El Ministerio de Economía presentó ante el Congreso una versión reformulada de la Ley de Inocencia Fiscal que restringe significativamente las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre Ganancias y Bienes Personales, buscando mayor adhesión de contribuyentes a este régimen de regularización de fondos no declarados.
¿Qué cambios introduce el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal II?
El proyecto enviado a la Cámara de Diputados durante la última semana de julio de 2026 contiene al menos diez modificaciones respecto a la legislación actual, aunque cinco aspectos resultan decisivos para su implementación efectiva. Según especialistas tributarios, estos cambios responden a la baja adhesión registrada desde la sanción de la ley en diciembre de 2025, cuando los depósitos en dólares del sector privado se mantuvieron prácticamente sin cambios en torno a los USD 40.000 millones.
El umbral del 5% en discrepancias significativas
Uno de los cambios más relevantes redefinisce la "discrepancia significativa" que autoriza a ARCA a revisar declaraciones juradas. La versión inicial permitía que cualquier diferencia, incluso mínima, activara investigaciones sobre períodos fiscales completos, generando inseguridad entre potenciales adherentes. El nuevo texto establece un umbral mínimo del 5% del monto de evasión simple, actualmente equivalente a $5.000.000,00. Si la diferencia detectada por el fisco no supera ese valor, la declaración solo debe corregirse sin pérdida de beneficios. En caso de exceder ese umbral, el contribuyente dispone de hasta 15 días tras la determinación de oficio para regularizar y conservar los beneficios del régimen.
Esta protección resulta sustancial: bajo la normativa anterior, diferencias insignificantes de apenas $1 terminaban en revisiones profundas, mientras que el nuevo texto evita consecuencias desproporcionadas para situaciones de bajo impacto.
Restricciones a las presunciones de ARCA
El segundo aspecto central limita las herramientas de fiscalización disponibles para la autoridad tributaria. Aunque la ley actual ya impedía a ARCA recurrir a la presunción de incremento patrimonial no justificado, no establecía límites claros sobre otras presunciones, como la de depósitos bancarios. El nuevo proyecto agrega explícitamente que tampoco podrán emplearse esas presunciones ni otras similares dentro del régimen simplificado, incrementando la seguridad jurídica para quienes adhieran.
Carga de la prueba: responsabilidad exclusiva de ARCA
Un tercer cambio decisivo explicita la carga de la prueba de manera expresa. El nuevo proyecto establece que la responsabilidad de demostrar la existencia de una discrepancia recae exclusivamente en la autoridad fiscal. Previamente, esta regla operaba solo de forma implícita y frecuentemente el contribuyente debía defenderse de presunciones de ARCA sin fundamentación sólida. Al dejar en claro que ARCA debe probar cualquier ajuste, mejora significativamente la posición de quienes ingresen al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
Ficción legal para Bienes Personales
Otra modificación significativa involucra el impuesto a Bienes Personales. La legislación vigente no impedía a ARCA reclamar diferencias por ese tributo aun cuando los fondos provengan de dólares no declarados utilizados en adquisiciones. El nuevo proyecto introduce una ficción legal: los fondos usados en la compra de un inmueble se consideran generados en el año de la operación, impidiendo que el fisco reclame Bienes Personales por períodos anteriores. Esta medida otorga mayor previsibilidad y reduce riesgos para contribuyentes que formalicen operaciones inmobiliarias.
Plazo de vencimiento: 31 de diciembre de 2027
El proyecto establece un límite temporal para el uso de dólares no declarados. Hasta el 31 de diciembre de 2027, ARCA no podrá utilizar presunciones para cuestionar operaciones realizadas con esos fondos. Vencido ese plazo, el fisco nacional recuperará la facultad de aplicar la presunción de incremento patrimonial no justificado y de depósitos bancarios. Esta ventana concreta delimita el período de operaciones con "dólares del colchón" sin exposición a presunciones fiscales.
Normativa antilavado y Unidad de Información Financiera (UIF)
La propuesta incorpora disposiciones vinculadas a la normativa antilavado. El proyecto establece que adherir al RSG constituirá un antecedente favorable para sujetos obligados que evalúan operaciones en busca de lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) deberá dictar, dentro de quince días hábiles posteriores a la promulgación de la ley, una reglamentación complementaria con instrucciones precisas para bancos, Alycs y brokers. Si la persona que adhiere al régimen no tiene relación con delitos como narcotráfico o trata de personas, no debería ser reportada a la UIF ni quedar bajo investigación.
Impacto para empresas y administradores: mayor seguridad jurídica en operaciones
Para dueños y administradores de empresas argentinas, estos cambios representan una oportunidad concreta de formalizar fondos no declarados con menor exposición a riesgos tributarios. La restricción de facultades de ARCA sobre presunciones, la explicitación de la carga de prueba y los umbrales de discrepancia significativa transforman el régimen en una opción más viable para quienes posean dólares sin registrar.
Según estimaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habría USD 170.000 millones sin declarar en poder de argentinos. La reforma busca captar una porción significativa de esos fondos durante 2026 y 2027 mediante operaciones de compra de inmuebles, vehículos y consumo en general. Para empresarios y administradores, la ventana de seguridad hasta fin de 2027 permite planificar inversiones o regularizaciones sin presión de presunciones fiscales, mejorando la previsibilidad de decisiones de negocios y reduciendo contingencias tributarias futuras.
