El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones el 2 de octubre de 2026 contra tres personas y dos organizaciones benéficas acusadas de financiar a Hamás mediante una red que combinó donaciones, transferencias bancarias y operaciones con criptomonedas. Las autoridades sostienen que Saleem al-Zaq recaudó más de US$ 2 millones para el grupo palestino, de los cuales US$ 1,5 millones se reunieron tras el ataque del 7 de octubre de 2023.
¿Quiénes fueron sancionados por financiamiento a Hamás?
Las sanciones alcanzaron a Saleem al-Zaq, identificado como subcomandante de batallón de las Brigadas Al-Qassam; a los recaudadores con base en Francia Faouzi Barika y Amel Oualid; y a las organizaciones benéficas Association Baraka y Ensemble C Mieux. Según las autoridades estadounidenses, estas entidades presentaban sus campañas como iniciativas de asistencia humanitaria en Gaza, aunque parte de los fondos habría sido desviada hacia al-Zaq y, desde allí, hacia Hamás. Las designaciones de OFAC no equivalen a una condena judicial, sino a medidas administrativas de control de activos.
La estructura operativa: donaciones, banca y activos digitales
La investigación revela que la red funcionó durante varios años combinando múltiples canales de transferencia. Las campañas de recaudación se iniciaron en Francia, donde Association Baraka y Ensemble C Mieux captaban donaciones presentándose como organizaciones de ayuda civil. Inicialmente, al-Zaq recibía fondos a través de Western Union. Sin embargo, en diciembre de 2021, solicitó a sus socios que utilizaran criptomonedas en lugar de servicios de remesas tradicionales, argumentando que los activos digitales permitirían mayor discreción en los movimientos.
Tras esa solicitud, Barika y Oualid transfirieron cientos de miles de dólares en activos digitales a direcciones controladas por al-Zaq. El Tesoro no especifica qué proporción del total recaudado transitó por criptomonedas ni detalla cuáles fueron las monedas digitales utilizadas, más allá de mencionar que al-Zaq solicitó expresamente Bitcoin. En mayo de 2023, cuando un exchange cuestionó el origen de los fondos, el socio de al-Zaq cambió de plataforma, ilustrando cómo la red ajustaba sus métodos ante el escrutinio regulatorio.
Cifras en disputa y el rastreo en blockchain
Las autoridades presentan dos conjuntos de cifras que corresponden a períodos y definiciones distintas. Los fiscales estadounidenses calculan que al-Zaq y sus asociados recaudaron aproximadamente US$ 1,75 millones hasta diciembre de 2025, incluidos al menos US$ 626.000 provenientes de donantes estadounidenses. El Tesoro, por su parte, sostiene que al-Zaq recaudó más de US$ 2 millones para Hamás, con US$ 1,5 millones movilizados después del 7 de octubre de 2023.
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis identificó conexiones entre direcciones de billeteras utilizadas en la red y direcciones previamente vinculadas a Hamás en órdenes de incautación israelíes. Sin embargo, el rastreo en blockchain proporciona líneas de investigación sin constituir prueba definitiva de identidad o intención. El Tesoro no publicó un desglose detallado de cada transferencia, qué proporción correspondió a criptomonedas versus canales bancarios, ni listó las plataformas específicas utilizadas en cada operación.
Acciones judiciales paralelas y antecedentes regulatorios
De forma simultánea a las sanciones de OFAC, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cargos contra al-Zaq y anunció seis arrestos relacionados con el caso, aunque sin identificar a las personas detenidas ni especificar los cargos individuales. En octubre de 2023, OFAC ya había sancionado al exchange Buy Cash, con base en Gaza, por conexiones presuntas con redes de financiamiento de Hamás; no obstante, la información disponible no establece que Buy Cash participara en las operaciones atribuidas a al-Zaq y su red, tratándose de episodios separados.
Implicancias para empresas y administradores en Argentina
Estos casos de sanciones internacionales por financiamiento de organizaciones designadas como terroristas imponen obligaciones crecientes de cumplimiento normativo (compliance) para empresas argentinas que operen en el comercio internacional, especialmente aquellas vinculadas con servicios financieros, exchanges de criptomonedas, remesas y comercio electrónico. Las autoridades regulatorias argentinas, incluyendo la Unidad de Información Financiera (UIF), coordinan con organismos como OFAC para identificar y bloquear transacciones que financien entidades sancionadas. Los administradores de empresas deben revisar sus políticas de debida diligencia (KYC/AML), particularmente si operan con proveedores internacionales, aceptan pagos en criptomonedas o canalizan remesas. El incumplimiento de estas obligaciones expone a las organizaciones argentinas a sanciones administrativas, bloqueos de cuentas y responsabilidad penal de sus directivos. La tendencia global hacia mayor regulación de activos digitales y mayor transparencia en flujos financieros internacionales afecta directamente el diseño de políticas de riesgo en empresas argentinas que participan en economía digital o comercio transfronterizo.
