El crecimiento de centros de datos impulsados por inteligencia artificial podría sumar US$ 23.000 millones a las facturas de electricidad en 14 estados estadounidenses hasta 2028, mientras los reguladores debaten cómo distribuir el costo de la nueva infraestructura energética entre consumidores residenciales y grandes operadores tecnológicos.
¿Cuánto crecerá el consumo eléctrico de los centros de datos?
El consumo de electricidad en centros de datos ha experimentado un aumento exponencial en los últimos años. Según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, estos centros representaron el 4,4% del consumo total en 2023, un salto significativo desde el 58 teravatios-hora registrado en 2014 hasta los 176 teravatios-hora en 2023. Las proyecciones para 2028 son aún más preocupantes: el consumo podría alcanzar entre 6,7% y 12% de la electricidad total estadounidense, mientras que estimaciones del Instituto de Investigación de Electricidad hablan de cifras que llegarían a entre 9% y 17% para 2030.
Esta expansión energética no es un problema exclusivamente técnico. El monitor independiente de PJM Interconnection, que opera el mercado mayorista de electricidad en 14 estados del Atlántico Medio y el Medio Oeste, calcula que los consumidores de esa región enfrentarán inversiones adicionales de US$ 23.000 millones hasta al menos finales de 2028 para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial.
¿Cómo se distribuyen los costos de infraestructura eléctrica?
El debate regulatorio gira en torno a un principio fundamental: mientras nadie discute que la red necesita ampliarse, la verdadera disputa está en quién paga. Los reguladores establecen primero el costo total de un servicio público y luego determinan qué proporción corresponde a cada grupo de clientes: residenciales, comerciales, industriales y centros de datos.
Cuando un centro de datos requiere una conexión individual a una subestación existente, el operador del centro asume ese costo directo. Sin embargo, la complejidad surge cuando la demanda agregada obliga a ampliar subestaciones, reforzar líneas de transmisión o incorporar nueva generación eléctrica. Estas obras benefician a toda la red, pero la presión inicial proviene de grandes consumidores de tecnología.
La falta de una fórmula nacional uniforme ha llevado a las comisiones estatales a diseñar políticas particulares para cada caso, lo que genera inconsistencia regulatoria. Como la demanda de energía vinculada con inteligencia artificial ha crecido más rápido que las reglas tarifarias, las autoridades enfrentan decisiones urgentes mientras las empresas tecnológicas anuncian instalaciones de gran escala.
¿Por qué los centros de datos pagan menos que los hogares?
Uno de los puntos más controvertidos está en el cálculo de cargos por demanda máxima coincidente, que mide el consumo durante el momento en que el sistema alcanza su mayor presión. Los centros de datos pueden reducir significativamente su consumo durante esas horas críticas mediante estrategias de flexibilidad operativa que normalmente no están disponibles para consumidores residenciales.
Esta capacidad de adaptación permite a los grandes operadores disminuir ciertos cargos de electricidad. A modo de comparación, la minería de criptomonedas en Texas ha demostrado cómo algunas instalaciones ajustan su consumo minuto a minuto para evitar costos elevados durante períodos críticos. Los hogares, en cambio, tienen pocas opciones: una familia necesita mantener equipos esenciales funcionando independientemente de cuándo la red enfrente su mayor demanda.
Este desequilibrio puede influir decisivamente en la distribución final de costos. Si los grandes consumidores reducen su uso justo durante el período utilizado para calcular tarifas, otros clientes absorben una parte mayor de las inversiones necesarias para ampliar la red. Además, las compañías eléctricas, clientes industriales y administradores de centros de datos cuentan con equipos legales y técnicos especializados para defender sus intereses en procedimientos regulatorios, mientras que los consumidores residenciales tienen recursos limitados.
¿Cuál es el riesgo para las facturas eléctricas residenciales?
Un análisis publicado por Brookings el 9 de julio de 2026 señala un consenso creciente sobre el riesgo de facturas más elevadas si no cambian las reglas de asignación de costos. Una proyección de ICF estimó que las tarifas eléctricas residenciales podrían aumentar entre 15% y 40% para 2030 si las estructuras actuales permanecen sin modificaciones, mientras que algunas compañías de servicios públicos podrían duplicar sus tarifas entre el presente y 2050.
El debate ha cambiado respecto a años anteriores. En 2025, varios defensores de la industria sostenían que una mayor inversión en centros de datos terminaría reduciendo los costos eléctricos. Sin embargo, esa promesa depende de cómo se financien las obras y de cuánta demanda permanente generen realmente los nuevos centros. Si las instalaciones consumen menos electricidad de la prevista o nunca se construyen, la red podría quedar con inversiones difíciles de recuperar.
La sobreconstrucción representa otro riesgo concreto. Estimaciones de Sightline Climate sugieren que hasta la mitad de los grandes proyectos de centros de datos previstos para 2026 nunca llegarían a construirse. Datos de Wood Mackenzie también mostraron que los anuncios de nuevos centros de datos a gran escala se redujeron a la mitad entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025.
¿Qué hace la Promesa de Protección al Consumidor?
Ante estas preocupaciones, el presidente Donald Trump anunció el 4 de marzo de 2026 una iniciativa voluntaria llamada Promesa de Protección al Consumidor. Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI se comprometieron a financiar la infraestructura energética que necesitan sus centros de datos y a pagar tarifas negociadas, incluso cuando no utilicen la electricidad.
Sin embargo, el carácter voluntario del compromiso deja abierta la discusión sobre su alcance y efectividad. Las comisiones estatales deben definir si pueden convertir esos compromisos en obligaciones ejecutables y cómo encajarán con las normas existentes para clientes industriales. La aplicación efectiva dependerá de decisiones regulatorias concretas en cada jurisdicción.
Implicaciones para empresas y administradores de negocios argentinos
Aunque este debate ocurre en Estados Unidos, tiene relevancia indirecta para empresas argentinas con operaciones o inversiones en el mercado estadounidense. El patrón de cómo se distribuyen costos de infraestructura entre grandes consumidores y usuarios residenciales puede replicarse en otros mercados, incluida la Argentina.
Para administradores de empresas y dueños de negocios, el escenario estadounidense ilustra un riesgo regulatorio importante: cuando la infraestructura pública debe expandirse para atender demandas concentradas de grandes operadores, existe presión política y económica para trasladar esos costos a usuarios residenciales o pequeños comerciales. En el contexto argentino, donde la inversión en infraestructura energética es crítica, este patrón podría replicarse en futuras decisiones sobre tarifas eléctricas y distribución de costos de ampliación de redes. Las empresas que operan en sectores intensivos en energía deben monitorear cómo evolucionan estas discusiones regulatorias en mercados desarrollados para anticipar posibles cambios en políticas tarifarias locales.
