La economía argentina transita un proceso de recuperación con resultados dispares: mientras los indicadores macroeconómicos muestran mejora —superávit comercial y acumulación de reservas en el Banco Central—, una parte significativa de la población percibe y experimenta un deterioro en su situación personal. Este fenómeno genera una brecha entre los números agregados y la realidad cotidiana de empresas y trabajadores.
¿Por qué mejora la macro si muchos están peor?
Las condiciones previas a 2024 eran incompatibles con el desarrollo económico: alta inflación, caída del ahorro, baja inversión y productividad en retroceso caracterizaban la economía argentina. Según datos disponibles, la pobreza había alcanzado el 50% de la población y las exportaciones estaban estancadas en volumen físico. El estancamiento económico se extendía desde hacía más de una década, incluso en la industria manufacturera.
A medida que se fue ordenando el Banco Central, el Estado, la deuda pública y el sistema bancario, además de reducirse distorsiones como los múltiples tipos de cambio, emergió una microeconomía profundamente deformada. Durante años, Argentina se desconectó parcialmente de los cambios en los negocios globales, lo que genera hoy la necesidad de una transformación importante en empresas, empleo y sectores económicos.
Cualquier cambio de esquema económico produce ganadores y perdedores. Lo crucial es si el nuevo modelo económico que se desarrolla en Argentina permitirá que todos sean ganadores en mayor o menor medida a largo plazo.
¿Cómo explica la heterogeneidad entre sectores y regiones?
Los datos económicos muestran una dispersión importante entre sectores y regiones distintas. Incluso dentro de cada sector, las realidades son diferentes. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la actividad económica creció 1,5% en el período analizado, pero esta cifra oculta una clara prevalencia de sectores exportadores sobre aquellos orientados al mercado local.
En las familias de clase media con trabajos formales se observa un aumento en la proporción del ingreso destinada a servicios públicos, salud y educación. Este incremento de gastos fijos reduce la capacidad de gasto en consumo. Inicialmente, una recuperación del salario real y la expansión crediticia entre la segunda mitad de 2024 y 2025 compensaron este efecto. Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2025, la volatilidad financiera electoral impactó negativamente en variables como crédito, tasas de interés y morosidad bancaria.
Durante los primeros meses de 2026, una aceleración inflacionaria no anticipada en los acuerdos laborales provocó caída del salario real, sumado a aumentos de tarifas. Todo ello frenó la absorción doméstica en el primer trimestre del año.
¿Está contenida la morosidad crediticia o se la minimiza?
La suba de morosidad es un fenómeno común en planes de estabilización. Estudios comparativos muestran patrones similares: en Brasil, con el Plan Real, la morosidad subió del 8% al 13%; en México, a finales de los años 80, se duplicó del 7% al 15%; en Israel, a mediados de los 80, aumentó 3 puntos porcentuales. En Turquía, el incremento llegó a 20 puntos.
La lógica es clara: durante años de inflación alta, la mora se licuaba naturalmente, lo que impedía construir historias crediticias sólidas. La desinflación, combinada con expansión rápida del crédito e irrupción tecnológica, generó estrés sobre el sistema de riesgo crediticio en un período muy breve. La volatilidad financiera post-eliminación de Lefi y unificación cambiaria en abril de 2025 multiplicó este efecto.
Parecería que la morosidad está contenida, aunque no necesariamente resuelta. Si el proceso de desinflación continúa durante el segundo semestre de 2026, las tasas de interés podrían bajar, lo que facilitaría una reducción en los índices de mora.
¿Qué fragilidades enfrenta el programa económico?
La inversión es la principal preocupación. Mayores niveles de inversión garantizan crecimiento económico más rápido y permiten que los beneficios del programa lleguen más rápido a la sociedad. Sin embargo, en junio de 2026 se registró una caída de la inversión del 6,2% interanual en términos de volumen físico, acumulando una baja de 7,6% en el primer semestre del año.
Los anuncios de inversión, en cambio, vienen bien. En los últimos 12 meses los anuncios triplicaron el período anterior: pasaron de US$ 46.000 millones a más de US$ 150.000 millones. Pero estos anuncios aún no se traducen en inversiones concretas. Las inversiones en sectores petroleros con deuda y capital propio avanzan, mientras que el resto enfrenta desafíos. Los proyectos de greenfield están muy concentrados en el RIGI, que recién comienza su ejecución.
El ruido político afecta particularmente las inversiones largas, como las mineras, donde esperar un poco más no altera significativamente los tiempos de ejecución. Argentina compite con países sin inflación, sin control de capitales, con infraestructura desarrollada y completamente normalizados, ventajas que aún no logra.
¿Cuál es el riesgo de la precarización laboral?
La economía formal sigue débil mientras el empleo informal y el independiente resisten mejor. Este patrón refleja la transformación económica en marcha: empresas que competían con importaciones y servían al mercado interno necesitan reestructurarse, generando cambios en sus plantas laborales.
Con la tecnología actual, sumado al monotributo y esquemas recaudatorios simplificados, muchas personas que dejaron el sector formal comenzaron a trabajar como independientes más que como informales. Lo lógico es que, en la medida en que Argentina termine de reordenarse y modifique su perfil productivo, mucha de esa gente vuelva al mercado formal.
La judicialización de la reforma laboral incide, pero es un factor entre varios. El efecto principal proviene de la transformación estructural que requiere la economía argentina para adaptarse a las nuevas condiciones.
Impacto para administradores y dueños de empresas argentinas
Para los empresarios argentinos, el panorama presenta oportunidades y riesgos simultáneos. Las mejoras macroeconómicas —control de inflación, superávit fiscal y monetario ordenado— crean un piso de estabilidad que no existía hace dos años. Sin embargo, la debilidad de la demanda local, la volatilidad política y la caída de inversiones reales ponen presión sobre márgenes y rentabilidad.
Las empresas exportadoras y las que operan en sectores como minería o energía encuentran mejores condiciones competitivas. Las orientadas al mercado interno enfrentan desafíos mayores: consumo heterogéneo, tasas de interés altas aún, y demanda laboral débil que complica la retención de talento. La brecha entre anuncios de inversión y ejecución real sugiere que los empresarios esperan mayor certidumbre política antes de comprometer capital significativo.
El equilibrio fiscal y monetario es fundamental: mientras se mantenga, los riesgos sistémicos son bajos. Pero la velocidad de recuperación dependerá de si el Gobierno logra acelerar inversiones concretas, reducir la incertidumbre política y demostrar que el modelo beneficia a sectores más allá del complejo exportador. Para administradores de pymes, esto significa prepararse para un crecimiento lento en 2026, mientras se posicionan para aprovechar la expansión que podría venir si la inversión finalmente despega en 2027.
