El Ministerio de Economía presenta una versión mejorada de la Ley de Inocencia Fiscal para atraer los USD 170.000 millones en efectivo que permanecen fuera del sistema financiero argentino, según estimaciones del BCRA.
¿Qué cambios introduce el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal?
El ministro Luis Caputo presentará este miércoles 22 de julio en el Palacio de Hacienda una versión revisada de la Ley de Inocencia Fiscal que será girada a la Cámara de Diputados. Los ajustes responden a las observaciones que especialistas tributarios plantearon durante reuniones mantenidas en mayo y junio de 2026, cuando señalaron obstáculos que dificultaban la adhesión de contribuyentes al blanqueo de capitales.
El Gobierno reconoció esos inconvenientes y encaró un proceso de corrección para brindar mayor seguridad jurídica a quienes deseen regularizar fondos. La iniciativa busca que una porción significativa de los ahorros informales se integre a la economía formal, potenciando la remonetización y el financiamiento de proyectos productivos.
Eliminación de límites de ingresos y patrimonio
Una de las modificaciones sustanciales es la supresión de los topes que la versión anterior había establecido en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio. Esta medida amplía el universo de personas físicas y jurídicas que pueden acceder al régimen, permitiendo la regularización de fondos provenientes de herencias, ventas de acciones o inmuebles que quedaban excluidos bajo los parámetros previos.
La eliminación de estos límites responde a la intención del Ejecutivo de facilitar la inclusión de contribuyentes que, sin superar significativamente los umbrales anteriores, no podían beneficiarse del blanqueo. Tributaristas y contadores han señalado que esta corrección es fundamental para lograr una adhesión más amplia.
Redefinición de "discrepancia significativa" y umbral de punibilidad
Otro aspecto clave es la reconfiguración del concepto de "discrepancia significativa", que determina el alcance del blanqueo y sus efectos tributarios. El nuevo proyecto fija en 5% el umbral mínimo para la punibilidad del monto objetivo de evasión simple. Con la legislación vigente, ese porcentaje equivale a $5 millones, una cifra que especialistas consideraban excesivamente elevada.
El anteproyecto también propone eliminar la exclusión de la disminución de saldo a favor y establece con claridad cuándo corresponde considerar el monto de punibilidad vigente: al vencimiento o presentación de la declaración jurada. Estos cambios buscan reducir la incertidumbre interpretativa que desalentaba a los contribuyentes.
Régimen Simplificado de Ganancias y personas políticamente expuestas
La adhesión obligatoria al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) para exteriorizar fondos ha sido uno de los puntos más controvertidos. Especialistas como Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, han reclamado que se excluya a las personas políticamente expuestas de los beneficios del régimen, como la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago.
Esta cuestión adquirió relevancia política cuando se confirmó que funcionarios públicos, incluido el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, se sumaron al RSG. Si bien la adhesión no implica automáticamente la utilización del mecanismo para blanquear, la presencia de funcionarios en el sistema alimentó el debate parlamentario y el recelo de la oposición.
Cronograma de implementación y expectativas legislativas
El Gobierno mantiene el pago del impuesto a las Ganancias para el 27 de julio de 2026, pero ha pospuesto hasta el 27 de agosto la obligación de presentar la declaración jurada. Esta prórroga busca dar tiempo al Congreso para aprobar la nueva versión antes de que venza el plazo para regularizar.
Caputo ha expresado confianza en la aprobación legislativa, argumentando que ya existe un mandato del Congreso tras la aprobación original de la ley. Según el ministro, una versión mejorada no debería encontrar resistencia, especialmente considerando que los ajustes responden a críticas técnicas de especialistas tributarios.
Impacto en empresas y administradores de negocios argentinos
Para dueños y administradores de empresas, la Ley de Inocencia Fiscal revisada representa una oportunidad estratégica. La integración de USD 170.000 millones al sistema financiero formal ampliaría significativamente la capacidad de crédito de bancos y agentes de liquidación y compensación (ALyCs), que podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura, expansión de pymes y emprendimientos productivos.
La eliminación de límites de patrimonio beneficia especialmente a empresarios con activos significativos acumulados en efectivo, permitiéndoles regularizar sin restricciones. Asimismo, la reducción del umbral de punibilidad al 5% (equivalente a $5 millones con la normativa actual) disminuye el riesgo tributario para quienes decidan adherir, mejorando la previsibilidad fiscal. La ampliación del universo de contribuyentes y la mayor seguridad jurídica que aporta la nueva redacción del régimen hacen que el blanqueo resulte más accesible para empresas medianas y pequeñas que dispongan de ahorros informales susceptibles de regularizar.
