El Senado votará este jueves 17 de julio de 2026 la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce cambios radicales en los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos. La norma habilita el desalojo acelerado a los 10 días de la intimación por falta de pago en alquileres con destino habitacional, reemplazando los 3 días del proyecto inicial tras negociaciones en el Senado.
¿Cuál es el nuevo plazo para intimar el pago de alquiler?
El locador deberá intimar fehacientemente al inquilino con un plazo mínimo de 10 días corridos desde la recepción de la notificación para que regularice el pago. Este período de gracia fue ampliado a solicitud de los bloques aliados al Gobierno durante la negociación legislativa. Las notificaciones dirigidas al domicilio denunciado en el contrato se consideran válidas incluso si el inquilino se rehúsa a recibirlas, y también se autoriza el uso del domicilio electrónico constituido en el acuerdo locativo.
¿Cómo funciona el desalojo abreviado?
Todas las acciones de desalojo, tanto urbanas como rurales, se tramitarán por proceso sumarísimo, la vía judicial más rápida disponible. En casos de falta de pago o vencimiento de contrato, el propietario puede solicitar al juez la desocupación inmediata del inmueble bajo caución juratoria. Sin embargo, si se comprueba que el locador obtuvo el desalojo inmediato ocultando documentación —como recibos de pago o la vigencia del contrato— enfrentará una multa de hasta 10 veces el valor del último alquiler a favor del inquilino. Para evitar dilaciones, solo se admitirá prueba documental y pericial.
Obligaciones al finalizar el contrato
El propietario tiene obligación de recibir las llaves del inmueble y no puede negarse a recibirlas ni condicionar su entrega. Si el dueño se rehúsa, el inquilino puede realizar consignación judicial de las llaves. Las obligaciones de pago de alquiler cesan a partir del día en que el inquilino notifique fehacientemente que las llaves están a disposición del propietario, siempre que realice la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes.
Cambios en ocupaciones ilegales y barrios populares
Para casos de ocupación ilegal, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble en cualquier estado del juicio si el derecho invocado es verosímil, bajo caución juratoria. La solicitud debe resolverse en un plazo máximo de 5 días. Dentro de las primeras 72 horas de dictada la primera providencia, el juez debe ordenar un reconocimiento judicial para identificar a todos los ocupantes con nombre, apellido y documento. Los notificadores quedan autorizados a requerir auxilio de la fuerza pública para identificar ocupantes y allanar domicilios si fuera necesario.
El proyecto busca eliminar la suspensión general de desalojos por 10 años que rige actualmente en barrios populares. El Gobierno argumenta que esta prohibición genera un "incentivo perverso" que congela la regularización dominial. Tras 7 años de vigencia del régimen actual, solo el 0,08% de los habitantes de estos barrios han obtenido títulos de propiedad privada. Con estas medidas, se pretende reducir el riesgo de tomas de propiedades y aumentar la oferta de inmuebles en el mercado.
Impacto para propietarios y administradores de inmuebles en Argentina
Para los dueños de propiedades y administradores inmobiliarios, esta reforma representa un cambio sustancial en la seguridad jurídica. La agilización del desalojo reduce los tiempos de recuperación de inmuebles y disminuye la incertidumbre sobre el derecho de propiedad, factores que el Gobierno sostiene contribuirán a aumentar la oferta de viviendas en alquiler. La autorización de notificaciones electrónicas y el proceso sumarísimo aceleran los trámites judiciales, reduciendo costos legales. Sin embargo, los administradores deben prestar atención a los requisitos de documentación: cualquier ocultamiento de recibos o pruebas de vigencia del contrato resulta en multas significativas. Para empresas que administran carteras de inmuebles, esto implica sistemas robustos de registro y trazabilidad de pagos. Asimismo, la reforma a la Ley de Tierras Rurales —que elimina el límite del 15% del territorio nacional para compras por extranjeros, concentrando controles solo en operaciones con Estados extranjeros— abre oportunidades en el mercado de propiedades rurales, aunque genera incertidumbre respecto al "silencio administrativo" a los 60 días en autorizaciones provinciales.
