El Gobierno presentará esta semana ante la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, sancionada a fines de diciembre de 2025. Entre los cambios principales figuran la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), y la flexibilización del concepto de discrepancias significativas. Según datos de ARCA, más de 330 mil contribuyentes se inscribieron en el régimen, de los cuales 170.115 ya presentaron la Declaración Jurada Simplificada durante 2026.
¿Qué es el "tapón fiscal" y cómo funciona?
El beneficio más promocionado del régimen simplificado es la presunción de exactitud, conocida coloquialmente como el "tapón fiscal". Esta presunción establece que todas las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias e IVA presentadas durante los tres ejercicios anteriores al período fiscal base (en este caso, 2025 como período base) se presumen correctas sin necesidad de verificación adicional.
El mecanismo funciona de manera simple: una vez que adherís al régimen y presentás la Declaración Jurada Simplificada en término, ARCA no puede cuestionar tus declaraciones anteriores salvo que detecte una discrepancia significativa entre la información que declaraste y la que figura en sus sistemas. Este beneficio fue diseñado para incentivar la formalización de activos no declarados, incluyendo los dólares que muchos contribuyentes mantienen fuera del sistema financiero.
La contradicción del artículo 42 ter que preocupa a los contadores
El borrador del proyecto que trascendió semanas atrás incluye el artículo 42 ter, que establece que las fiscalizaciones, determinaciones, recursos o juicios en curso pueden continuar pese a tu adhesión al régimen simplificado. Esto genera una contradicción evidente con el artículo 40 de la ley original, que instala la presunción de exactitud.
La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) alertó al Ministerio de Economía que esta norma vulnera el objetivo de la ley y torna "ilusorio" el supuesto beneficio que la adhesión supone. El contador Marcos Felice, fundador de "Blog del Contador", señaló que el artículo "elimina un beneficio que la ley original tenía" y advirtió que esto permitiría a ARCA enviar "un aluvión de órdenes de intervención" a contribuyentes, incluso por períodos anteriores a la adhesión.
Cómo ARCA está interpretando la ley mientras se debate el proyecto
A fines de junio de 2026, ARCA instruyó a sus inspectores sobre cómo actuar en fiscalizaciones vinculadas al régimen simplificado. Las directrices establecen que antes de iniciar una verificación sobre períodos anteriores al período fiscal base, deben constatar si el contribuyente se adhirió al esquema, presentó la Declaración Jurada Simplificada y pagó en término el impuesto.
Si se cumplen esos requisitos, el caso debería desestimarse por aplicarse la presunción de exactitud, salvo que se detecte una discrepancia significativa. Sin embargo, estas instrucciones son provisionales "hasta tanto se apruebe la eventual modificación legal", es decir, hasta que se sancione el nuevo proyecto que será remitido esta semana al Congreso.
Otras modificaciones que amplían el alcance del régimen simplificado
El proyecto incluye cambios adicionales que buscan atraer a más contribuyentes. Se eliminan los parámetros de ingresos totales ($1.000 millones anuales) y patrimonio total ($10.000 millones anuales) para el período fiscal 2025. Los contribuyentes deben ser residentes fiscales durante toda la vigencia de su declaración jurada bajo esta modalidad.
Los "Grandes Contribuyentes Nacionales" podrán adherirse o permanecer en el esquema, pero sin acceder a los beneficios (efecto liberatorio del pago y presunción de exactitud). Además, la ventana para exteriorizar fondos estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, y los fondos se considerarán incorporados al patrimonio (Bienes Personales) en el día en que se efectúe la operación.
La flexibilización de discrepancias significativas
Otro cambio importante modifica cómo se calculan las discrepancias significativas. Ya no se calcularán sobre el saldo final de la declaración, sino sobre el impuesto determinado, con un piso mínimo de relevancia. Bajo el nuevo criterio, una diferencia inferior a $5.000.000,00 no se considerará significativa, incluso si es mayor al 15% del impuesto omitido.
Este ajuste reduce la capacidad de ARCA para impugnar declaraciones por diferencias menores, incentivando la adhesión al régimen al disminuir el riesgo de que se caiga la presunción de exactitud por discrepancias pequeñas.
Impacto para administradores y dueños de empresas argentinas
Para los empresarios y administradores de negocios, esta reforma presenta un escenario mixto. Por un lado, la eliminación de topes de ingresos y patrimonio amplía significativamente el universo de contribuyentes que pueden acceder al régimen, permitiendo a empresas medianas y grandes formalizar activos no declarados con protección fiscal. La presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago representan un incentivo genuino para regularizar situaciones tributarias.
Sin embargo, la contradicción del artículo 42 ter genera incertidumbre jurídica. Si ARCA mantiene facultades para continuar fiscalizaciones sobre períodos anteriores a la adhesión, el beneficio pierde valor para quienes tienen deudas o irregularidades previas. La FAGCE solicitó al Ministerio de Economía que retire este artículo para garantizar seguridad jurídica y permitir que el principio de "inocencia fiscal" funcione como fue concebido. Mientras se debate en el Congreso, los administradores deben evaluar cuidadosamente si la adhesión al régimen les conviene, considerando su historial de fiscalizaciones y períodos anteriores en cuestión.
