El Senado argentino abordará este jueves un proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, el sistema de subsidios diferenciados para tarifas de gas en regiones de clima extremo. El Gobierno busca concentrar la asistencia en hogares vulnerables, revirtiendo la expansión de 2021 que llevó los beneficiarios de menos de 850.000 a cerca de 4 millones de usuarios.
¿Qué es el régimen de Zona Fría y cómo funciona?
El régimen de Zona Fría establece tarifas preferenciales de gas para zonas del país donde las temperaturas extremas generan mayor consumo de calefacción. Desde su creación en 2001 hasta 2021, el sistema abarcaba únicamente la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, con un descuento del 50% sobre la tarifa plena para un universo reducido de beneficiarios.
En 2021, una reforma impulsada durante el gobierno anterior amplió significativamente el alcance del régimen. La extensión incluyó más de 150 departamentos en 15 provincias, multiplicando los beneficiarios a cerca de 4 millones de hogares. Esta expansión incorporó 55 municipios bonaerenses, incluyendo grandes centros urbanos como Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil.
¿Cuáles son los principales cambios que propone el Gobierno?
El proyecto presentado busca reorientar completamente el esquema de subsidios energéticos. Los cambios centrales incluyen:
- Restringir el universo de beneficiarios del régimen Zona Fría exclusivamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, revirtiendo la ampliación de 2021.
- Derogar los artículos clave de la Ley 27.637, que había fundamentado la extensión territorial.
- Implementar el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) como criterio alternativo de acceso para hogares con ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales, titulares de Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), o familias con integrantes veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
- Extender el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel, pero solo en las zonas que conservan el régimen pleno.
Según el Ejecutivo, el objetivo declarado es "concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables" y terminar con lo que considera una distorsión del sistema de subsidios. La medida se inscribe en la política de lograr una estructura de subsidios energéticos "más simple, transparente y sostenible".
¿Quiénes perderían el descuento del 50%?
De aprobarse el proyecto, aproximadamente 1,2 millones de hogares quedarían fuera del esquema preferencial universal. Los departamentos y municipios que perderían el subsidio pleno incluyen:
- 55 distritos de Buenos Aires, entre ellos Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Azul y buena parte de la Costa Atlántica.
- 13 de Córdoba
- 12 de La Pampa
- 8 de Santa Fe
- 8 de Salta
- 8 de San Luis
- 11 de San Juan
- 6 de Mendoza (fuera de Malargüe)
- 3 de Catamarca
- 3 de La Rioja
- 1 de Tucumán
En estos distritos, el descuento generalizado desaparecería para la mayoría de los usuarios. Solo conservarían algún beneficio aquellos hogares que cumplan con los requisitos del SEF: ingresos reducidos, vivienda familiar certificada o condición de veteranos de Malvinas. Según estimaciones de cobertura periodística, en algunos casos como Bahía Blanca, los aumentos de tarifa rondarían el 100%.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
El cambio en el régimen de Zona Fría tendrá repercusiones directas en el costo operativo de empresas localizadas en las zonas afectadas. Las pymes y medianas empresas ubicadas en municipios bonaerenses, cordobeses y de otras provincias que pierdan el subsidio enfrentarán aumentos significativos en sus gastos de calefacción durante los meses de invierno, impactando directamente en márgenes de ganancia y competitividad.
Para los administradores de empresas en ciudades como Bahía Blanca o Mar del Plata, la proyección de costos operativos deberá recalcularse considerando incrementos de tarifa que podrían duplicarse. Esto afectará tanto a empresas de servicios como a industrias que requieren calefacción. Además, la nueva estructura de subsidios focalizados podría generar presión sobre la demanda de servicios energéticos alternativos y obligar a replantear estrategias de eficiencia energética en el mediano plazo.
