Los inquilinos bonaerenses que firmen contratos de hasta $388.050 mensuales podrían dejar de pagar comisiones inmobiliarias, informes registrales y cargos de conexión de servicios. Un proyecto elaborado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires llegó a la Legislatura provincial para su análisis y tratamiento parlamentario, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda en alquiler para los sectores de menores ingresos.
¿A quiénes alcanzaría el régimen de alquiler social?
El beneficio no se extendería a todos los inquilinos, sino que estaría dirigido a un grupo específico. Los contratos elegibles serían aquellos cuyo monto inicial mensual no supere el sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado de la Administración Pública Provincial, conforme a la Ley 10.430 vigente en la provincia.
Con la escala salarial actual, ese tope equivale a $388.050 por mes. El parámetro se aplica al valor con el cual comienza el contrato de alquiler. Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros Buenos Aires, justificó esta segmentación: la iniciativa busca asistir de forma selectiva y justa, reconociendo la complejidad social y territorial de la provincia.
Gastos que desaparecerían para los inquilinos
Los arrendatarios que cumplan con los requisitos quedarían liberados de varios costos que actualmente se concentran al momento de firmar el contrato. Estos incluyen:
- Comisiones profesionales: los honorarios de martilleros, corredores o cualquier profesional que intervenga en la confección del contrato pasarían a ser responsabilidad del propietario, según las escalas arancelarias vigentes de cada profesión.
- Trámites registrales: los informes ante el Registro de la Propiedad Inmueble no tendrían costo para el inquilino.
- Impuesto de Sellos: se revisaría el tope de valuación fiscal que habilita la exención del gravamen.
- Certificación de firmas: sería gratuita para el arrendatario, tanto en los Juzgados de Paz como en el Colegio Profesional correspondiente.
Conexión de servicios sin cargos adicionales
El proyecto también simplifica el trámite para dar de alta servicios esenciales. Los inquilinos alcanzados por el régimen podrían presentar el contrato con firmas certificadas por el Juzgado de Paz o, si intervino un profesional, con su firma y sello junto a los de las partes y la certificación del Colegio.
Las empresas prestadoras de servicios no podrían cobrar cargos por conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad ni otros aranceles adicionales. Esta medida busca reducir la barrera inicial de acceso a servicios básicos para los inquilinos que acceden a este régimen especial.
Incentivos fiscales para los propietarios
La iniciativa también contempla un régimen de incentivos y simplificación fiscal para los propietarios de viviendas que cumplan con estas características y las ofrezcan en alquiler. Estos propietarios quedarían eximidos del pago de impuestos sobre los ingresos generados por el alquiler social.
Además, el proyecto invita a los municipios a adherirse mediante exenciones de tasas y derechos municipales, buscando que la iniciativa tenga apoyo en todos los niveles de gobierno provincial. Desde el Colegio de Martilleros sostienen que, aunque el déficit habitacional es responsabilidad del Estado, un esfuerzo conjunto con propietarios y profesionales puede facilitar significativamente el acceso a vivienda.
Estado actual: proyecto en tratamiento legislativo
Estos cambios aún no rigen. El proyecto fue entregado al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su estudio y tratamiento parlamentario. Para que las medidas entren en vigencia, la iniciativa debe ser aprobada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Impacto para empresas y administradores de negocios inmobiliarios
Para los dueños y administradores de empresas inmobiliarias y profesionales del sector en Buenos Aires, este proyecto representa un cambio significativo en la estructura de costos del mercado de alquileres. La redistribución de gastos hacia los propietarios y la eliminación de aranceles por servicios básicos modificarían los márgenes operativos de corredores y martilleros, al tiempo que podrían ampliar el segmento de viviendas disponibles en alquiler formal. Los administradores de carteras de propiedades deberían evaluar si los incentivos fiscales compensan la absorción de costos de gestión, mientras que las pymes del sector inmobiliario necesitarán ajustar sus modelos de negocio si la norma se sanciona.
