La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentará un esquema de monitoreo de baja intensidad aplicable a personas que exterioricen fondos bajo la Ley de Inocencia Fiscal, resolviendo así una preocupación central: evitar que los bancos reporten operaciones sospechosas por desconocer el origen de los dólares no declarados.
¿Qué es el monitoreo de baja intensidad de la UIF?
Matías Álvarez, presidente de la UIF, informó durante la reunión de las Comisiones de Presupuesto y Legislación General del 12 de agosto de 2026 que la reglamentación establecerá tres niveles de monitoreo: simplificado, intensidad media e intensidad alta. El nivel de baja intensidad será el aplicable a personas humanas que blanqueen fondos en el marco de Inocencia Fiscal.
Esta medida responde a una necesidad urgente: durante 2026, ya se presentaron más de 50.000 Reportes de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF por parte de entidades financieras. Álvarez señaló que esta cifra en aumento dificulta identificar operaciones realmente vinculadas al narcotráfico o terrorismo, diluyendo el foco de control sobre actividades ilícitas graves.
Cómo funciona el control simplificado para bancos y contribuyentes
El texto del dictamen de Inocencia Fiscal II establece que la inclusión en el Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias constituirá un antecedente favorable para las entidades bancarias que reciben los fondos exteriorizados. Esto abre el camino para que la UIF defina parámetros objetivos de debida diligencia adaptados a este perfil de clientes.
Según Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores, la reglamentación brindará un parámetro objetivo y certidumbre legal a quienes blanqueen dinero, eliminando la incertidumbre actual. "Hoy no existe ningún parámetro concreto que permita saber qué cantidad exacta se puede exteriorizar", explica Rodríguez.
Se espera que la UIF establezca un monto límite de exteriorización sin necesidad de justificar origen, determinado en función del perfil del cliente dentro del banco y su categoría como contribuyente. Esto significa que contribuyentes de menor envergadura tendrán límites diferentes a los de mayor capacidad económica.
Protecciones adicionales: justificación patrimonial y rectificación sin pérdida de beneficios
La Ley de Inocencia Fiscal II complementa el control de baja intensidad con dos cambios estructurales. Primero, elimina la obligación de confeccionar el cuadro exhaustivo de variaciones patrimoniales (F.711), reemplazándolo por un borrador pre-cargado que ARCA proporciona con datos fiscales disponibles.
Segundo, invierte la lógica de fiscalización: el organismo debe demostrar una "discrepancia significativa" utilizando datos declarados o de sus propios sistemas antes de invalidar beneficios. Esto permite a contribuyentes rectificar declaraciones durante auditoría sin perder protecciones, hasta 15 días después de notificada la boleta de deuda.
Blindaje fiscal: la presunción de exactitud y el "tapón" sobre años anteriores
El Régimen Simplificado administrado por ARCA incluye dos garantías clave. La presunción de exactitud (iuris et de iure) presume que la declaración jurada es 100% correcta, impidiendo ajustes, fiscalizaciones de oficio o aplicación de multas tributarias mientras permanezca firme.
El "tapón fiscal" funciona como blindaje retroactivo: al ratificar el régimen y pagar el período base (2025), ARCA queda privada de facultad para revisar períodos anteriores no prescriptos (2022, 2023, 2024). Esta protección cubre Impuesto a las Ganancias e IVA, lo que significa que dólares exteriorizados quedan protegidos de cuestionamientos sobre origen mientras se mantenga intacto el período fiscal base.
Impacto para empresas y administradores: certidumbre en la exteriorización de fondos
Para dueños y administradores de empresas, esta reglamentación resuelve un dilema operativo crítico: cómo llevar dólares no declarados al sistema bancario sin generar reportes de sospecha que deriven en investigaciones. El control de baja intensidad, combinado con la presunción de exactitud y el tapón fiscal, crea un entorno de certidumbre legal.
La medida beneficia especialmente a contribuyentes que califiquen para el Régimen Simplificado, permitiendo regularizar posiciones sin exposición a penalidades administrativas ni investigaciones sobre origen de fondos. Sin embargo, es fundamental cumplir formalmente: presentar y pagar la declaración jurada en tiempo y forma es el requisito indispensable para mantener todas las protecciones intactas.
Para quienes administran empresas con excedentes en efectivo no declarado, esta arquitectura normativa (monitoreo simplificado + justificación patrimonial flexible + rectificación permitida) representa una ventana de regularización con seguridad jurídica sin precedentes en Argentina.
