El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) concentra críticas casi unánimes entre empresarios, economistas y productores argentinos. A diferencia de otros tributos, este impuesto provincial genera distorsiones significativas en la cadena productiva y comercial, pero su eliminación plantea un dilema fiscal complejo que divide a los especialistas en torno a quién asumiría el costo de la reforma.
¿Por qué el IIBB es considerado el impuesto más problemático?
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos constituye una de las principales fuentes de recaudación tributaria propia de las provincias argentinas. Su estructura genera lo que los especialistas denominan "piramidación": la carga se incorpora como costo en sucesivas etapas de producción y comercialización, multiplicando el tributo a lo largo de la cadena de valor. A diferencia del IVA, cuya alícuota es visible en el ticket de compra, el IIBB permanece prácticamente invisible para el consumidor final, quedando incorporado en los precios sin discriminación explícita.
Según cálculos de especialistas consultados, el IIBB representa aproximadamente cuatro puntos del PBI, una magnitud comparable a la del IVA, que recauda alrededor de siete puntos. Sin embargo, la invisibilidad del tributo explica tanto su supervivencia política como la falta de reclamos cotidianos equivalentes a los que generan otros impuestos.
Las propuestas de reforma: hacia una venta final
Economistas ubicados en espacios ideológicos muy distintos coinciden en que el IIBB genera distorsiones que requieren corrección. Las alternativas más debatidas convergen en trasladar la imposición hacia la etapa de venta final, eliminando la acumulación en eslabones anteriores de la producción.
Una opción consiste en transformar gradualmente el IIBB en un impuesto exclusivo sobre las ventas finales de consumo, gravando únicamente la operación con el consumidor. Otra alternativa propone convertirlo en una suerte de IVA provincial, donde las provincias participarían directamente de una porción de la recaudación nacional utilizando la misma base imponible. Incluso existe un modelo híbrido que contempla eliminar completamente el IIBB de las etapas iniciales e intermedias de producción y compensar esa pérdida mediante ajustes en el régimen de coparticipación federal.
El obstáculo político: quién financia la reforma
El acuerdo entre especialistas desaparece cuando surge la pregunta sobre financiamiento. Ningún economista propone simplemente derogar el IIBB sin asegurar recursos alternativos para las provincias. El director ejecutivo de ARBA advierte que eliminar una fuente central de recursos provinciales sin colocar otra en su lugar supondría abrir un agujero fiscal en las cuentas provinciales, particularmente crítico en una economía en recesión.
La restricción política es concreta: las provincias no sacrificarán ingresos voluntariamente. Cualquier reforma exige simultáneamente rediseñar la relación fiscal entre Nación y provincias, decidir qué nivel del Estado resigna recursos y determinar qué jurisdicciones ganarían o perderían con el nuevo sistema. Para especialistas que advierten sobre las consecuencias redistributivas, un cambio de esa magnitud podría afectar desproporcionadamente a las provincias con menor actividad económica.
Condiciones para una reforma viable
Los especialistas establecen requisitos específicos para cualquier modificación. La gradualidad no es una opción política sino una necesidad técnica, según plantean. Algunas propuestas incluyen medidas intermedias mientras se negocia la reforma integral: eliminar el Impuesto de Sellos donde todavía existe, excluir de IIBB las transacciones entre empresas y armonizar alícuotas provinciales comenzando por las actividades primarias e industriales.
Además, una condición que diferencia los planteos es el nivel de actividad económica. En una economía en recesión, prometer una baja generalizada de impuestos termina siendo una consigna más que una política viable. El crecimiento económico aumentaría la recaudación y otorgaría al Estado espacio fiscal para aliviar al sector privado sin generar desfinanciamiento provincial.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas, la persistencia del IIBB implica costos operacionales significativos. La piramidación reduce la competitividad de productos argentinos en mercados internacionales, incrementa el capital de trabajo inmovilizado en retenciones y percepciones, y complica la gestión administrativa de múltiples alícuotas provinciales variables. Una reforma que traslade la carga hacia la venta final reduciría estas distorsiones y mejoraría la eficiencia productiva. Sin embargo, el timing de la reforma resulta crítico: implementarla en contexto de recesión podría generar volatilidad tributaria adicional, mientras que hacerla en fase de crecimiento permitiría transiciones más ordenadas y predecibles para la planificación empresarial.
