Este jueves 9 de octubre de 2026, el Gobierno abrirá los sobres con las ofertas económicas de los dos únicos consorcios que permanecen en carrera por adquirir el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que suministra agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
¿Cuál es el valor esperado de la privatización de AySA?
El Ministerio de Economía espera recaudar más de USD 500 millones por la venta, aunque las propuestas de ambos grupos serían inferiores a esa cifra, según fuentes del proceso. La licitación avanza desde el 15 de septiembre de 2026, cuando se abrieron los sobres técnicos y quedaron eliminadas 15 de las 17 ofertas iniciales. El nuevo operador privado deberá asumir la operación completa de la empresa entre enero y febrero de 2027.
El pliego contempla un mecanismo de desempate: si la diferencia entre la propuesta mejor ubicada y la siguiente es igual o inferior al 5%, se declara un empate técnico y los oferentes tienen un día hábil para mejorar sus propuestas. Existe una tasación de referencia elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que permanecerá encriptada hasta el momento de la apertura de los sobres y actúa como parámetro indicativo no vinculante.
Grupo Roggio y Rowing S.A.: los dos consorcios en disputa
El primer grupo está encabezado por Roggio ROAS, vehículo del Grupo Roggio, operador actual de Aguas Cordobesas y uno de los jugadores locales con mayor trayectoria específica en agua y saneamiento. La propuesta incluye además a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre. El Grupo Roggio también opera la red de subtes y el premetro porteño a través de Emova Movilidad y el ramal Urquiza mediante Metrovías.
El segundo consorcio está liderado por Rowing S.A., empresa de ingeniería fundada por Walter Román, junto a Transclor, Arcos Saneamento e Participações y el fondo de inversión PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos. Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, es proveedora de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009. Filiberti es además socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en el control accionario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, y recientemente adquirió junto a sus socios la mayoría accionaria de Metrogas, la mayor distribuidora de gas del AMBA.
El componente técnico internacional es Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav de Brasil, que opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro bajo la marca Águas do Rio. Entre sus inversores figuran el fondo soberano de Singapur GIC e Itaúsa, holding de la familia Setúbal.
Inversiones obligatorias por hasta USD 15.000 millones en 30 años
El nuevo operador asumirá un contrato por 30 años, prorrogable por 10 años más. Las obligaciones de inversión son millonarias: deberá invertir un mínimo de USD 2.000 millones en los primeros cinco años y entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones a lo largo de toda la concesión. Esa infraestructura no puede ser retirada al término del contrato y queda registrada como activo del Estado.
En materia de cobertura, el contrato fija metas escalonadas: llegar al 75,3% de cobertura de agua potable para fin de 2031 y al 90% a los 30 años. En saneamiento, la progresión va del 63,9% en 2031 al 75% al cabo de las tres décadas. La universalización de ambos servicios queda proyectada recién si se ejerce la prórroga adicional de 10 años.
¿Cuándo habrá una revisión integral de las tarifas de agua?
Las tarifas no tendrán una revisión integral hasta 2032, según establece el pliego. El contrato prevé ajustes periódicos mediante un coeficiente llamado "K", ligado a variables de costos, y una corrección anual atada al cumplimiento de metas de calidad, el "Factor C", que puede sumar o restar puntos a la tarifa según el desempeño de la concesionaria. Recién en 2032 habrá una revisión integral de la tarifa para el período 2032-2036.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, la factura promedio de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó $42.975 en agosto de 2026, equivalente al 2,2% del salario promedio registrado. El presidente de AySA, Alejo Maxit, señaló que la proporción del gasto en agua y saneamiento dentro de la canasta familiar es hoy la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer ciclo tarifario, que corre de 2027 a 2031. Los 160.000 usuarios con tarifa social mantendrán ese beneficio sin cambios bajo el nuevo esquema.
La transformación financiera de AySA: de pérdidas a ganancias
AySA fue estatizada en 2006 y nunca había cerrado un ejercicio con resultado positivo hasta la gestión actual. En sus 20 años como empresa del Estado, recibió del Gobierno nacional unos USD 13.400 millones, de los cuales USD 10.000 millones se destinaron a inversiones y el resto a gastos corrientes y subsidios.
Hoy factura alrededor de USD 1.000 millones al año y registra 3,8 millones de cuentas facturadas en su área de cobertura. La compañía cerró en positivo los ejercicios de 2024 y 2025, con ganancias de $63.522 millones y $22.088 millones respectivamente, luego de haber registrado una pérdida de $503.647 millones en 2023. En ese período, las transferencias corrientes del Estado nacional a la compañía cayeron de $416.326 millones en 2023 a cero en 2025.
Impacto de la privatización de AySA para empresas y administradores
La privatización de AySA representa un cambio estructural en la gestión de servicios clave para la operación de empresas en el AMBA. Para dueños y administradores de pymes y medianas empresas, la transición a un operador privado implicará monitorear de cerca la evolución de las tarifas, especialmente durante el primer ciclo tarifario 2027-2031, cuando están congeladas. La estabilidad tarifaria inicial puede resultar favorable para la planificación financiera, pero será fundamental seguir el desempeño de la concesionaria en términos de calidad de servicio y disponibilidad de agua, factores críticos para actividades que dependen de suministro continuo y confiable. Asimismo, las metas de cobertura e inversión en infraestructura pueden impactar positivamente en zonas del conurbano con déficit histórico de servicios, abriendo oportunidades de expansión empresarial en esas áreas.
