Los traductores públicos argentinos se sumaron a la resistencia contra la agenda desreguladora del Gobierno. El sector lanzó una campaña para impedir la derogación del artículo 6 de la Ley 20.305, que exige traducción certificada por profesional matriculado para documentos en idioma extranjero presentados ante organismos nacionales.
¿Por qué el Ministerio de Desregulación busca eliminar esta obligación?
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, argumenta que la obligatoriedad de traducciones certificadas genera carga burocrática que encarece trámites e inhibe inversiones extranjeras. El anteproyecto propone derogar el artículo 6 e incorporar un nuevo artículo 1 ter a la Ley de Procedimiento Administrativo (19.549), permitiendo que el Poder Ejecutivo determine excepcionalmente qué trámites requieren traducción pública, en lugar de la ley.
Sin embargo, el proyecto aún no fue enviado al Congreso. Dentro del Gobierno existe desacuerdo interno sobre su viabilidad política. Sturzenegger llega a esta iniciativa debilitado tras dos retrocesos consecutivos: en agosto de 2026, el Ejecutivo debió retirar capítulos sobre reforma a la Ley de Tierras Rurales y Ley de Manejo del Fuego por falta de apoyo de gobernadores aliados. Además, el Decreto 690/2026 que desregulaba el practicaje portuario provocó un paro que paralizó puertos durante tres o cuatro días, con aproximadamente 180 buques demorados y pérdidas cercanas a US$ 300.000.000.
La respuesta organizada del sector profesional
El Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que agrupa a más de 9.900 matriculados en más de 35 idiomas, inició gestiones ante autoridades nacionales. La traductora pública Lorena Carassai impulsa una petición ciudadana en Change.org reclamando al Poder Ejecutivo que excluya esta derogación de cualquier reforma.
El argumento central del sector es que "El Traductor Público no protege un privilegio corporativo, protege el interés público". Advierten que habilitar traducciones simples —realizadas por personas sin título habilitante o mediante inteligencia artificial, sin control ni responsabilidad— aumenta riesgos de errores, falsificaciones y fraudes documentales.
¿Qué riesgos jurídicos plantea la derogación?
El Colegio presentó argumentos legales sólidos ante las autoridades. La reforma generaría un esquema de inseguridad jurídica inédito: mientras en provincias y fuero judicial seguiría rigiendo la obligatoriedad de traducción pública —conforme exigen los artículos 114, 115, 254 y 268 de los Códigos Procesal Civil y Penal, y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos—, en el Poder Ejecutivo nacional esa garantía desaparecería.
El sector también invoca el artículo 247 del Código Penal, que sanciona el ejercicio de una profesión sin título habilitante, para advertir que la reforma promovería desde el Estado una práctica que la ley penal castiga. Además, como se trata de una ley de aplicación local en la Ciudad de Buenos Aires, modificarla por norma federal implicaría afectación al federalismo y autonomías provinciales.
Contexto más amplio de desregulación
La reforma de traductores no es aislada. Se enmarca en un proyecto que propone derogar o modificar 37 leyes en un solo texto, elaborado por la misma cartera. El proyecto alcanza también a martilleros, corredores, farmacias y la Ley de Fomento del Libro, entre otras normas sectoriales.
El Colegio y la carrera de Traductorado Público de la UBA advierten que agotarán herramientas institucionales y judiciales si el anteproyecto avanza. Piden que cualquier reforma sea debatida con participación de Colegios de Traductores, universidades, especialistas en derecho, operadores judiciales y sociedad civil, antes de llegar al recinto.
Impacto para empresas y administradores de negocios
Para pymes y empresas que operan con documentación extranjera, esta derogación representaría riesgos concretos. La eliminación de la obligatoriedad de traducción certificada podría generar conflictos legales en trámites administrativos, registrales y aduanales. Administradores de empresas deberán evaluar si aceptar traducciones no certificadas expone sus operaciones a impugnaciones futuras, sanciones o rechazos administrativos. La inseguridad jurídica que crearía esta reforma —validando traducciones sin responsabilidad profesional en el ámbito ejecutivo mientras persiste en lo judicial— complica la planificación legal de negocios que requieren documentación bilingüe. Empresas con inversores extranjeros o que importan/exportan enfrentarían mayor incertidumbre regulatoria durante 2026 y 2027.
