La Procuración del Tesoro dictaminó a favor de L'Oreal en su disputa contra la Municipalidad de Posadas por una tasa municipal cobrada sin prestación de servicio concreto, revocando el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.
¿Qué fue lo que pasó en el caso de L'Oreal con Posadas?
La empresa francesa fue sometida a retenciones por dos clientes distribuidores: Farmacity y Dibelle, quienes actuaron como agentes de retención municipal. L'Oreal comercializa sus productos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, pero los clientes transportaban la mercadería hasta Posadas para su distribución nacional. A pesar de no tener presencia física ni realizar actividad directa en la comuna, la municipalidad le practicó retenciones de la tasa municipal correspondientes a los períodos de septiembre a diciembre de 2015, por un monto nominal de $10.430,56.
La empresa solicitó su exclusión del régimen de retención, pedido que fue denegado. Luego reclamó la devolución de lo retenido, también sin resultado. Ante esta situación, L'Oreal inició una acción contenciosa ante la Justicia provincial misionera, pero el Superior Tribunal de Justicia de Misiones rechazó su demanda en primera instancia.
Cuáles fueron los argumentos de L'Oreal contra la tasa
La empresa presentó cuatro ejes argumentativos sólidos. Primero, demostró la ausencia total de presencia física mediante informes del Registro de la Propiedad Inmueble que acreditaban que no poseía local, establecimiento, oficina ni instalación de ningún tipo en Posadas. Segundo, explicó su modalidad comercial específica: vende en CABA y Buenos Aires a distribuidoras que contratan su propio transporte y se responsabilizan del traslado hacia Posadas.
Tercero, argumentó la inexistencia de un servicio individualizado que el municipio pudiera prestarle, ya que no realizaba actividad directa ni tenía establecimiento en el ejido municipal, por lo que los servicios de inspección, seguridad e higiene del artículo 107 del Código Fiscal de Misiones no le eran aplicables. Cuarto, cuestionó la constitucionalidad del artículo 107 del Código Fiscal por definir el hecho imponible de manera excesivamente amplia e imprecisa, vulnerando el principio de reserva de ley.
Por qué el Superior Tribunal de Misiones había rechazado el reclamo
El tribunal provincial desestimó la demanda con argumentos que la Procuración posteriormente criticaría duramente. Consideró que existía "sustento territorial" porque L'Oreal estaba inscripta en el Convenio Multilateral y realizaba operaciones con contribuyentes de Posadas. Sostuvo además que los servicios municipales brindan beneficios generales para la convivencia y que la empresa aprovechaba las ventajas de operar en una ciudad con alta densidad residencial.
El tribunal también argumentó que la "escasa actividad probatoria" presentada por L'Oreal resultaba insuficiente para demostrar la inexistencia de la prestación del servicio municipal. Este razonamiento se convirtió en el punto de inflexión cuando el caso llegó a la Procuración del Tesoro.
Qué ordenó la Procuración del Tesoro en su dictamen
La Procuración revocó categóricamente el fallo provincial. Estableció que toda tasa municipal requiere la existencia de una prestación de servicios concretos e individualizados referida a una actividad específica que el contribuyente desarrolle dentro del municipio. Crucialmente, trasladó la carga de la prueba: es el municipio quien debe demostrar que prestó o puso a disposición el servicio, no el contribuyente quien debe probar que no lo recibió.
La Procuración remarcó que el Convenio Multilateral y el mero "destino final" de las mercaderías en Posadas no acreditan el perfeccionamiento del hecho imponible de una tasa. Señaló además que en el expediente no existe ningún acta de inspección, fiscalización ni constancia de relevamiento de seguridad e higiene realizada a L'Oreal por la comuna, lo que demuestra la falta absoluta de prueba del servicio.
Calificó como arbitrario el argumento del tribunal provincial sobre el "aprovechamiento de las ventajas que proporciona la ciudad", considerándolo una pauta dogmática sin sustento legal. Con estos fundamentos, ordenó revocar la sentencia del Superior Tribunal de Misiones y que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Impacto para las empresas argentinas en conflictos de tasas municipales
Este dictamen de la Procuración genera un precedente relevante para administradores y dueños de empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Establece que la mera presencia territorial en un Convenio Multilateral o el destino final de productos no justifican el cobro de tasas municipales sin servicio concreto. Las municipalidades no pueden cobrar tasas genéricas argumentando beneficios difusos de infraestructura urbana; deben probar inspecciones, controles o servicios específicos prestados al contribuyente.
Para las pymes y grandes empresas con distribución nacional, esto significa protección contra retenciones abusivas en municipios donde no tienen presencia física. Si tu empresa enfrenta una situación similar, podés exigir al municipio que acredite con documentación concreta (actas de inspección, relevamientos de seguridad e higiene, constancias de servicios) la prestación que justifique la tasa. La inversión de la carga de la prueba a favor del contribuyente, tal como ordena la Procuración, es un cambio significativo en la jurisprudencia sobre tasas municipales en Argentina.
