La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata desestimó los recursos extraordinarios presentados por AySA y confirmó la medida cautelar que frena el proceso de privatización de la empresa estatal. El fallo, conocido el 25 de septiembre de 2026, representa un nuevo obstáculo para el plan del Gobierno de transferir el 90% de las acciones a inversores privados.
¿Qué pasó en el fallo de la Cámara de La Plata?
La Cámara declaró inadmisibles los recursos extraordinarios con los que AySA buscaba revertir la cautelar que paraliza la privatización. Esta medida, dictada en instancias anteriores, mantiene su vigencia y sigue condicionando cualquier avance en la venta de acciones de la empresa proveedora de agua y saneamiento. El rechazo fue categórico: el tribunal platense no encontró fundamentos para modificar la decisión previa.
El traslado al fuero federal y sus implicancias
Tras el fallo de La Plata, la causa ascendió a la Justicia Federal, que ahora deberá resolver cuestiones críticas sobre el alcance y la vigencia de la cautelar. Esta instancia superior tendrá la responsabilidad de definir si la medida sigue siendo válida y bajo qué condiciones. El Gobierno enfrenta así un proceso judicial complejo que dilata indefinidamente sus intenciones privatizadoras.
Contexto de la disputa por AySA
La privatización de AySA ha generado controversia desde su anuncio. Opositores argumentan que se trata de un servicio público esencial que no debería estar en manos privadas, mientras que el Ejecutivo sostiene que la inversión privada modernizaría la infraestructura y mejoraría la cobertura. Los recursos legales presentados por la empresa reflejan la determinación oficial de avanzar con el plan, pero los fallos judiciales hasta ahora han frenado ese avance.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas, el resultado de esta disputa tiene implicaciones directas. Una privatización de AySA podría significar cambios en las tarifas de agua y saneamiento, costos operativos variables según el modelo de gestión privada, y potenciales mejoras en la infraestructura que afectarían la continuidad de servicios. Por el contrario, si la cautelar se mantiene, la empresa seguiría bajo control estatal con sus características actuales de tarificación y servicio. El panorama incierto genera desafíos para la planificación empresarial de sectores que dependen de estos servicios básicos. Además, cualquier cambio en la estructura de AySA impactaría en los costos operativos de industrias, comercios y pequeñas y medianas empresas distribuidas en el área de cobertura de la prestadora.
