Un juez federal de California detuvo la aplicación de la tarifa de USD $100.000 que la administración Trump estableció para las visas H-1B, al determinar que las agencias federales no completaron los procedimientos regulatorios requeridos.
¿Qué pasó con la tarifa de las visas H-1B?
El magistrado Haywood Gilliam, con sede en Oakland, emitió una orden el 30 de septiembre de 2026 que suspende la implementación del nuevo cobro. El juez concluyó que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el Departamento de Estado omitieron los pasos federales obligatorios para establecer la regla. Esa decisión mantiene vigente el bloqueo hasta que las agencias cumplan con el proceso formal de elaboración normativa.
La tarifa fue ordenada por Trump mediante una proclamación presidencial del 9 de septiembre de 2025. El procedimiento regulatorio que exige el tribunal incluye presentar una propuesta formal de cambio y abrir un período de 30 a 60 días para que el público envíe comentarios antes de avanzar con la modificación.
Cuál es el impacto en hospitales, universidades e iglesias
La demanda fue presentada por una coalición que incluye sindicatos, empleadores y organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Global Nurse Force y la American Association of University Professors. Los demandantes argumentaron que una tarifa de esa magnitud podría afectar gravemente a hospitales, escuelas, iglesias y universidades que dependen del programa H-1B para contratar personal especializado.
Democracy Forward Foundation, que representa a los demandantes, alertó que sin alivio judicial los hospitales podrían perder médicos, las iglesias pastores, las aulas maestros y las industrias innovadores clave. El abogado Steve Bressler celebró la orden judicial al sostener que protegía un sistema que había sido lanzado al caos.
Qué argumenta la administración Trump sobre la medida
La Casa Blanca ha defendido la legalidad de sus reformas al programa. Según la administración, la proclamación presidencial buscaba responder al mal uso de las visas H-1B y a la contratación de trabajadores extranjeros que reemplazaban a empleados estadounidenses con mano de obra peor pagada. La portavoz Abigail Jackson afirmó que el requisito de pago era legal y que pretendía disuadir a empresas de saturar el sistema y deprimir salarios locales.
Sin embargo, la Casa Blanca no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el fallo de Gilliam ni informó qué pasos adoptará para cumplir con la orden judicial. La tarifa permanece detenida mientras no se complete el proceso regulatorio exigido por el tribunal.
Otros frentes judiciales contra la tarifa H-1B
El caso de California no es el único que enfrenta la medida. En junio de 2026, un juez federal de Boston bloqueó temporalmente la tarifa, decisión que fue respaldada en julio cuando el Primer Tribunal de Apelaciones de Circuito se negó a suspender ese fallo. Por separado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos también demanda para impugnar el cargo, tras un rechazo inicial de sus argumentos sobre la autoridad constitucional del presidente.
Cómo funciona el programa H-1B y su alcance actual
El programa H-1B permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros altamente calificados. Anualmente se asignan 65.000 visas en la categoría regular, más 20.000 adicionales para personas con títulos avanzados. Las visas se aprueban por períodos de tres a seis años. Esa magnitud explica por qué empleadores y organizaciones de múltiples sectores se incorporaron a la demanda: hospitales, instituciones educativas, iglesias y empresas tecnológicas dependen del programa para acceder a talento especializado.
Qué significa el bloqueo judicial para empresas y empleadores argentinos
Aunque la disputa ocurre en Estados Unidos, tiene implicaciones indirectas para empresas argentinas que operan en el mercado estadounidense o que contratan trabajadores en ese país. El bloqueo de la tarifa mantiene vigente el sistema actual de visas H-1B sin el cobro de USD $100.000, lo que reduce costos para empleadores estadounidenses que dependen de talento extranjero. Para administradores de empresas argentinas con operaciones o clientes en EE.UU., esto significa que los costos de contratación de personal especializado en ese mercado no aumentarán en el corto plazo.
Sin embargo, la incertidumbre regulatoria persiste. Mientras las agencias federales completen el proceso de elaboración de normas exigido por el tribunal, las empresas no pueden planificar con certeza si la tarifa se implementará finalmente. Los dueños de negocios que dependan de proveedores o socios estadounidenses que utilizan visas H-1B deben monitorear el avance de los litigios pendientes, ya que una tarifa de esa magnitud podría afectar costos operativos y competitividad en sectores como tecnología, salud y educación.
