El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió en agosto de 2026 una cuestión crítica para las empresas que cotizan en bolsa o tienen accionistas alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales: cuál es el balance que debe tomarse para calcular el valor patrimonial proporcional de las acciones. La sentencia en el caso YPF Energía Eléctrica S.A. confirmó que debe utilizarse el balance confeccionado conforme a las normas contables vigentes y aprobado por la asamblea de accionistas, no documentos especiales elaborados solo con fines fiscales.
¿Cuál es el balance relevante para Bienes Personales?
El balance que cuenta es aquel confeccionado según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) u otras normas contables aplicables, que fue sometido a consideración y aprobación de la asamblea de accionistas. No pueden utilizarse estados especiales o complementarios elaborados únicamente para cumplir requerimientos de la Administración Tributaria, aunque hayan sido aprobados por el directorio. La diferencia es sustancial: el balance aprobado por la asamblea representa la situación patrimonial oficialmente asumida por la sociedad; los estados especiales constituyen información complementaria con finalidad informativa.
El caso YPF Energía Eléctrica y la determinación de oficio
En el período fiscal 2020, la Administración Tributaria practicó una determinación de oficio a YPF Energía Eléctrica S.A. por $17.698.700.055,75 más intereses resarcitorios. La controversia surgió porque la sociedad había utilizado para declarar el impuesto un patrimonio neto diferente al que figuraba en los estados financieros aprobados por su asamblea. La empresa argumentaba que debía aplicarse un estado especial confeccionado conforme a la Resolución General (RG) 3363/2012, que exigía información complementaria a las sociedades que usaban NIIF, sin considerar efectos de inflación. El Tribunal rechazó esa posición y confirmó que el balance societario —con ajustes por inflación contable cuando corresponda— era el único válido para calcular la base imponible.
Por qué una resolución general no puede alterar la base imponible
La ley del Impuesto sobre los Bienes Personales remite directamente al valor patrimonial proporcional surgido del último balance para valuación de acciones y participaciones. Una resolución general de la Administración Tributaria no tiene jerarquía normativa para modificar esa definición legal. Aunque la RG 3363/2012 permitía exigir estados especiales como información complementaria para facilitar el control fiscal, nunca pudo ordenar que esos documentos sustituyeran al balance comercial societario. El Tribunal enfatizó que la resolución carece de facultades para redefinir elementos estructurales del hecho imponible: la Administración puede establecer procedimientos, formularios y deberes de información, pero no puede cambiar la base sobre la cual se calcula el impuesto.
La abrogación de la RG 3363/2012 en 2024
En diciembre de 2024, la Administración Tributaria abrogó la RG 3363/2012 mediante la RG 5611/2024. Esa derogación no significa que durante años anteriores fuera válido usar estados especiales para Bienes Personales. Por el contrario, la nueva norma describió expresamente a la RG 3363 como un «régimen de información» y trasladó sus obligaciones al ámbito específico del Impuesto a las Ganancias. La abrogación clausuró una controversia hacia el futuro, pero no convalidó interpretaciones incorrectas del pasado. La base imponible de Bienes Personales fue la misma antes y después: el patrimonio neto del balance confeccionado conforme a normas contables aplicables y aprobado por el órgano competente.
Impacto para empresas y administradores en Argentina
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, esta sentencia tiene consecuencias directas. Si la sociedad tiene accionistas alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales, la valuación de sus acciones debe hacerse sobre el balance aprobado por la asamblea, sin discrecionalidad. No existen atajos: si ese balance refleja un patrimonio neto mayor (por ejemplo, porque aplica NIIF con ajustes por inflación), ese será el valor que determine la base imponible del impuesto. Las empresas que durante 2020 y años anteriores utilizaron estados especiales para declarar menores valores patrimoniales enfrentan ahora riesgos de determinaciones de oficio, intereses resarcitorios y costas procesales. El criterio es retroactivo desde la ley, no desde la sentencia. Además, la Administración ya había sostenido esta posición desde 2003 mediante dictámenes previos, lo que refuerza que no se trata de una novedad. Para prosperar ante auditorías o consultas futuras, las empresas deben asegurar que el balance societario aprobado por asamblea sea el documento utilizado para cualquier liquidación de Bienes Personales, y mantener documentación clara sobre esa aprobación y su fecha de cierre.
