El conflicto entre la Nación y las provincias por la distribución del impuesto a los combustibles revela un problema constitucional profundo: una asignación específica de recursos solo se justifica mientras se cumpla el destino que la habilita legalmente.
¿Cuánto recaudó el impuesto a combustibles en 2026?
Entre enero y julio de 2026, el impuesto nacional a los combustibles recaudó aproximadamente 3,8 billones de pesos. Sin embargo, la ejecución de esos fondos en obras viales —su destino predeterminado— resultó muy inferior a lo esperado. Durante 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo ingresado; en 2025 subió al 39%, y en los primeros cinco meses de 2026 volvió a caer al 18,5%. Mientras tanto, la cartera de inversiones financieras del fideicomiso de infraestructura de transporte (SisVial) acumulaba más de un billón de pesos sin aplicarse a las rutas.
El reclamo de gobernadores por fondos no ejecutados
La subejecución disparó reacciones desde múltiples provincias sin distinción política. Los diez gobernadores del Norte Grande demandaron el reparto automático del impuesto y fiscalización de los fideicomisos. En Mendoza, la Fiscalía de Estado analiza una presentación por la subejecución del SisVial; en Buenos Aires, la justicia federal admitió un amparo colectivo para que se reactive el mantenimiento vial. El sur, encabezado por el gobernador de Chubut Ignacio Torres, sostiene desde hace tiempo que un impuesto con asignación específica incumplida debería coparticiparse o eliminarse. Estimaciones privadas calculan que, de haberse distribuido por coparticipación el 35,44% actualmente afectado a los tres fondos, las provincias y la Ciudad habrían recibido aproximadamente 784.290 millones de pesos adicionales durante ese período.
¿Cómo se distribuye legalmente el impuesto a combustibles?
El impuesto no se rige por la ley general de coparticipación (ley 23.548), sino por un régimen especial establecido en la ley 23.966 desde 1991. La distribución actual fija porcentajes rígidos: 10,40% al Tesoro nacional, 15,07% al FONAVI, 10,40% a las provincias, 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% al fideicomiso de infraestructura hídrica, 28,58% al de infraestructura de transporte y 2,55% a compensación del transporte público. La porción provincial se subdivide en organismos de vialidad (60%), coeficientes de coparticipación (30%) y fondo eléctrico del interior (10%).
El problema constitucional de fondo
El artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional autoriza al Congreso a establecer asignaciones específicas de recursos coparticipables, pero bajo tres condiciones estrictas: por ley especial, con mayoría absoluta en ambas Cámaras y por tiempo determinado. Esa exigencia agravada existe precisamente porque una asignación específica no es un cheque en blanco: su legitimidad se sostiene únicamente mientras se cumple el destino invocado. Si los recursos afectados a obras viales no se aplican a rutas sino que se acumulan en instrumentos financieros, la asignación específica pierde su causa y se convierte en una detracción unilateral de recursos coparticipables, exactamente lo que la Constitución buscó evitar.
La Corte Suprema ya transitó este razonamiento en 2015 en los casos "Santa Fe" y "San Luis", declarando inconstitucional una detracción que intentaba prorrogarse sin consentimiento provincial. El derecho intrafederal no se modifica por decisión unilateral de una sola parte.
El desfase temporal que agudiza la crisis
La ley 27.430 fijó la vigencia del impuesto a combustibles hasta el 31 de diciembre de 2035; sin embargo, las afectaciones específicas que lo justifican vencen ocho años antes. El tributo sobrevive a su propia causa, profundizando la inconstitucionalidad de retener fondos sin cumplir el destino que habilita esa retención.
¿Qué significa este conflicto para las empresas y administradores argentinos?
Para dueños y administradores de negocios, esta disputa tiene implicaciones directas. La retención de fondos viales genera deterioro de rutas que afecta logística, costos de transporte y competitividad. La incertidumbre legal sobre la distribución del impuesto también impacta en la planificación fiscal y presupuestaria de empresas con operaciones interprovinciales. Si la Corte Suprema resuelve a favor de la inconstitucionalidad, podría ordenar redistribuciones masivas de recursos, alterando la estructura tributaria nacional y los equilibrios fiscales que empresas y gobiernos asumen en sus proyecciones. Además, una eventual coparticipación automática del impuesto modificaría la disponibilidad de fondos para infraestructura, afectando inversiones en transporte, logística y servicios básicos que sostienen la operación empresarial en territorio argentino.
