la imputación. Además, la normativa protege tu inversión: si el tribunal rechaza la extinción a pesar del pago, podés recuperar el importe adicional. Para empresas que ya pagaron bajo códigos anteriores, ARCA permite homologar la situación sin desembolsos adicionales mediante el Formulario 399.
Este marco regulatorio reduce la incertidumbre y permite a las pymes y empresas medianas resolver conflictos penales tributarios sin perder años en litigios. La recomendación es consultar con un contador o asesor tributario especializado para evaluar si tu situación encuadra en estos supuestos y actuar dentro de los plazos establecidos.
