El oficialismo logró dictamen de mayoría en comisiones para su proyecto de morosidad, enfocado en transparencia financiera y educación sin contemplar alivios para deudas existentes. La iniciativa de La Libertad Avanza se enfrenta a una propuesta opositora que incluye refinanciamiento, tope de tasas y emergencia crediticia, en momentos en que se estima hay aproximadamente seis millones de deudores en mora en el país.
¿Qué plantea el proyecto oficialista sobre morosidad?
El dictamen de mayoría que obtuvo 32 rúbricas en el plenario de comisiones de Diputados refleja la posición del presidente Javier Milei, quien considera el endeudamiento familiar como un asunto entre privados y no una crisis que requiera intervención estatal. La propuesta de LLA prioriza mejorar la información sobre costos financieros mediante mayor transparencia en la discriminación del Costo Financiero Total (CFT), tasas, punitorios, plazos e impuestos asociados a préstamos bancarios y no bancarios.
Según destacó en comisiones la diputada Silvana Giudici, el crédito en la economía creció significativamente: pasó del 6,1% del PBI en 2023 al 12% durante 2026. La bancada oficialista señaló que los niveles de morosidad se han mantenido estancados en los últimos tres meses, alcanzando el 12,9% en el sector de consumo.
El proyecto oficial incorpora varios mecanismos de protección al usuario sin modificar las obligaciones crediticias vigentes:
- Consentimiento informado mediante validación digital doble antes de otorgar créditos
- Acceso gratuito al perfil de riesgo de cada entidad financiera
- Inclusión de educación financiera digital en la currícula escolar, ampliando la Ley de Educación Financiera de 2018
Esta aproximación busca vigorizar el sector crediticio con estabilidad jurídica para entidades financieras, evitando cualquier medida que afecte la oferta de crédito o genere costos fiscales.
La alternativa opositora: refinanciamiento y límites a tasas
La oposición unificada en un dictamen de 27 rúbricas plantea un enfoque radicalmente distinto. El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano criticó el proyecto oficial señalando que no se puede enviar a la gente a cursos de educación financiera cuando enfrenta dificultades financieras severas.
El dictamen opositor declara emergencia crediticia por 180 días y ofrece refinanciamiento para quienes cumplan con requisitos específicos: tener deudas equivalentes a dos Canastas Básicas Totales (aproximadamente $3.210.994 según valores de agosto de 2026) y portar 60 días o más de mora en créditos de consumo.
Los términos del plan de refinanciamiento propuesto incluyen:
- Reestructuración mínima de 12 cuotas, extendible hasta 60
- Cada cuota limitada al 30% de los ingresos mensuales del deudor
- Condonación del 100% de punitorios para quienes ingresan en mora
- Tasa máxima: TAMAR de bancos privados más 25% aplicada al CFT
Esta propuesta también alcanza a quienes, aunque estén al día con pagos, destinan más del 30% de ingresos familiares al servicio de deudas.
¿Cuál será el resultado final en el recinto?
Aunque el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y tiene prioridad en la eventual sesión del 7 de octubre de 2026, la aprobación no está garantizada. LLA necesita buscar votos adicionales entre bloques provinciales para asegurar mayoría en el recinto de Diputados.
La oposición enfrenta divisiones internas: los diputados misioneros y salteños del bloque Argentina Federal presentaron un dictamen de minoría alternativo que declara emergencia crediticia por un año con tope de intereses de 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días del Banco Central. Además, sectores opositores debaten internamente si avanzar en la sesión del 7 de octubre o esperar una semana más para sumar apoyo.
El oficialismo apunta a desactivar definitivamente la discusión sobre endeudamiento familiar que la oposición instaló en agenda legislativa. Si aseguran los votos, no dudarán en avanzar el 7 de octubre. La pulseada se definirá en el recinto de la Cámara de Diputados, donde ambas fuerzas buscarán imponer su visión sobre regulación del mercado financiero.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
La definición legislativa sobre morosidad tendrá consecuencias directas para empresas y administradores de negocios. Un proyecto que priorice transparencia sin alivios crediticios podría mantener presión sobre demanda de consumo, afectando ventas de pymes y medianas empresas. En cambio, un refinanciamiento con topes de tasas podría aliviar el endeudamiento de clientes, mejorando su capacidad de compra.
Para empresas financieras, bancos y fintech, el proyecto oficialista garantiza estabilidad regulatoria sin restricciones sobre tasas ni obligaciones de refinanciamiento. La alternativa opositora impondría límites a márgenes y obligaciones de reestructuración que reducirían rentabilidad del sector crediticio.
Los administradores de negocios deben monitorear esta discusión: el resultado determinará si sus clientes tendrán acceso a refinanciamiento o si la solución pasa exclusivamente por educación financiera y mayor información sobre costos. Ambos escenarios implican estrategias comerciales distintas para gestionar incobrables y cartera de deudores en los próximos meses.
