El Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío crítico para sostener su estrategia fiscal en 2026. Tras lograr un superávit primario del 1,4% del PIB durante 2025, la administración se propuso alcanzar una meta del 1,3% para este año, pero los números acumulados hasta agosto muestran que el resultado actual aún no garantiza el cumplimiento de ese objetivo.
¿Cuánto superávit lleva acumulado el Gobierno en 2026?
En los primeros ocho meses de 2026, el Gobierno registra un superávit primario acumulado del 1,1% del PBI, según datos relevados por la consultora LCG. Este resultado positivo contrasta con un escenario económico complejo: la actividad se mantiene estancada, los niveles de morosidad alcanzan récords históricos y las tasas de interés elevadas frenan la recuperación del crédito y el consumo interno.
Ingresos en caída: el frente más débil de las cuentas públicas
El principal problema que enfrenta la estrategia fiscal es la contracción de los ingresos tributarios. Durante los primeros ocho meses de 2026, la recaudación acumuló una caída del 4% en términos reales respecto del período equivalente de 2025. La consultora proyecta que para lo que resta del año la tendencia no cambiará, estimando una baja interanual del 3% y ubicando los ingresos fiscales en torno al 15,2% del PBI para el cierre de 2026.
Frente a esa caída de ingresos, la única herramienta disponible fue profundizar el ajuste del gasto. La administración redujo el gasto primario un 2,5% en términos reales durante esos ocho meses, un recorte que resultó determinante para mantener el superávit positivo.
¿Dónde se concentraron los mayores recortes de gasto?
El ajuste no fue uniforme entre las distintas partidas presupuestarias. Según LCG, tres áreas concentraron la mayor parte de la poda del gasto público en los primeros ocho meses:
- Transferencias a las provincias: caída del 43% interanual en términos reales
- Programas sociales: reducción del 23% interanual real
- Gasto operativo: contracción del 7% interanual real
En contraste, dos partidas terminaron el período con crecimiento. Las jubilaciones aumentarán debido al rezago de la fórmula indexada a la inflación pasada en un contexto de desinflación. Los subsidios al sector privado, por su lado, mostraron una suba acumulada del 14% real, impulsada por la postergación del calendario de ajuste tarifario ante la presión de los precios internacionales del petróleo y el gas.
¿Cuánto ajuste adicional necesita el Gobierno hasta fin de año?
Aquí radica el dilema. Para cumplir la meta de superávit del 1,3% en 2026, LCG proyecta que el gasto primario deberá situarse en el 13,8% del PBI, contra ingresos del 15,2%. Esto implica un ajuste total de 0,7 puntos porcentuales del PBI para todo el año.
De esos 0,7 pp, 0,4 pp ya se ejecutaron entre enero y agosto. Esto significa que 0,3 pp deberán concentrarse entre septiembre y diciembre—es decir, en los próximos cuatro meses. La tarea se complica porque el espacio para recortes adicionales es cada vez más limitado en partidas como programas sociales y transferencias provinciales, que ya acumulan reducciones significativas.
El contexto macroeconómico que presiona la meta fiscal
La economía argentina enfrenta un estancamiento pronunciado. Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, la actividad económica acumuló una caída del 1%. En paralelo, la combinación de menores ingresos tributarios y reducción del gasto público "está teniendo un efecto contractivo de corto plazo", según LCG, profundizando la falta de dinamismo de la economía real.
Esta situación genera un círculo vicioso: para sostener el superávit, el Gobierno debe seguir ajustando; pero el ajuste reduce la demanda agregada y profundiza el estancamiento, lo que a su vez presiona aún más sobre los ingresos tributarios.
¿Cuál es la estrategia disponible para el Gobierno?
LCG advierte que el Gobierno enfrenta una disyuntiva sin salidas cómodas. La reacción típica de los países ante estancamiento económico es expansiva—más gasto para reactivar la demanda—, pero esa opción "puede llegar a ser peor que la enfermedad" en una economía sin acceso al crédito internacional y con antecedentes fiscales negativos como Argentina.
La consultora sostiene que la única vía viable pasa por administrar mejor las prioridades de gasto y la política tributaria, buscando maximizar el impacto sobre la actividad económica dentro de un nivel de superávit primario ya definido. En otras palabras: no se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta y cómo se recauda.
Impacto para empresas y administradores: el riesgo de la meta fiscal
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, el cumplimiento de la meta de superávit tiene implicaciones directas. Una caída de ingresos del 3% a 4% interanual reduce la capacidad de compra del sector público y presiona sobre la demanda agregada, afectando especialmente a proveedores del Estado y a sectores vinculados al consumo interno. Al mismo tiempo, la falta de dinamismo económico limita el crecimiento de la base tributaria, lo que puede obligar al Gobierno a buscar nuevas fuentes de recaudación o profundizar recortes en subsidios y transferencias.
El estancamiento económico combinado con la presión por cumplir metas fiscales crea un escenario de incertidumbre: mientras se busca sanear las cuentas públicas, la contracción de la actividad reduce márgenes de ganancia, complica la cobranza a clientes del sector público y limita el acceso al crédito en un contexto de tasas elevadas y morosidad récord. Las pymes y medianas empresas, particularmente aquellas que dependen de transferencias o compras estatales, enfrentarán presiones crecientes en los próximos meses.
Además, LCG advierte que "el estancamiento económico y la falta de atención presupuestaria en segmentos vulnerables" pondrán a prueba la tolerancia social respecto del ajuste, especialmente después de acumular más de 5 puntos porcentuales de reducción de gasto durante los tres años de gestión y en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027. Este contexto político y social añade un factor de riesgo adicional para la sostenibilidad de la estrategia fiscal.
