El Gobierno impulsa con urgencia la aprobación del Régimen de Zona Fría, una iniciativa que va más allá de descuentos geográficos: contempla compensar deudas de distribuidoras eléctricas a cambio de que desistan de juicios contra el Estado, desbloqueando así inversiones en el sector energético.
¿Qué es el Régimen de Zona Fría y cómo funciona?
Se trata de un mecanismo de compensación cruzada que ya cuenta con media sanción en Diputados desde mayo de 2026 y espera aprobación en el Senado. El esquema funciona de la siguiente manera: el Estado reconoce créditos a las distribuidoras eléctricas por lo que dejaron de percibir durante años de emergencia tarifaria, cuando no se actualizaron sus tarifas según los contratos. Ese crédito reconocido no se paga en efectivo, sino que se utiliza para cancelar las deudas que esas empresas mantienen con Cammesa por compra de energía.
A cambio, las distribuidoras deben renunciar a todos sus reclamos judiciales y administrativos contra el Estado. Solo pueden acceder las compañías que ya firmaron acuerdos de regularización con Cammesa; las demás quedan excluidas del beneficio.
¿Por qué el Gobierno acelera su sanción?
En la Casa Rosada buscan que la medida avance para que el activo regulatorio se ordene y que las empresas puedan sanear sus balances, acceder a crédito e incrementar sus inversiones. Según fuentes gubernamentales, hay alrededor de 10 distribuidoras eléctricas listas para salir a colocar deuda en mercados para financiar inversiones, pero tienen pendiente resolver sus conflictos con el Estado.
"Son juicios largos y en general los ganan los privados, por lo que le implicarían plata al Estado. Lo que estamos haciendo es ahorrar plata y tiempo a cambio de que ellos desistan esos juicios", explican voceros del Ejecutivo. El Gobierno sostiene que en algunos casos la deuda estatal con las distribuidoras sería menor a lo que ellas deben a Cammesa, de modo que la compensación cerraría el conflicto sin costo neto para el fisco.
Subsidios energéticos: la presión fiscal detrás del proyecto
Los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) correspondientes a junio de 2026 muestran la magnitud del desafío fiscal. El total de subsidios económicos registró una variación interanual positiva del 76,0% ajustada por inflación, principalmente por el comportamiento de los orientados al sector energético.
Las transferencias a Cammesa durante junio alcanzaron $521.351 millones, cifra que contrasta dramáticamente con los $35.555 millones transferidos en el mismo mes de 2025. Esta explosión de gastos energéticos presiona al Gobierno a ordenar la situación de las distribuidoras para reducir la dependencia de subsidios directos.
Estrategia política: negociaciones con gobernadores
El Gobierno trabaja en paralelo en negociaciones con gobernadores provinciales. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó en el Consejo Regional del Norte Grande en Posadas, donde presentó el proyecto de zonas cálidas, visto con buenos ojos por esas provincias. Con ese acuerdo de base, la Casa Rosada espera que varios mandatarios aporten adhesiones para lograr la aprobación legislativa.
El proyecto también propone recortar subsidios al gas en zonas templadas y frías de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Solo seguirían accediendo al beneficio automático por criterio geográfico la Patagonia, Malargüe y la Puna. En otras regiones, solo hogares con ingresos iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales (equivalentes a aproximadamente $4.400.000 mensuales) mantendría el subsidio.
Impacto para empresas y administradores de negocios
Para los dueños y administradores de empresas, especialmente las vinculadas al sector energético, la aprobación del Régimen de Zona Fría representa un punto de inflexión. Al permitir que las distribuidoras sanearan sus balances y accedan a financiamiento, se espera que aceleren inversiones en infraestructura eléctrica, mejorando la calidad y confiabilidad del servicio en todo el país.
Además, genera una señal positiva para los accionistas de estas compañías, lo que podría atraer inversión privada adicional al sector. Para las pymes que dependen de suministro eléctrico estable, una distribuidora con balances saneados y capacidad de inversión representa mayor previsibilidad operativa. La Subsecretaría de Energía Eléctrica será responsable de calcular los montos y definir la metodología de compensación, bajo supervisión de la Secretaría de Hacienda comandada por Carlos Guberman.
