El Gobierno simplificó significativamente los requisitos para constituir sociedades en la Inspección General de Justicia (IGJ), eliminando exigencias burocráticas que no estaban previstas en el Código Civil y Comercial. Las nuevas resoluciones, vigentes desde septiembre de 2026, buscan reducir tiempos, costos y facilitaciones operativas para emprendedores y empresarios que deseen formalizar sus negocios en Argentina.
¿Qué cambios implementó la IGJ para simplificar trámites?
El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques, derogó 33 artículos reglamentarios y dos resoluciones generales que imponían requisitos redundantes o de costos desproporcionados. El objetivo explícito fue reducir la burocracia, agilizar los tiempos de constitución y bajar los gastos asociados a la apertura formal de una empresa.
Los cambios más relevantes incluyen la eliminación del dictamen de precalificación profesional obligatorio (ahora es optativo), la flexibilización del objeto social para sociedades de cualquier tipo, y la simplificación de requisitos registrales. Las Sociedades de Acción Simplificada (SAS) ahora pueden adoptar "cualquier actividad lícita" como objeto social, sin necesidad de explicitar conexiones entre actividades ni describir detalladamente cada una de ellas.
Aportes de capital y acreditación: cómo funciona ahora
La normativa actualizada amplía significativamente las formas de acreditar aportes dinerarios. Los constituyentes pueden utilizar depósitos bancarios, transferencias, manifestaciones ante escribano y sistemas digitales. Para aportes de hasta dos salarios mínimos, se admite una declaración jurada simplificada.
Un cambio destacado es la incorporación de regulaciones específicas para aportes realizados mediante criptoactivos o activos virtuales, alineando la normativa registral con nuevas modalidades de inversión. Asimismo, se flexibiliza la acreditación de aportes no dinerarios, reduciendo la documentación requerida y acelerando el proceso.
Reserva de denominación y sede social: mayor flexibilidad
Las empresas pueden ahora reservar hasta tres denominaciones por 30 días, permitiendo explorar opciones sin perder tiempo en trámites previos. Respecto a la sede social, la normativa habilita que se fije posteriormente mediante decisión del órgano correspondiente, aunque también se permite complementar con una sede electrónica mediante correo electrónico (sin reemplazar la sede física obligatoria).
La ventanilla de presentación de documentación genera una constancia electrónica, reduciendo la burocratización. Este mecanismo integrado permite obtener simultáneamente la personería jurídica y el CUIT, simplificando la operatoria de formalización.
Arbitraje y resolución de conflictos en documentos constitutivos
Los instrumentos constitutivos de las sociedades pueden ahora incorporar cláusulas arbitrales obligatorias, permitiendo que los conflictos societarios se resuelvan mediante arbitraje en lugar de litigio judicial. La IGJ deberá publicar modelos orientativos para facilitar su adopción. Este cambio moderniza la gestión de disputas internas y reduce la sobrecarga del sistema judicial.
¿Qué significa el nuevo esquema de control de la IGJ?
Antes de estos cambios, la IGJ aplicaba controles previos exhaustivos sobre la documentación constitutiva. El nuevo esquema centra el control en la inscripción, publicidad y certeza jurídica, limitando drásticamente los requisitos de validación previa. Esta reorientación acelera los tiempos sin comprometer la seguridad legal de las operaciones.
Los especialistas consultados destacan que estas medidas se alinean con las disposiciones del Código Civil y eliminan exigencias que la IGJ había impuesto más allá de lo fijado por ley. Florencia Galante, directora de GEM en TMF Group, subraya que el cambio "otorga mayor amplitud operativa y reduce la necesidad de futuras modificaciones estatutarias", evitando costos y trámites adicionales durante la vida de la empresa.
Impacto para pymes y empresarios: oportunidades y desafíos pendientes
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, estas reformas representan una reducción significativa de costos y tiempos en la formalización. La eliminación de requisitos redundantes, la flexibilidad en objetos sociales y la aceptación de aportes en criptoactivos posicionan a Argentina como destino más competitivo para emprendimientos nuevos y empresas extranjeras que buscan radicar operaciones locales.
Sin embargo, los expertos advierten que subsisten desafíos estructurales: la multiplicidad de registros (AFIP, ARCA, municipios), la carga regulatoria en otras áreas, y los tiempos de procedimientos administrativos fuera de la IGJ siguen siendo limitantes para la competitividad. Las reformas de septiembre de 2026 cierran un cuello de botella importante, pero requieren complementarse con simplificaciones en otros organismos para maximizar su impacto en la facilidad de hacer negocios en el país.
