La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal II, que incorpora una modificación central para ampliar el consenso político: la exclusión de funcionarios públicos de los beneficios tributarios del régimen. El despacho de mayoría obtuvo 44 firmas de diputados de distintos bloques, incluyendo La Libertad Avanza, Pro, UCR e Innovación Federal, entre otros.
¿Quiénes quedan excluidos del régimen?
La exclusión de funcionarios públicos abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad en los tres poderes del Estado durante los últimos 5 años anteriores a la adhesión y hacia adelante. Aunque podrán utilizar el sistema simplificado como canal operativo para presentar la declaración jurada del impuesto a las Ganancias, no gozarán de la presunción de exactitud, liberación de fiscalizaciones ni beneficio alguno del régimen. Este cambio fue reclamado por los bloques dialoguistas, particularmente tras la adhesión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni al régimen original.
Reducción automática de multas para pymes y personas humanas
El dictamen establece un marco de reducción automática de sanciones para incentivar la regularización voluntaria. La medida más relevante contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a microempresas, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales.
Adicionalmente, se reduce en un 50% el importe de multas por infracciones formales cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, que no se encuentren firmes o que, estando firmes, no hayan sido canceladas. Esta reducción aplica a contribuyentes que califiquen como micro, pequeña o mediana empresa, o a personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro.
Requisitos y condiciones para acceder a los beneficios
Para optar por el goce de la reducción de multas, el contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de la obligación formal u omisión que originó la infracción de manera previa o simultánea. El acogimiento al beneficio implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho.
- La reducción aplica independientemente de que las multas se encuentren en discusión administrativa, contenciosa administrativa o judicial.
- El contribuyente asume el pago de costas y gastos causídicos, en caso de corresponder.
- La reducción establecida no dará lugar a la repetición de importes abonados con anterioridad a la vigencia de la ley.
Impacto para las empresas argentinas: oportunidad de regularización
La incorporación de estas reducciones de multas representa un incentivo significativo para que pymes y personas humanas regularicen sus obligaciones tributarias pendientes. Al reducir el costo fiscal de la infracción, el régimen de Inocencia Fiscal II busca ampliar la base de contribuyentes que se acogen voluntariamente, mejorando la recaudación y el cumplimiento normativo sin presión punitiva excesiva.
Para los administradores y dueños de empresas, la medida abre una ventana de oportunidad: quienes tengan multas formales firmes o en proceso pueden evaluar la adhesión al régimen y beneficiarse de descuentos del 25% o 50%, según corresponda. Es fundamental revisar el estado de cada infracción y los requisitos específicos antes de presentar la solicitud, ya que el acogimiento implica renuncias a derechos posteriores. Los contribuyentes deben asesorarse con profesionales tributarios para maximizar los beneficios y cumplir con las condiciones establecidas por la AFIP.
