El gobierno estadounidense apela una orden judicial que mandaba reembolsar aranceles declarados ilegales a todos los importadores, incluso sin demanda. La Administración Trump invoca un fallo de la Corte Suprema sobre ciudadanía para limitar los mandatos universales, mientras la CBP ya certificó US$ 100.000 millones en devoluciones.
¿Qué aranceles se deben reembolsar?
Los aranceles en cuestión fueron declarados ilegales en febrero de 2026 bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional (CIT), ordenó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reembolsara esos montos a todas las empresas importadoras afectadas, sin importar si habían presentado demandas formales. Esto incluía a pequeños y medianos importadores que desconocían sus derechos o los plazos para reclamar.
La CBP ya procesó y certificó US$ 100.000 millones en reembolsos, cantidad que corresponde a la mayoría de los aranceles ilegales identificados. La mayoría de esos pagos ya se han efectuado a los importadores que demandaron.
El argumento legal del gobierno Trump
Los abogados de la Administración Trump presentaron su apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal el lunes pasado, argumentando que el juez Eaton excedió su autoridad. El gobierno sostiene que los mandatos judicales universales —órdenes que aplican a todas las personas o empresas afectadas, no solo a los demandantes— no pueden aplicarse en este caso.
La estrategia legal se basa en el caso CASA, fallado por la Corte Suprema en junio de 2025, que limitó el uso de esos mandatos universales. El gobierno argumenta que esa restricción impide ordenar reembolsos a importadores que no participaron en el litigio. Según la Administración, esas empresas son libres de presentar demandas individuales dentro de los plazos legales establecidos.
¿Quiénes quedan sin recuperar su dinero?
El problema surge con las empresas cuyos procesos administrativos de reembolso ya finalizaron ante la CBP. Existe una regla del Congreso que impide a la agencia reprocesar aranceles cuando la ventana administrativa se cerró. Esto afecta especialmente a importadores que pagaron aranceles hace tiempo y cuyas declaraciones ya están cerradas.
El profesor Barry Appleton, codirector del Centro de Derecho Internacional de la New York Law School, reconoce que el gobierno tiene el mejor argumento legal, pero advierte sobre las consecuencias prácticas: "El gobierno tomó este dinero bajo una ley que la Corte Suprema dijo que nunca autorizó. Recuperarlo no debería depender de si una empresa podía permitirse demandar".
Las pequeñas empresas enfrentan un dilema: muchas no tienen recursos para contratar abogados especializados en derecho comercial, ni conocen los plazos de prescripción. Appleton señala que "realmente no se puede pedir a una pequeña empresa que demande por dinero que no sabe que se le debe, en un plazo que nunca ha oído mencionar".
Impacto para empresas importadoras argentinas
Para los administradores y dueños de empresas argentinas que importan desde Estados Unidos, esta disputa legal tiene implicaciones directas. Si Trump logra frenar los reembolsos universales, cualquier empresa argentina afectada por esos aranceles ilegales deberá litigar individualmente en cortes estadounidenses para recuperar su dinero.
Esto significa costos legales adicionales, tiempos de resolución más largos y riesgo de perder plazos de prescripción. Las pymes argentinas que compraron insumos, maquinaria o productos terminados entre 2024 y 2026 bajo esos aranceles podrían verse obligadas a buscar asesoría legal especializada en comercio internacional para reclamar. La decisión final del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, y posiblemente un nuevo fallo de la Corte Suprema, determinará si tenés acceso automático a esos reembolsos o si necesitarás iniciar acciones legales propias.
