Duke Energy cerró un acuerdo para que los grandes centros de datos asuman directamente los costos de infraestructura eléctrica que generan, evitando trasladarlos a usuarios residenciales de Carolina del Norte. El pacto, que involucra a Amazon, Google, Meta, Microsoft y otros operadores, requiere aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte antes de mediados de noviembre de 2026.
¿Quiénes son los "clientes de gran carga" en este acuerdo?
El acuerdo define como clientes de gran carga a quienes requieren mínimo 50 megavatios de potencia con un factor de carga del 80%. Esta categoría abarca típicamente a operadores de centros de datos de inteligencia artificial, cuyo consumo energético es intenso y sostenido. Las nuevas condiciones aplican a contratos firmados desde el 1 de junio de 2026 en adelante, lo que significa que acuerdos previos mantienen términos distintos.
Costos que asumirán los centros de datos según el pacto
Los grandes consumidores de electricidad enfrentarán una estructura de pagos significativamente más exigente que los usuarios convencionales. El acuerdo establece que deberán realizar:
- Pagos anticipados no reembolsables por las instalaciones que Duke Energy construya específicamente para atenderlos.
- Facturas mínimas mensuales equivalentes al 75% de su demanda proyectada, independientemente del consumo real. Esto significa que si una empresa anticipa alto consumo pero luego utiliza menos, sigue pagando por la capacidad reservada.
- Depósitos y garantías para cubrir su participación en costos generales de red.
- Cargos por equipos dedicados a sus operaciones específicas.
- Penalizaciones por terminación anticipada que oscilan entre US$ 25 millones y más de US$ 587 millones, según demanda energética y duración del contrato.
El debate nacional sobre quién financia la infraestructura de IA
El acuerdo refleja una tensión creciente en Estados Unidos respecto a cómo financiar la expansión de redes eléctricas que demanda la explosión de centros de datos. En marzo de 2026, la Casa Blanca anunció el Compromiso Federal de Protección de los Contribuyentes, colocando en la agenda nacional el debate sobre si los operadores tecnológicos deben asumir la totalidad de costos de infraestructura que generan. Carolina del Norte ya había sentido esa presión regulatoria: en septiembre de 2026, la comisión estatal rechazó una propuesta de Duke Energy para construir una turbina de gas de 255 megavatios vinculada al crecimiento de centros de datos, cuestionando si estas empresas cubrían suficientemente sus costos.
Duke Energy reportó en febrero de 2026 haber firmado acuerdos de servicio energético por 2,7 gigavatios con centros de datos desde su reporte de resultados anterior, evidenciando la magnitud de la demanda. El nuevo pacto busca que esa expansión no recaiga sobre usuarios residenciales.
Estado actual del acuerdo y próximos pasos regulatorios
El acuerdo aún no es vinculante. La Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte debe revisarlo y pronunciarse antes de mediados de noviembre de 2026. Los comisionados pueden aprobarlo tal como está, solicitar modificaciones o rechazarlo. Mientras tanto, las protecciones descritas no constituyen política definitiva para todos los clientes afectados.
Es relevante notar que el corte temporal del 1 de junio de 2026 limita el alcance del pacto: solo los contratos posteriores a esa fecha quedan bajo las nuevas reglas de pagos anticipados y mínimos mensuales. Los acuerdos previos mantienen condiciones distintas, lo que significa que no toda la demanda de Duke Energy quedará cubierta por estas salvaguardas.
Implicaciones para empresas argentinas y operadores de datos locales
Aunque el acuerdo involucra a Carolina del Norte, establece un precedente regulatorio importante para mercados emergentes como Argentina. Si operadores de centros de datos locales o multinacionales con presencia en el país buscan expandir operaciones, podrían enfrentar presiones similares para financiar infraestructura eléctrica. Para administradores de empresas argentinas, esto señala una tendencia global: los reguladores exigen cada vez más que grandes consumidores de energía asuman costos de red, evitando subsidios cruzados. Empresas que evalúan inversiones en infraestructura de datos o tecnología intensiva en energía deberían monitorear cómo estas políticas se replican en jurisdicciones donde operan o planean expandirse.
