La situación de Manuel Adorni se convirtió en el principal obstáculo para que el Gobierno logre consenso legislativo en torno al nuevo proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados. El exjefe de Gabinete se acogió al régimen simplificado de Ganancias días antes de dejar su cargo, precisamente el mecanismo que la administración libertaria busca ampliar mediante esta iniciativa, generando una contradicción que la oposición utiliza como argumento central contra la norma.
¿Qué es el proyecto de Inocencia Fiscal?
El proyecto que el Gobierno espera dictaminar este miércoles 13 de agosto en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal amplía significativamente el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias. Su objetivo central es permitir el blanqueo de ahorros informales sin sanciones, modificando las leyes 11.683, 27.799 y 25.191.
Según estimaciones del director del BCRA, Martín Vauthier, existen aproximadamente 170.000 millones de dólares en billetes fuera del sistema financiero durante 2026, una cifra entre cuatro y cinco veces superior a los depósitos privados en moneda extranjera, que rondan los 40.000 millones. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, aclaró que no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada.
La resistencia de la oposición y el caso Adorni
Un día antes de dejar la Jefatura de Gabinete, Adorni y su esposa Bettina Angeletti formalizaron ante ARCA su adhesión al régimen simplificado que ahora se busca ampliar. Simultáneamente, ambos están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Este lunes, la fiscalía presentó ante el Juzgado Federal N°4 un requerimiento de justificación patrimonial en veinte puntos.
Según el dictamen fiscal, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, el matrimonio percibió ingresos lícitos comprobados por $229.752.283,00, pero registró gastos por $272.820.832,00, dejando una diferencia sin explicar de $43.000.000,00. Se suma un desembolso en dólares de USD 402.578 no correlacionado con ingresos declarados, vinculado a la compra de propiedades en el country Indio Cuá y un departamento en la zona de Miró 550.
Entre los puntos que debe justificar Adorni figuran el origen de dólares en efectivo declarados como "venta de activos", dos mutuos con familiares sin documentación de entrega de fondos, deudas con el Banco Galicia que desaparecen entre ejercicios, y su operatoria con criptoactivos en plataformas como Binance, Lemon y Buenbit. Este trasfondo es el que la oposición esgrime para resistirse a votar una ley que, sostienen, terminaría beneficiando a funcionarios bajo investigación.
Las negociaciones y posibles cambios
Pese a las resistencias, La Libertad Avanza no abandona sus esfuerzos por avanzar con el proyecto. La jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, anticipó que se están considerando modificaciones a la normativa inicial. "No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí van a poder hacer un blanqueo los que durante años ahorraron en dólares en Argentina como manera de resguardo de valor", expresó la exministra durante la mañana del 11 de agosto.
Sin embargo, legisladores de la oposición como Oscar Zago del MID mantienen posiciones firmes: proponen incluir a funcionarios actuales y exfuncionarios con retroactividad de diez años, y advierten que si el oficialismo insiste con el texto original, no acompañarán la iniciativa.
La agenda legislativa de agosto para empresarios argentinos
Para los administradores y dueños de empresas argentinas, esta discusión resulta crítica por varias razones. En primer lugar, el proyecto de Inocencia Fiscal impacta directamente en la capacidad de regularizar activos informales sin penalizaciones, una alternativa que muchas pymes consideran en contextos de incertidumbre económica. En segundo término, el debate sobre si incluir o no a funcionarios públicos refleja tensiones más amplias sobre equidad fiscal y cumplimiento normativo que afectan el entorno de negocios.
Además, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que se votará el mismo miércoles 13 de agosto a las 15 horas modifica las leyes 23.928 y 24.156, impactando en la política monetaria y cambiaria que condiciona decisiones de inversión, financiamiento y gestión de activos en moneda extranjera. El Gobierno apunta a abrir sesiones ordinarias el 19 de agosto para tratar ambas iniciativas, aunque existe posibilidad de correr la votación al 26 de agosto para tratarlas en un único paquete legislativo. Seguir estos avances resulta esencial para empresarios que deben anticipar cambios regulatorios en materia fiscal y monetaria durante el resto de 2026.
