El Gobierno presentó este miércoles ante Diputados los fundamentos técnicos de su proyecto para ampliar el régimen de Inocencia Fiscal, iniciativa que busca formalizar ahorros en dólares sin penalidades pero que enfrenta resistencia política.
¿Qué es exactamente el proyecto de Inocencia Fiscal II?
Durante una reunión informativa en plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal realizada el 5 de agosto de 2026, funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central expusieron los cambios propuestos al régimen vigente. La iniciativa no introduce nuevos beneficios fiscales ni constituye un blanqueo de capitales, según enfatizaron los expositores, sino que amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder a un régimen simplificado ya existente.
La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, explicó que la modificación responde a la decisión de postergar hasta agosto el vencimiento de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Destacó además que el régimen simplificado vigente alcanzó un nivel de acatamiento muy significativo, lo que justifica extender su alcance a un mayor número de contribuyentes.
¿Cuáles son los cambios técnicos principales?
El director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, realizó un análisis detallado de la reforma. Aclaró que la estructura general del régimen no se modifica y que continuará comprendiendo únicamente a personas humanas y sucesiones indivisas, excluyendo a las sociedades.
La principal modificación consiste en ampliar el universo de personas que pueden optar por el régimen simplificado, eliminando restricciones actuales vinculadas con el nivel de ingresos, patrimonio o situación frente a la administración tributaria. Imirizaldu precisó que los grandes contribuyentes podrán presentar una declaración simplificada, aunque sin acceder a beneficios adicionales. Los adherentes deberán mantener su condición de residentes fiscales argentinos.
¿Cuántos dólares hay fuera del sistema financiero argentino?
El director del Banco Central, Martín Vauthier, enmarcó la iniciativa dentro de la estrategia económica oficial para incrementar el ahorro interno y estimular la inversión. Señaló que la economía argentina cuenta con un importante volumen de dólares informales: aproximadamente 170 mil millones de dólares en billetes en moneda extranjera fuera del sistema financiero, cifra que probablemente representa un piso conservador.
Vauthier explicó que esa cantidad equivale a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en dólares existentes en el sistema financiero formal. El objetivo de la ley es permitir que los argentinos formalicen estos ahorros sin sufrir penalidades, agregó el funcionario.
¿Cuál es la resistencia política al proyecto?
A pesar de la defensa oficial, la iniciativa enfrenta cuestionamientos desde múltiples sectores. Diputados de la oposición advirtieron que favorecerá a evasores y reclamaron excluir expresamente a los funcionarios públicos para evitar conflictos de interés. La experiencia de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete que se adhirió al régimen anterior, motivó esta preocupación entre aliados del Gobierno.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman rechazó el proyecto considerando que constituye "otra vez una ley para los grandes evasores". Durante el debate hubo también momentos de tensión: el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto cuestionó la extensión de la presentación de Vauthier, quien fue defendido por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto "Bertie" Benegas Lynch.
Cronograma y próximos pasos
El Gobierno tiene previsto llevar el proyecto al recinto el 19 de agosto de 2026. Sin embargo, resta afinar el texto ya que surgieron inquietudes entre aliados oficialistas que buscan dejar afuera la posibilidad de que se adhieran funcionarios públicos. El proyecto continuará su tratamiento en comisión antes de que el oficialismo intente su aprobación en sesión plenaria.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
La ampliación del régimen de Inocencia Fiscal genera interrogantes directos para dueños y administradores de empresas. Si bien el proyecto excluye a las sociedades comerciales del régimen simplificado, sus implicancias macroeconómicas afectan el contexto de inversión y financiamiento. La formalización de 170 mil millones de dólares podría incrementar significativamente los depósitos en el sistema financiero, mejorando la disponibilidad de crédito y reduciendo presiones sobre el tipo de cambio. Para las pymes, esto podría traducirse en mejores condiciones de acceso al financiamiento en dólares y mayor estabilidad cambiaria. Sin embargo, la resistencia política al proyecto y las posibles modificaciones en comisión pueden alterar su alcance final y, con ello, el volumen esperado de formalización de ahorros informales.
