La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está lista para emitir regulaciones propias sobre criptomonedas si el Congreso no sanciona la Ley CLARITY durante 2026, según confirmó su presidente Paul Atkins.
¿Qué puede hacer la SEC sin aprobación legislativa?
La SEC tiene autoridad normativa para abordar múltiples aspectos de la estructura del mercado cripto incluso sin que el Congreso apruebe la Ley CLARITY. Paul Atkins, presidente de la agencia, explicó durante julio de 2026 que la institución está preparada para intervenir en cuestiones centrales del sector digital mediante sus propias facultades regulatorias.
El funcionario aclaró que las reglas administrativas podrían cubrir temas clave sobre supervisión de participantes y actividades del mercado de activos digitales. Sin embargo, enfatizó que ese camino representa una alternativa, no la solución preferida por la agencia.
Según Atkins, la SEC colabora activamente con los legisladores para resolver dudas técnicas sobre la propuesta legislativa. La agencia está dispuesta a proporcionar asistencia en la redacción de disposiciones que clarifiquen la estructura del mercado, aunque considera que una ley permanente ofrece mayor certeza regulatoria.
Por qué una ley es mejor que reglas administrativas
El presidente de la SEC defendió explícitamente la aprobación de una legislación integral sobre criptomonedas. Argumentó que un estatuto aprobado por el Congreso proporcionaría certeza regulatoria duradera para empresas, inversores y supervisores, a diferencia de las decisiones administrativas que pueden modificarse según cambios en la orientación de la agencia.
Atkins enfatizó que "en última instancia, necesitamos la certeza de un estatuto que ayude a asegurar el futuro". Con esa declaración, distinguió entre una regla que la SEC puede emitir hoy y una norma con respaldo legislativo que blindaría el marco regulatorio frente a futuros cambios administrativos.
Una ley federal daría a la SEC una dirección clara para supervisar el mercado cripto y reduciría las dudas sobre el alcance de las competencias regulatorias en Estados Unidos. Ese marco también podría resolver las tensiones jurisdiccionales entre la SEC y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
El Senado posterga la votación: calendario apretado
Durante julio de 2026, el Senado dejó de lado la legislación sobre estructura del mercado digital para priorizar un paquete de sanciones contra Rusia y consideración de nominados presidenciales. Ese cambio de prioridades reduce significativamente el tiempo disponible para debatir y tramitar la Ley CLARITY antes del receso de agosto.
El retraso legislativo añade presión sobre la industria cripto, que busca asegurar la aprobación de un marco integral durante 2026. Cada demora limita las oportunidades de negociar disposiciones complejas y resolver desacuerdos sobre cuestiones técnicas y políticas.
Además del calendario apretado, existen negociaciones pendientes sobre disposiciones de ética gubernamental vinculadas con los intereses criptográficos del presidente Donald Trump. Esos desacuerdos constituyen una dificultad adicional separada de las cuestiones técnicas sobre estructura del mercado.
Escenario alternativo: Ley GENIUS y acciones de reguladores
Si el Congreso no aprueba la Ley CLARITY, el avance regulatorio probablemente se desplazará hacia la implementación de la Ley GENIUS, que constituiría uno de los principales puntos de atención para el sector. La SEC y la CFTC asumirían roles más relevantes mediante sus respectivas facultades regulatorias.
En ese escenario, la SEC podría emitir reglas para abordar varios asuntos incluidos en la propuesta de estructura del mercado. La CFTC también participaría en la definición de límites de supervisión aplicables a determinadas actividades digitales. Sin embargo, ese camino permitiría avances parciales sin ofrecer la misma estabilidad que una ley federal.
Las reglas administrativas pueden establecer criterios operativos, aunque el alcance de las competencias regulatorias seguiría sujeto al marco legal existente. La alternativa también podría prolongar el debate sobre la división de responsabilidades entre ambas agencias mientras el mercado espera una solución legislativa más permanente.
Impacto en empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas argentinas con operaciones o inversiones en criptomonedas, el resultado de las negociaciones en Washington tiene implicaciones directas. Un marco regulatorio claro en Estados Unidos reduce la incertidumbre sobre cumplimiento normativo y riesgos operacionales para negocios que interactúan con activos digitales.
Si la SEC aprueba reglas propias sin respaldo legislativo, las empresas enfrentarán mayor volatilidad regulatoria a mediano plazo. Los cambios en la administración federal podrían modificar la orientación de la agencia, afectando las estrategias de empresas argentinas que dependen de estabilidad regulatoria en mercados internacionales.
Una Ley CLARITY aprobada durante 2026 ofrecería mayor previsibilidad sobre obligaciones regulatorias y dirección de la supervisión federal. Esto beneficiaría a empresas argentinas que operan en el ecosistema cripto, permitiéndoles planificar operaciones a largo plazo con mayor confianza en el marco legal estadounidense.
Mientras tanto, los administradores deben monitorear tanto el proceso legislativo como las posibles acciones de reguladores. La declaración de Atkins mantiene abiertas ambas posibilidades: colaboración con el Congreso o regulación administrativa, aunque insiste en que la certeza de una ley sigue siendo la meta principal de la SEC.
