El Gobierno nacional aprobó un plan de acción para traspasar la responsabilidad financiera de las obras en curso del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a provincias, municipios y otros entes ejecutores.
¿Qué es el plan de acción para el FISU?
La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía formalizó mediante la Resolución 209/2026, publicada el 22 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial, un esquema que define el futuro de las obras en marcha del régimen de integración socio urbana en barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El eje central de la medida es que las jurisdicciones locales asuman el financiamiento sin asistencia del Estado nacional, entrando en vigencia a partir del 24 de septiembre de 2026 con cumplimiento obligatorio para todas las dependencias competentes.
¿Qué sucede si hay incumplimientos en las obras?
Ante irregularidades de entes ejecutores o contratistas, el Estado nacional podrá recuperar fondos y rescindir convenios si no se toman medidas correctivas. En estos casos, se notificará a la provincia o municipio correspondiente para que evalúe continuar la obra con recursos propios. Si no existen incumplimientos o las irregularidades ya fueron subsanadas, se analizará la viabilidad de que la jurisdicción local asuma el financiamiento completo.
Para los casos donde la provincia, municipio u ente ejecutor no acepte continuar con fondos propios o le resulte inviable, la administración determinará de manera restrictiva y fundada si conviene seguir adelante. Esta decisión considerará el grado de avance de la obra, el interés público comprometido y los costos de ejecución junto con la disponibilidad de recursos.
Antecedentes: por qué se disolvió el FISU
El Decreto 312/2025 disolvió el FISU en mayo de 2025 tras un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó múltiples problemas en su funcionamiento. Entre las observaciones figuraban incumplimiento generalizado de plazos de ejecución, retrasos en rendiciones de cuentas, incumplimientos contractuales y falta de comunicación de proyectos al fiduciario. También se señalaron compras de predios cercanos a basurales con efectos contaminantes y adjudicaciones de obras a cooperativas sin antecedentes acreditados de especialidad e idoneidad.
Sin embargo, el Juzgado Federal de Pehuajó suspendió la liquidación del patrimonio del fondo mediante una cautelar interina dictada el 23 de mayo de 2025, en el marco de un amparo colectivo iniciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros. El 9 de junio de 2025, el mismo tribunal hizo lugar a la medida cautelar y emplazó al Estado nacional a elaborar un plan de actuación para garantizar la continuidad de la política de integración socio urbana en los barrios del RENABAP.
Cambios en la estructura del FISU
Con la aprobación del nuevo plan, la Resolución 209/2026 deroga la Resolución 58/2025 que había fijado la integración del Comité Ejecutivo del FISU. El Gobierno argumentó que, con el cambio en el marco jurídico del fondo, ese comité quedó sin funciones, siendo sus tareas transferidas a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía. La elaboración del plan contó con un relevamiento de la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano, que detalló todas las obras en curso, sus objetos, fondos afectados, entes ejecutores, grados de avance e incumplimientos detectados.
Impacto para administradores y empresas en barrios populares
Este cambio de estrategia tiene implicancias directas para los administradores de empresas y contratistas que operan en barrios populares. La transferencia de responsabilidad financiera a gobiernos locales introduce incertidumbre sobre la continuidad de obras y la disponibilidad de fondos. Las empresas ejecutoras deberán negociar directamente con provincias y municipios, potencialmente enfrentando mayores dificultades para cobrar servicios si las jurisdicciones locales carecen de presupuesto. Además, el riesgo de rescisión de convenios por incumplimientos amplía la exposición legal y financiera de contratistas. Para los dueños de negocios en estas áreas, la demora o paralización de obras de integración urbana puede afectar el valor de sus propiedades y el acceso a servicios básicos, impactando la viabilidad comercial de emprendimientos en barrios populares.
