La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó el marco regulatorio para todos los Registros de la Propiedad Inmueble del país mediante la resolución 93/2026, que entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Boletín Oficial y establece obligaciones más estrictas de prevención del lavado de activos.
¿Qué cambios trae la nueva regulación de la UIF?
La resolución 93/2026, firmada por Matías Gabriel Álvarez, presidente de la UIF desde abril de 2026, reemplaza normativas que databan de 2011. Los registros de propiedad de todo el país deberán adoptar un sistema de prevención con enfoque basado en riesgo, lo que implica que cada organismo debe identificar, evaluar y mitigar los riesgos según sus características y operatoria específica.
Esta actualización responde a la necesidad de fortalecer los controles sobre operaciones inmobiliarias, que representan un volumen significativo de transacciones en la economía argentina y requieren supervisión más rigurosa para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuevas obligaciones de reporte mensual para registros
Los registros de propiedad deberán modificar su régimen de reportes mensuales a la UIF. Hasta ahora reportaban compraventas de inmuebles superiores a 750 salarios mínimos, vitales y móviles y usufructo vitalicio con valuaciones mayores a 200 salarios mínimos.
Con la nueva norma, desaparece la obligación de reportar usufructo vitalicio y se incorporan dos categorías nuevas:
- Inscripciones de donaciones de inmuebles
- Actos sobre inmuebles otorgados en el extranjero, incluyendo constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales cuando el acto jurídico se realizó fuera de Argentina
Los reportes deben presentarse antes del 15 de cada mes en formato digital. Esta ampliación del monitoreo busca detectar operaciones internacionales que impacten en el sistema registral argentino y puedan estar vinculadas a movimientos ilícitos de fondos.
Rol del Oficial de Cumplimiento y plazos de reporte
Cada registro de propiedad deberá designar un Oficial de Cumplimiento titular y uno suplente, registrados ante la UIF. Este funcionario será responsable de proponer políticas internas, elaborar un manual de prevención, analizar operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas.
Los plazos son estrictos: 24 horas para reportar operaciones sospechosas vinculadas a lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas. En casos de lavado, el plazo máximo es de 90 días corridos desde que la operación fue realizada.
La resolución también elimina la exigencia de que los registros presenten una declaración jurada sobre cumplimiento de normas, ya que la UIF puede verificar esa información directamente a través de fuentes y registros oficiales, evitando duplicación de trámites innecesarios.
Señales de alerta y herramientas de monitoreo
Los registros deben implementar herramientas tecnológicas para monitorear su operatoria e identificar patrones sospechosos. La norma enumera señales de alerta específicas que requieren atención especial:
- Inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble donde el precio varía más del 30% en un año
- Concentración de múltiples operaciones en cabeza de una misma persona
- Inconsistencias en datos de identificación de los intervinientes
Cada registro debe contar con un Manual de Prevención y un Código de Conducta que incluya sanciones internas ante incumplimientos. La documentación de operaciones y operaciones inusuales debe conservarse por 10 años.
Calendario de implementación y plazos clave
Los registros tienen 240 días corridos desde la publicación de la resolución para adecuar el manual de prevención, aprobar el código de conducta y ajustar sus herramientas tecnológicas. La nueva modalidad de reportes comenzará a regir a partir de noviembre de 2026.
Este cronograma permite que los organismos registrales preparen sus sistemas internos y capaciten al personal responsable de cumplir con las nuevas obligaciones antilavado.
Impacto en administradores y dueños de empresas inmobiliarias
Para administradores de empresas inmobiliarias y desarrollistas, estas nuevas normas implican mayor escrutinio en todas las transacciones de propiedad. Los registros ahora monitorizarán variaciones de precio, patrones de operaciones sucesivas y datos de identificación de compradores y vendedores con mayor rigor.
Es fundamental que los operadores inmobiliarios cuenten con documentación completa y consistente en todas sus transacciones. Cualquier variación significativa de precios o concentración de operaciones será sometida a análisis de riesgo por parte de los registros, potencialmente ralentizando procesos de inscripción. Además, las operaciones con participación de terceros en el extranjero serán reportadas automáticamente, por lo que la transparencia en la identificación de las partes es crítica para evitar demoras o bloqueos en inscripciones.
Los desarrolladores y empresas de real estate deben revisar sus procedimientos internos y asegurar que cumplen con los estándares de documentación que exigirán los registros a partir de noviembre de 2026.
