La Inspección General de Justicia (IGJ) avanzó esta semana con la implementación de varios puntos del proyecto de reforma a la Ley de Sociedades que el Ministerio de Desregulación presentó en junio de 2026. A través de la Resolución General 11/2026, el organismo concretó modificaciones que facilitan la creación de empresas y amplían la libertad de los particulares para estructurar sus negocios sin esperar la sanción legislativa.
¿Qué cambios trae la nueva resolución de la IGJ?
La Resolución General 11/2026 introdujo simplificaciones significativas en los trámites para constituir una empresa. Entre los cambios más relevantes figura la eliminación del dictamen de precalificación profesional obligatorio para la formación de sociedades, lo que reduce costos y tiempos de gestión para los emprendedores. Además, ciertos documentos podrán ser controlados con posterioridad en lugar de requerirse de manera previa.
Otra innovación importante es la posibilidad de que una empresa establezca como domicilio una dirección electrónica, eliminando la necesidad de una ubicación física registrada ante el organismo. Asimismo, las sociedades ahora pueden desarrollar múltiples tipos de actividades de carácter lícito sin necesidad de demostrar que exista relación, complementariedad o accesoriedad entre ellas.
Flexibilización del objeto social y nuevas formas de inversión
Uno de los aspectos más trascendentes de la resolución es la flexibilización considerable del tratamiento del objeto social. Las Sociedades Anónimas Simples (SAS) pueden ahora incluir como objeto la realización de "cualquier actividad lícita", ampliando significativamente su capacidad operativa y reduciendo la necesidad de modificaciones estatutarias futuras. Esta medida responde a la intención de otorgar mayor libertad a los emprendedores sin intervención preventiva del Estado.
Adicionalmente, la resolución autoriza que el capital de una empresa se integre mediante criptoactivos, abriendo nuevas posibilidades de financiamiento para las sociedades. Este cambio refleja la modernización del marco regulatorio argentino hacia instrumentos de inversión innovadores.
¿Dónde quedó el proyecto legislativo completo?
El proyecto de reforma integral de la Ley 19.550 que el ministro Federico Sturzenegger presentó en junio de 2026 continúa en el Senado sin fecha de tratamiento desde hace más de cuatro meses. La iniciativa legislativa propone cambios más amplios que los ya implementados por resolución, incluyendo la constitución de sociedades mediante firma digital, la realización de asambleas a distancia, la creación de Sociedades Automatizadas capaces de operar mediante algoritmos e IA, y la autorización de arbitrajes privados para dirimir conflictos internos.
Según especialistas en derecho corporativo, tanto la resolución como el proyecto legislativo comparten un objetivo común: reducir el control preventivo del Estado sobre la organización interna de las sociedades y ampliar la libertad de los particulares para definir cómo estructuran sus negocios. Al adelantar en la práctica algunos de los resultados buscados por la futura reforma, la IGJ permite que sus efectos se materialicen sin esperar los tiempos del debate parlamentario.
Impacto para empresarios y administradores argentinos
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, estos cambios representan una reducción significativa en la burocracia y los costos asociados a la constitución y operación de sociedades. La eliminación de requisitos previos como el dictamen de precalificación profesional agiliza los procesos de formalización, especialmente relevante para pymes y emprendimientos que buscan iniciar operaciones con mayor celeridad. La flexibilidad en el objeto social permite a las empresas diversificar sus actividades sin necesidad de trámites adicionales ante la IGJ, adaptándose más rápidamente a cambios en el mercado. Además, la posibilidad de integrar capital mediante criptoactivos abre opciones de financiamiento innovadoras para empresas que buscan captar inversión en activos digitales. En conjunto, estas medidas fortalecen la competitividad del ecosistema empresarial argentino al reducir fricciones regulatorias y permitir mayor autonomía en la toma de decisiones internas.
