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Impuesto a combustibles: pasó de 8,9% a 19,25% del precio
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Impuesto a combustibles: pasó de 8,9% a 19,25% del precio

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) duplicó su participación en el precio final de la nafta súper desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, pasando de representar el 8,9% al 19,25%…

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) duplicó su participación en el precio final de la nafta súper desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, pasando de representar el 8,9% al 19,25% del valor que pagás en el surtidor.

¿Cuánto aumentó el impuesto a los combustibles en términos reales?

En términos de monto por litro, el impuesto se incrementó significativamente durante la gestión actual. Pasó de $116 por litro en noviembre de 2023 a $400 en julio de 2026, según datos del Instituto Argentina Grande (IAG). Este aumento fue extraordinario: 1.265% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período alcanzó el 320%. Esto significa que el ICL creció casi cuatro veces por encima de la inflación.

El mecanismo detrás de este incremento radica en la estructura del impuesto. A diferencia de otros gravámenes que se aplican como porcentaje sobre el precio, el ICL funciona como un monto fijo por litro que se actualiza periódicamente. Durante la gestión anterior, esta actualización quedó rezagada respecto de la inflación, a pesar de que la ley establecía el ajuste automático. El Gobierno actual decidió recomponer ese atraso actualizando el impuesto por encima de la evolución del IPC, lo que resultó en el fuerte incremento de su incidencia sobre el precio final.

¿A dónde van los fondos recaudados por el impuesto?

El ICL no es un impuesto general de libre disponibilidad. Una parte de lo recaudado está afectada por ley a fines específicos. El 28,58% se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, que luego distribuye estos recursos entre infraestructura vial y transporte. Dentro de ese fideicomiso, tras deducir un 1,5% de reserva de liquidez, el 50% financia al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) para la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mientras que el otro 50% se reparte entre transporte automotor (SISTAU, 32,5 puntos porcentuales) y ferroviario (SIFER, 17,5 p.p.).

Esto significa que cada litro de nafta que consumís financia, en parte, el mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional. Sin embargo, existe una brecha significativa entre lo recaudado y lo efectivamente gastado en obras.

Recaudación récord vs. gasto histórico bajo en vialidad

La recaudación del ICL experimentó un crecimiento sin precedentes. En 2025 recaudó 91% más que en 2023 en términos reales, convirtiéndose en el impuesto con mayor crecimiento relativo desde el cambio de gestión. No obstante, el gasto ejecutado por la DNV se encuentra en niveles históricamente bajos.

En 2025, la DNV registró un gasto inferior al observado durante la década de 1990, con excepción de los años 2001 y 2002. Comparado con 2023, el gasto se redujo un 71%. Esta tendencia continuó durante 2026: en el primer semestre, el gasto devengado por la DNV fue 42% inferior al del mismo período de 2025, sugiriendo que el gasto anual podría ubicarse por debajo del nivel del año anterior.

Las reducciones no son uniformes en todo el país. Buenos Aires se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas, con una reducción del 85% en recursos destinados a obras viales entre 2023 y 2025 en términos reales. San Luis registra la mayor contracción (-95,6%), mientras que Jujuy destaca con un incremento de 184% en montos ejecutados.

El desfase entre ingresos por ICL y ejecución presupuestaria

El análisis del IAG revela una desconexión importante entre lo que ingresa por concepto de ICL y lo que efectivamente gasta la DNV. Desde el cambio de gestión, la DNV gastó solamente el 33% del monto recaudado por el ICL que le corresponde. Esto ocurre a pesar de que la DNV posee otras fuentes de financiamiento, como transferencias del Tesoro Nacional y créditos externos.

Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso recaudó $1.503 billones provenientes del ICL, pero destinó apenas $394.406 millones a obras viales. El 73,8% de los recursos no fue ejecutado en ese destino específico. En cambio, el dinero permaneció colocado en plazos fijos, títulos públicos y cuentas corrientes, sin traducirse en infraestructura vial.

Según el IAG, si la DNV hubiera ejecutado la totalidad de los fondos provenientes de la recaudación del ICL desde el cambio de gestión, podría haber destinado $1,35 billones adicionales, a precios de junio de 2026, lo que representa $534.000 millones más por año. Esta suma habría permitido cubrir el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de la red vial nacional, equivalente a una cuarta parte de toda la red nacional de 40.000 kilómetros.

La estrategia del Gobierno: equilibrio fiscal vs. inversión en infraestructura

El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que una parte de los impuestos que financian el SISVIAL es administrada por el Ministerio de Economía con el objetivo de "lograr el equilibrio fiscal", aunque no precisó qué proporción de esos recursos se destina efectivamente al mantenimiento de rutas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa "un proceso de transformación donde las rutas no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas". También se destacan los acuerdos alcanzados con algunas provincias para transferirles la administración de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Hasta el momento, solo se concretaron convenios con Santa Fe y San Juan.

Impacto del aumento del ICL en las empresas y pymes argentinas

Para los dueños y administradores de empresas, el aumento del ICL representa un costo operativo significativo que afecta directamente la rentabilidad. El impuesto a combustibles casi se duplicó en su participación del precio, lo que impacta en los costos de logística, transporte de mercaderías, distribución y movilidad de personal. Las pymes que dependen de flota propia o tercerizada ven presionados sus márgenes de ganancia.

Además, la desconexión entre la recaudación y la ejecución en mantenimiento vial genera un costo indirecto: rutas en peor estado implican mayores costos de operación, desgaste de vehículos y tiempos de transporte más prolongados. Mientras el impuesto crece, la calidad de la infraestructura se deteriora, lo que afecta la competitividad de las empresas, especialmente las dedicadas al transporte y la logística. Es fundamental que los empresarios monitoreen cómo evolucionan tanto la carga tributaria como la inversión en vialidad, ya que ambos factores inciden en sus costos operativos y en la viabilidad de sus negocios.

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