La oposición fijó para el 15 de octubre a las 14 horas una sesión especial destinada a cuestionar uno de los actos legislativos más significativos del Gobierno de Javier Milei. El temario incluye tres asuntos de envergadura: un proyecto de emergencia para personas con discapacidad, un régimen de emergencia crediticia vinculado al endeudamiento de familias, y el rechazo integral del DNU 70/2023, el decreto que desreguló amplios sectores de la economía durante los primeros meses de la administración actual.
¿Por qué la oposición busca rechazar el DNU 70?
El impulso opositor cobró renovada intensidad tras una sentencia de la Corte Suprema que reactivó la vigencia del artículo 154 del DNU. Ese artículo había derogado las restricciones de la Ley de Tierras Rurales para la compra de campos por parte de extranjeros, una medida que generó controversia considerable. La decisión judicial reabrió un debate que permanecía estancado en el Congreso y le otorgó a los bloques opositores una oportunidad concreta para intentar revertir legislativamente uno de los puntos más controvertidos del decreto.
El contexto político es relevante: el DNU ya fue rechazado por el Senado durante marzo de 2024. Para que pierda vigencia de forma definitiva, requiere ahora una segunda sanción, esta vez de la Cámara de Diputados. La oposición deberá convocar 129 legisladores para abrir la sesión y posteriormente lograr mayoría para su rechazo.
El alcance real del DNU 70 y sus implicaciones legislativas
El decreto modificó o derogó normas en múltiples áreas: alquileres, medicina prepaga, obras sociales, comercio y regulaciones económicas generales. Algunos de sus capítulos fueron posteriormente reemplazados por legislación posterior, como la Ley Bases o la Reforma Laboral, mientras que otros perdieron vigencia con el transcurso del tiempo o enfrentaron cuestionamientos judiciales. Sin embargo, subsisten disposiciones cuya reversión traería consecuencias concretas para distintos sectores.
Un sector importante de la oposición evalúa que buena parte del contenido del DNU ya fue absorbido por legislación posterior, lo que reduciría el impacto de su derogación comparado con lo que hubiera significado en 2024. No obstante, los bloques dialoguistas enfrentan una decisión compleja: decidir si están dispuestos a votar en bloque contra medidas que en ciertos casos acompañaron o que prefieren no revertir sin un análisis específico.
¿Cuáles son los riesgos políticos para cada sector?
Para el oficialismo, el escenario genera preocupación por una razón paradójica: una sesión convocada para rechazar el DNU podría terminar consolidándolo. Si la oposición reúne el quórum necesario pero no logra los votos para rechazarlo, una votación favorable de Diputados dejaría el decreto firme como ley, lo opuesto a lo que buscan los impulsores de la sesión.
En La Libertad Avanza analizan estrategias para evitar que el DNU quede expuesto a una votación incierta. Entre las opciones que evalúan figuran volver a discutir de forma específica la Ley de Tierras mediante una vía legislativa propia, o bien acordar con la oposición convertir en leyes específicas aquellas partes del decreto que ambos sectores pretenden mantener, mientras se rechaza el resto.
La dimensión política de la sesión del 15 de octubre
La convocatoria coincide deliberadamente con una nueva movilización universitaria programada para la misma jornada. El peronismo y los bloques opositores buscan concentrar en una única fecha reclamos sobre discapacidad, endeudamiento familiar y la disputa sobre la Ley de Tierras. El Gobierno deberá definir si enfrenta la discusión del DNU 70 en el recinto o intenta desactivarla antes de que llegue a votación.
Impacto del DNU 70 para empresas y administradores de negocios
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, la resolución de este conflicto legislativo tiene consecuencias directas. El decreto modificó normativas de alquileres, obras sociales y regulaciones económicas que afectan operaciones cotidianas. Una eventual derogación integral reintroduciría restricciones en áreas como la adquisición de tierras rurales por extranjeros, impactando a empresas con operaciones agropecuarias o inversiones inmobiliarias. Simultáneamente, una consolidación del DNU mantendría el marco desregulatorio vigente. Los administradores deben monitorear el resultado de la sesión del 15 de octubre, ya que determinará el marco normativo en el que operarán durante los próximos períodos, especialmente en sectores de servicios financieros, inmobiliario y agroindustrial.
