El Gobierno modificó el proyecto de Inocencia Fiscal tras presión de la oposición y excluyó a los funcionarios públicos de los beneficios centrales del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Aunque podrán presentar declaraciones juradas simplificadas, no accederán a la presunción de exactitud ni estarán protegidos frente a ajustes fiscales retroactivos, lo que significa que no podrán regularizar dólares del colchón bajo este régimen.
¿Cuál es el objetivo central de Inocencia Fiscal?
La iniciativa, que obtuvo dictamen favorable en comisión durante agosto de 2026, busca otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a cambios de gestión y alentar la bancarización de divisas que permanecen fuera del sistema financiero. Las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía ubican ese stock en USD 170.000 millones.
El proyecto amplía significativamente el acceso al régimen respecto de la versión sancionada en diciembre de 2025. Aquella ley original establecía límites restrictivos: solo podían adherir contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000.000,00 y patrimonio menor a $10.000.000,00. Tras reclamos de tributaristas y sectores empresariales, el nuevo proyecto elimina esos topes, ampliando significativamente el universo de beneficiarios.
¿Qué cambios introduce en materia de control fiscal?
El proyecto refuerza los parámetros que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar inconsistencias en declaraciones juradas. Una discrepancia se configura cuando ARCA identifica un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15 por ciento. Incluso si la diferencia supera ese umbral, no se aplicará la exclusión del régimen si el monto no alcanza el 5 por ciento del valor de evasión previsto en la Ley Penal Tributaria.
Esta calibración busca evitar sanciones desproporcionadas por errores menores, generando un entorno más predecible para los contribuyentes que decidan regularizar sus activos.
¿Por qué se excluyó a los funcionarios públicos?
La exclusión de funcionarios respondió directamente al escándalo generado por la adhesión del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni al RSG en 2025, mientras estaba bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Ese caso aceleró el debate y obligó al Gobierno a modificar su postura inicial.
Bajo las nuevas reglas, los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis podrán presentar la declaración jurada simplificada y efectuar el pago correspondiente, pero quedan excluidos de los beneficios centrales del régimen: la presunción de exactitud y el "tapón fiscal" que protege de ajustes retroactivos. Esto implica que el fisco podrá realizar auditorías posteriores si detecta enriquecimiento sospechoso.
Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, esta exclusión es razonable porque los funcionarios están sujetos a la Ley de Ética Pública y deben permitir que la administración fiscal verifique sus movimientos patrimoniales. Sin embargo, señaló que debería haber estado prevista desde el inicio.
¿Qué ocurre con quienes ya adhirieron antes del cambio?
Un aspecto crítico es que la exclusión rige hacia adelante, pero desde la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre de 2025 hasta agosto de 2026 transcurrieron más de siete meses. Durante ese período, funcionarios que lo deseaban pudieron adherir y acceder a todos los beneficios bajo la normativa vigente en ese momento.
Según Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, quienes ya ingresaron al régimen tienen un "derecho adquirido" que les permite conservar los beneficios originales, ya que la ley no puede ser retroactiva. Esto genera una asimetría: funcionarios que se sumaron antes del cambio mantienen protección total, mientras que los nuevos quedan excluidos.
Otro vacío identificado por especialistas es la ausencia de claridad respecto de los familiares de funcionarios (cónyuges, convivientes). En blanqueos anteriores, estos solían estar excluidos, pero el proyecto no lo especifica explícitamente para el RSG.
¿Cuántos dólares pueden ingresar al sistema?
La pregunta central es cuánta liquidez efectivamente saldrá del colchón una vez que el proyecto se convierta en ley. Los tributaristas advierten que el régimen no es un blanqueo tradicional: durante el blanqueo del Gobierno actual, USD 20.000 millones ingresaron al sistema. En el blanqueo total de la era Mauricio Macri, la cifra fue de USD 116.000 millones.
La diferencia radica en que un blanqueo ofrece garantía y seguridad jurídica total si se cumplen todas las condiciones. El RSG, en cambio, busca dar seguridad pero sin la certeza absoluta de un blanqueo. Por eso, el flujo de dólares dependerá de factores como la situación económica, las expectativas electorales y la confianza en la continuidad de las políticas.
Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, sostiene que no todos los dólares aparecerán de inmediato porque hay un componente fuerte de confianza y decisiones personales. Sin embargo, considera que el nuevo régimen reduce el miedo a exteriorizar activos y puede funcionar como incentivo importante.
Impacto para empresas y administradores de negocios en Argentina
Para los dueños y administradores de empresas, estos cambios representan una oportunidad y un riesgo simultáneamente. Por un lado, la ampliación de límites de ingresos y patrimonio permite que más empresarios accedan al régimen simplificado, reduciendo la carga de auditoría y brindando mayor predictibilidad fiscal. Esto es especialmente relevante para pymes que operan con márgenes ajustados y requieren certeza regulatoria.
Por otro lado, la exclusión de funcionarios crea una asimetría: si tu empresa tiene accionistas o directivos con cargos públicos, esos no podrán beneficiarse del régimen completo. Además, la dependencia de la confianza política genera incertidumbre hacia 2027, cuando se acercan las elecciones presidenciales. Los empresarios que decidan regularizar dólares estarán apostando a la continuidad de estas políticas.
El refuerzo de los controles de ARCA (con el umbral del 15 por ciento para detectar discrepancias) también impacta: exige mayor precisión contable y menor margen para errores de declaración. Para administradores con sistemas contables débiles, esto puede representar un riesgo adicional. En síntesis, quienes logren navegar la confianza política y tengan registros ordenados podrán acceder a beneficios fiscales significativos; quienes duden o tengan inconsistencias en sus números enfrentarán mayor escrutinio.
