El Gobierno nacional impulsa una reforma integral del régimen de inocencia fiscal con el objetivo de movilizar activos no declarados hacia el sistema financiero formal. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles 22 de julio de 2026 los detalles en conferencia de prensa y enviará el jueves el proyecto renovado al Congreso. La iniciativa responde a la baja adhesión registrada bajo la versión anterior de la ley y busca ampliar significativamente el acceso al régimen, generando mayores certezas para quienes decidan regularizar sus fondos.
¿Quiénes podrán acceder al nuevo régimen de inocencia fiscal?
La propuesta elimina los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al régimen. Hasta ahora, solo podían adherir contribuyentes con ingresos anuales menores a $1.000.000.000 o patrimonio inferior a $10.000.000.000. La nueva versión suprime estos umbrales y exige únicamente residencia fiscal argentina durante todo el período fiscal. Esto amplía significativamente el universo de potenciales beneficiarios, aunque los grandes contribuyentes no accederán a ciertos beneficios principales como la presunción de exactitud. La medida busca captar adhesiones de sectores que quedaban excluidos bajo la regulación anterior.
Plazo límite para exteriorizar fondos sin costo
El proyecto establece un horizonte temporal definido: hasta el 31 de diciembre de 2027 las personas podrán ingresar dinero no declarado al sistema sin costo alguno por períodos anteriores. Durante este lapso, la regularización no podrá utilizarse como prueba en contra del contribuyente en futuras fiscalizaciones. Esta limitación temporal reemplaza el carácter permanente del régimen anterior, generando un incentivo claro para que los interesados actúen dentro del plazo establecido antes de que se cierren las puertas a esta oportunidad.
El "tapón fiscal": protección contra revisiones retrospectivas
El mecanismo del "tapón fiscal" constituye un pilar central de la reforma. ARCA dejará de cuestionar variaciones patrimoniales pasadas para investigar el origen de los fondos, siempre que se cumplan las condiciones de adhesión. El proyecto aclara que no se considerarán significativas las discrepancias menores al 5% del umbral penal tributario, actualmente aproximadamente $5.000.000. Este ajuste reduce el margen para litigios y otorga mayor previsibilidad a los contribuyentes que decidan adherir al régimen.
Flexibilización de la discrepancia significativa
El tratamiento de discrepancias fue uno de los puntos más debatidos entre tributaristas. El criterio general mantiene que existe discrepancia cuando la diferencia supera el 15% de lo declarado, pero introduce una salvedad importante: si esa diferencia no excede el 5% del umbral penal vigente, no se configura discrepancia. Además, si el contribuyente rectifica su declaración y cancela las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA, conserva los beneficios del régimen y mantiene la protección del tapón fiscal sin perder garantías legales.
Operaciones inmobiliarias: efectivo permitido con documentación
La reforma incorpora una precisión clave para el mercado inmobiliario argentino. Los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del régimen, una demanda histórica de escribanos y desarrolladores. Muchas operaciones inmobiliarias en el país se concretan aún con efectivo, y esta redacción oficial permite que esos movimientos no impliquen pérdida automática de beneficios siempre que se documenten adecuadamente ante escribano, legitimando una práctica extendida en el sector.
Carga de la prueba: ARCA deberá demostrar irregularidades
La propuesta traslada la carga de la prueba exclusivamente a ARCA, que solo podrá utilizar información declarada y disponible en sus sistemas al momento de fiscalizar. Cualquier otra consideración o presunción carecerá de valor probatorio para impugnar declaraciones simplificadas. El proyecto también limita el uso de presunciones vinculadas a depósitos bancarios para cuestionar la validez de las declaraciones juradas presentadas bajo este régimen, protegiendo a los contribuyentes de interpretaciones discrecionales.
Adhesión como antecedente favorable ante entidades financieras
El texto contempla que la adhesión al régimen sea considerada como un antecedente favorable por bancos, escribanos y la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta disposición impactará en los procedimientos de identificación y monitoreo de clientes de entidades financieras, otorgando mayores garantías a quienes exterioricen fondos y busquen operar en el mercado formal. La medida busca eliminar barreras adicionales que puedan desalentar la regularización de activos.
Adhesiones actuales y prórroga de plazos
ARCA reportó un aumento significativo de adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada durante 2026. Hasta mayo se registraban 80.000 adhesiones, cifra que ascendió a 330.000 tras las últimas consultas, aunque solo 170.000 contribuyentes presentaron la declaración jurada de Ganancias. El Gobierno prorrogó el plazo para esta presentación hasta el 27 de agosto de 2026, mientras aguarda la discusión parlamentaria del nuevo esquema de inocencia fiscal que podría dinamizar aún más estas cifras.
Impacto para empresas y administradores: acceso al mercado formal
Para dueños y administradores de empresas argentinas, esta reforma representa una oportunidad estratégica. La flexibilización del régimen permite regularizar activos acumulados sin exposición a sanciones retrospectivas, reduciendo el riesgo legal de operar en el mercado formal. Las pymes y microempresas que mantienen efectivo fuera del sistema financiero podrán acceder a créditos, realizar operaciones inmobiliarias documentadas y mejorar su perfil crediticio ante bancos y proveedores. La eliminación de topes de patrimonio abre la puerta también a medianas y grandes empresas que busquen normalizar su situación tributaria antes del cierre del plazo establecido. La medida, en síntesis, convierte la regularización en una decisión económicamente racional para empresarios que evalúen costos de permanencia en la informalidad versus beneficios de la legalización.
