La Libertad Avanza modificó el proyecto de Inocencia Fiscal II para excluir a funcionarios públicos del Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), tras presiones de sus aliados políticos. La medida alcanzaría con retroactividad de cinco años a empleados de los tres poderes del Estado y se prevé que sea dictaminada antes del 26 de agosto de 2026, cuando se espera su debate en el recinto.
¿Qué cambios introduce la versión modificada de Inocencia Fiscal II?
El proyecto reformulado introduce una restricción específica que impide a funcionarios públicos acceder al RGM, el mecanismo tributario simplificado que había generado controversia cuando el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se acogió a él. La modificación responde a cuestionamientos de los bloques aliados del Gobierno, que consideraban inapropiado que servidores públicos utilizaran regímenes de menor tributación mientras ejercen funciones estatales.
La retroactividad de cinco años implica que la exclusión se aplicaría a adherentes previos, generando un cambio normativo significativo en la estructura tributaria para este segmento de contribuyentes. Esta cláusula temporal busca cerrar espacios que pudieron haberse aprovechado bajo la normativa anterior.
Alcance de la restricción: los tres poderes del Estado
La exclusión abarca funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estableciendo un criterio uniforme sin excepciones por nivel jerárquico o tipo de cargo. Esta amplitud busca evitar interpretaciones selectivas y garantizar que ningún servidor público, más allá de su rango, pueda acceder al régimen simplificado mientras desempeña funciones estatales.
La medida refleja una tensión política entre la propuesta original del Gobierno y las exigencias de sus socios legislativos, quienes presionaron para que el texto fuera más restrictivo en este punto específico.
Cronograma de sanción: hacia el recinto el 26 de agosto
Se espera que el proyecto sea dictaminado antes del 26 de agosto de 2026, fecha en la que ingresaría al recinto para su debate y votación. Este cronograma forma parte de la agenda legislativa prioritaria del Gobierno, aunque la aprobación final dependerá de los votos en ambas cámaras.
La inclusión de esta restricción en la versión modificada podría facilitar el consenso legislativo necesario, ya que responde a demandas explícitas de los aliados del Ejecutivo que participan en la coalición de Gobierno.
El antecedente de Manuel Adorni y el debate público
El caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se adhirió al RGM durante su gestión, funcionó como catalizador de este cambio normativo. La situación generó críticas sobre la coherencia de permitir que funcionarios públicos accedieran a beneficios tributarios simplificados, lo que llevó a que se incluyera esta exclusión en la reformulación del proyecto.
Este episodio ilustra cómo los debates sobre transparencia fiscal y conflictos de intereses en la administración pública pueden traducirse en modificaciones legislativas concretas.
Impacto para empresas y administradores: qué significa la nueva restricción
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, esta medida tiene implicaciones claras en términos de planificación tributaria y cumplimiento normativo. Si bien la restricción se dirige específicamente a funcionarios públicos, la aprobación de Inocencia Fiscal II en su conjunto podría modificar el acceso al RGM para otros contribuyentes.
Es fundamental que los empresarios y profesionales que utilizan o consideran adherirse al régimen simplificado sigan de cerca el debate legislativo del 26 de agosto. Los cambios en las reglas de acceso, alcance y retroactividad pueden afectar decisiones de estructuración tributaria ya implementadas. Además, la presión política que llevó a esta exclusión de funcionarios podría sentar precedentes para futuras restricciones a otros segmentos de contribuyentes.
Se recomienda consultar con asesores tributarios especializados para evaluar el impacto específico en cada caso y anticipar ajustes necesarios una vez que la norma sea sancionada.
