Legisladores peronistas presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra funcionarios del Gobierno por ocultar las tasaciones de empresas públicas que se privatizarán, impidiendo el control parlamentario sobre el precio de venta.
¿Qué empresas están siendo privatizadas sin tasación pública?
El Gobierno de Javier Milei avanza con un programa de privatizaciones que incluye empresas estratégicas como AySA, Nucleoeléctrica, Citelec y otras del sector energético, ferroviario y de comunicaciones. El 8 de octubre de 2026, se abrieron las ofertas económicas para la venta del 90% de AySA sin que el Congreso conociera la tasación oficial de la compañía. Esta falta de transparencia en la valuación previa es el núcleo de la denuncia presentada por los senadores Ana María Ianni, Adán Bahl y Jorge Capitanich, junto con la diputada Florencia Carignano.
Los denunciantes señalan que el mecanismo actual impide al Parlamento controlar si las empresas públicas se venderán por su valor real, afectando el patrimonio del Estado. La presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) busca investigar posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
¿Cuál fue el cambio en el sistema de valuación de empresas públicas?
Durante 2025 y 2026, la administración modificó radicalmente el proceso de tasación de empresas públicas. El decreto 450/2025 estableció un nuevo criterio de valuación que desplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo históricamente encargado de esta función. En su lugar, habilitó al BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) a intervenir mediante una unidad especializada.
El cambio más significativo fue la adopción del método de flujo de fondos descontados, que estima el valor de una compañía a partir de sus ingresos futuros proyectados, reemplazando criterios tradicionales de valuación. Según la denuncia, este cambio carece de sustento legal para las privatizaciones en curso. La resolución 1/2026 de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), conducida por Diego Chaher, declaró reservados todos los informes de tasación vinculados con las privatizaciones.
¿Qué evidencia de subvaluación existe en las privatizaciones?
Los denunciantes documentaron un patrón de reducción significativa en los precios de licitación:
- Citelec (vinculada a Transener): base de licitación fijada en US$ 206 millones frente a una adjudicación previa de US$ 356 millones.
- Intercargo: primera licitación por US$ 45 millones quedó desierta y fue re-ofrecida por precio menor.
- Nucleoeléctrica: según información periodística, la nueva valuación podría representar una reducción de once veces respecto de estimaciones anteriores.
Estos números explican la urgencia de la denuncia y la preocupación legislativa sobre posibles perjuicios al patrimonio público. Los denunciantes exigen que se conozcan las tasaciones completas, sus anexos, las tasas de descuento utilizadas, las proyecciones de ingresos y las versiones anteriores de los cálculos.
¿Qué obstáculos enfrentó el Congreso para acceder a la información?
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones solicitó información el 12 de agosto, pero recibió más de 10.000 páginas de documentación apenas 48 horas antes de una audiencia con Chaher, lo que hizo prácticamente imposible su revisión. Posteriormente, las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano intimaron al funcionario a entregar las valuaciones y sus antecedentes técnicos.
La respuesta del 1 de octubre no incluyó los documentos requeridos. Los legisladores sostienen que ninguna resolución administrativa puede imponerle secreto al Congreso sobre las tasaciones de empresas públicas, invocando la Ley Bases y la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La denuncia solicita que la PIA requiera en 24 horas la resolución que declaró secretas las tasaciones y todos los estudios realizados por la ATEP y el BICE.
Impacto para administradores y dueños de empresas argentinas
La opacidad en las valuaciones de privatizaciones genera incertidumbre sobre el marco regulatorio futuro de sectores estratégicos como energía, agua, comunicaciones y transporte. Para administradores de empresas privadas, estas operaciones señalan un patrón de transformación estatal que puede afectar la competencia sectorial, los precios regulados y las condiciones de acceso a servicios esenciales.
Si estas empresas se privatizan por debajo de su valor real, los nuevos operadores privados tendrán incentivos para maximizar márgenes mediante aumentos tarifarios o reducción de inversiones. Esto impacta directamente en costos operativos de pymes y grandes empresas que dependen de servicios como agua, energía y telecomunicaciones. La falta de control parlamentario sobre el proceso de privatización también genera dudas sobre la calidad de las regulaciones futuras y la protección de derechos de usuarios y competidores.
