El Gobierno nacional otorgó $400.000.000,00 a Córdoba como anticipo financiero reintegrable, en un contexto de negociaciones políticas entre la administración Milei y el gobernador Martín Llaryora sobre reformas electorales y apoyo legislativo.
¿Cuál es el monto y las condiciones del anticipo a Córdoba?
Según el Decreto 584/2026 publicado el lunes 14 de julio, la provincia de Córdoba accedió a un anticipo de hasta $400.000.000,00 del Tesoro nacional para atender dificultades financieras transitorias. El crédito deberá reintegrarse durante el ejercicio fiscal 2026 con una tasa nominal anual del 15% y será recuperado mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación federal.
Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno: durante 2026, administraciones provinciales como Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe ya habían accedido a esquemas similares de asistencia financiera reintegrable. Córdoba se incorpora ahora a ese mecanismo bajo la conducción de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete nacional.
Deterioro de cuentas provinciales: por qué Córdoba necesitaba el anticipo
El contexto fiscal que explica esta decisión es crítico. Según datos del IARAF (Instituto Argentino de Responsabilidad Fiscal) correspondientes a 2025, el déficit fiscal afectó nuevamente a las provincias: apenas once de las 23 jurisdicciones con información disponible cerraron con superávit primario, una caída significativa respecto a 2024, cuando veinte provincias lo habían logrado.
En Córdoba específicamente, el atraso en los giros de coparticipación y obligaciones incumplidas generaron presión sobre las finanzas locales. Según voces allegadas al gobernador, el anticipo se utilizaría para cancelar deudas atrasadas, compensar la baja en recaudación y sostener el ritmo de inversión en obra pública durante el resto de 2026.
¿Qué negociaciones políticas rodean el anticipo a Córdoba?
Más allá de la asistencia financiera, fuentes cercanas al peronismo federal confirmaron que Diego Santilli estaría negociando un pacto electoral con Martín Llaryora. El acuerdo consistiría en que legisladores cordobeses voten la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) en el Congreso Nacional, a cambio de que el Gobierno nacional presente candidatos divididos en Córdoba de cara a las elecciones de 2027.
Esa estrategia beneficiaría la reelección provincial de Llaryora: si el oficialismo nacional se divide en la provincia, la competencia interna debilitaría a los candidatos nacionales y facilitaría el camino del gobernador peronista. Hace meses, voces cordobesas habían manifestado disposición a eliminar las PASO y reemplazarlas por una primaria abierta pero no obligatoria.
Cuando se consultó a voceros oficiales cordobeses sobre la existencia de este pacto, no hubo confirmación ni negación explícita. "No es tan lineal, vamos paso a paso", respondieron allegados al llaryorismo, sin profundizar en detalles de las negociaciones en curso.
Escenario electoral 2026-2027: importancia de Córdoba para Milei
Para la administración Milei, el desempeño electoral en Córdoba reviste importancia estratégica de cara a su propia reelección nacional en 2027. Según evaluaciones de allegados al gobernador, la imagen presidencial en la provincia ha mostrado volatilidad: tras una caída de 15 puntos hace un mes, registró un rebote de 2 a 3 puntos en mediciones recientes.
En ese contexto, negociar con Llaryora sobre reformas legislativas clave —como la eliminación de las PASO y la modificación de subsidios por Zonas Frías— se presenta como una salida política que permite al Gobierno nacional avanzar con su agenda mientras asegura estabilidad en una provincia clave para el equilibrio electoral nacional.
Impacto para empresas y administradores de negocios en Córdoba
El anticipo de $400.000.000,00 tiene implicancias directas para el sector empresarial cordobés. La inyección de liquidez permitirá a la administración provincial cancelar deudas atrasadas y mantener el ritmo de obra pública, lo que genera demanda para proveedores, contratistas y profesionales vinculados a proyectos de infraestructura.
Sin embargo, los administradores de empresas deben considerar que el crédito debe reintegrarse durante 2026 con tasa del 15% anual, lo que implica que hacia fin de año la provincia enfrentará nuevamente presión fiscal para devolver el monto. Esto podría traducirse en ajustes presupuestarios, demoras en pagos a proveedores o revisión de subsidios en 2027, factores que afectan la planificación financiera de pymes y grandes empresas locales.
Además, las negociaciones sobre reforma electoral y subsidios por Zonas Frías generan incertidumbre regulatoria que las empresas deben monitorear, especialmente aquellas que operan en regiones beneficiadas por esos programas de fomento.
