El Gobierno presentó ante la Cámara de Diputados una nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal con el propósito de que los contribuyentes argentinos formalicen sus ahorros en dólares dentro del sistema bancario sin penalizaciones. La iniciativa busca ampliar significativamente el alcance del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y ajustar los mecanismos de control tributario para facilitar la bancarización de capitales no declarados.
¿Cuáles son los principales cambios en el nuevo proyecto?
El proyecto elimina los topes de ingresos y patrimonio que limitaban la adhesión al régimen. Hasta ahora, solo podían acceder quienes tuvieran ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de $10.000 millones; estas restricciones desaparecen en la nueva versión. De esta forma, el espectro de contribuyentes que pueden beneficiarse se amplía considerablemente.
Según explicó el Ministerio de Economía, el objetivo central sigue siendo permitir que los ciudadanos formalicen sus ahorros en el sistema bancario sin penalidad alguna. Las personas humanas y sucesiones indivisas que se inscriban deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal en el cual presenten su declaración jurada bajo esta modalidad.
Los denominados "Grandes Contribuyentes Nacionales" también podrán adherirse, aunque con limitaciones: no accederán al efecto liberatorio del pago sobre el período fiscal base ni a la presunción de exactitud (conocida como "tapón fiscal") respecto de los tres ejercicios anteriores. Esta diferenciación busca preservar la integridad del sistema tributario mientras facilita el ordenamiento fiscal de contribuyentes de menor magnitud económica.
Funcionarios públicos: la controversia del caso Adorni
El nuevo proyecto no contempla restricciones para que funcionarios públicos y sus familiares directos se adhieran al régimen simplificado. Este punto adquirió relevancia tras la adhesión de Manuel Adorni al RSG el 10 de junio de 2026, mientras se encontraba bajo investigación por presuntos delitos vinculados a enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
En respuesta, el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto alternativo para excluir a funcionarios de alto rango —presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros, gobernadores, senadores, diputados, magistrados judiciales y rectores universitarios—. Sin embargo, el Gobierno mantiene su postura: según los tributaristas que asesoraron la iniciativa, los funcionarios pueden adherir, pero la ARCA conserva plenas facultades de investigación y fiscalización.
Nuevos parámetros para detectar discrepancias significativas
El proyecto ajusta los criterios que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) utiliza para excluir a un contribuyente del régimen. Una discrepancia significativa se configurará solo cuando se detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos impositivos de no menos del 15%.
Además, si el impuesto determinado supera ese 15% pero la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión simple ($5.000.000), no habrá exclusión del régimen. Para identificar discrepancias, ARCA solo podrá basarse en información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros.
Un aspecto relevante: si el contribuyente presenta una declaración rectificativa dentro de 15 días hábiles de la notificación y cancela los saldos adeudados, no se considerará la diferencia entre la declaración original y la rectificativa. En caso de que el fisco haya cobrado durante un procedimiento contencioso y el contribuyente resulte favorecido, ARCA debe reintegrar el monto pagado con intereses en un plazo de 45 días hábiles.
Bancarización obligatoria y plazo para exteriorizar ahorros
Los adherentes al régimen simplificado deberán canalizar sus operaciones a través de medios autorizados por el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta exigencia se considera cumplida cuando la utilización del sistema financiero formal ocurra en el origen o en el destino de la operación.
Un elemento central de la iniciativa es la posibilidad de exteriorizar ahorros no declarados hasta el 31 de diciembre de 2027. Los fondos así incorporados se considerarán bienes personales a partir de la fecha en que se efectúe la operación de bancarización. Según estimaciones del BCRA, en Argentina circulan más de US$ 170.000 millones fuera del sistema financiero formal.
Calendario de presentación de declaraciones juradas
Los contribuyentes tienen hasta el 27 de agosto de 2026 para adherirse al régimen y presentar la declaración jurada de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, tanto bajo el régimen general como simplificado. No obstante, el pago del impuesto para personas humanas vence el 27 de julio de 2026, lo que genera un desfase entre el vencimiento del pago y el plazo de presentación de la declaración.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, esta reforma representa una oportunidad estratégica de regularización fiscal sin penalidades. La eliminación de los topes de ingresos y patrimonio permite que emprendedores de mayor escala accedan al régimen simplificado, reduciendo la carga tributaria sobre ganancias y facilitando la planificación fiscal formal.
La ampliación de plazos para rectificaciones (15 días hábiles) y la garantía de reintegro de pagos indebidos (45 días hábiles) generan mayor seguridad jurídica. Además, la exigencia de bancarización abre acceso a crédito y servicios financieros para quienes regularicen sus ahorros. Sin embargo, es crítico que las empresas analicen el impacto de mantener la investigación integral de ARCA sobre "Grandes Contribuyentes Nacionales" y evalúen si la adhesión al régimen simplificado es compatible con su perfil de riesgo fiscal y sus operaciones comerciales.
