El Sindicato de Camioneros intensifica su presión sobre el gobierno porteño para que incluya indemnizaciones a trabajadores en los nuevos contratos de recolección de residuos que regirán entre 2028 y 2038, un beneficio estimado en US$ 200 millones.
¿Qué pide el gremio en los nuevos pliegos de recolección?
El sindicato exige que los pliegos del servicio de recolección para el período 2028-2038 incluyan el pago de indemnizaciones a los trabajadores, tal como ocurre en los contratos vigentes que vencen el 30 de septiembre de 2028. Según la conducción gremial, más de 7.000 empleados de empresas recolectoras en la Ciudad de Buenos Aires esperan recibir esta compensación cuando finalicen los contratos actuales.
La asamblea masiva realizada hace poco en el predio de Lafayette 1751, en Barracas, sirvió como punto de partida para una estrategia de movilización. Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, anunció que el gremio se movilizará a la Legislatura porteña y convocará a más de 20.000 manifestantes en la primera audiencia pública. El tono de sus declaraciones dejó claro que no habrá retroceso: "Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando", sostuvo.
El calendario de la licitación y la audiencia pública del 5 de octubre
El gobierno de la Ciudad convocó mediante el Decreto 304/26 a una audiencia pública para discutir los proyectos de pliegos antes del llamado definitivo. La audiencia se realizará de manera virtual el lunes 5 de octubre de 2026, al mediodía, y marcará el primer paso formal para reemplazar los contratos adjudicados en 2013.
Los contratos vigentes, que comenzaron a regir el 1° de octubre de 2014, fueron prorrogados hasta 2028. Según trascendió, el anteproyecto reorganiza el servicio en ocho zonas en lugar de las siete actuales. Actualmente, seis zonas están en manos de empresas privadas y la Zona 5 (que abarca Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo) funciona bajo administración directa del Ente de Higiene Urbana.
¿Qué diferencia hay entre el pliego actual y el futuro?
El pliego vigente contempla un ítem específico de "Indemnizaciones Finales" dentro del Régimen de Personal Operativo. Este mecanismo establece que al terminar el contrato, la empresa adjudicataria calcula las indemnizaciones del personal, y una vez auditadas por la Ciudad, el gobierno porteño le abona esos montos para que la firma indemnice a los trabajadores.
El gobierno de Jorge Macri no prevé reproducir esa cláusula en los nuevos contratos. Si bien los trabajadores conservarían sus puestos desde septiembre de 2028 por diez años adicionales, ya sea en las firmas actuales o en nuevas adjudicatarias, la ausencia de indemnizaciones generaría una pérdida económica significativa para el personal. La preocupación se extiende también al Presupuesto 2027: Camioneros teme que no contenga las partidas necesarias para afrontar estas compensaciones.
¿Qué es la "Ley Moyano" y cómo funciona?
No se trata de una ley en sentido jurídico formal, sino de una práctica consolidada desde fines de los años 90 por Hugo Moyano. El mecanismo funciona así: cada vez que una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, despide al personal, lo indemniza y lo recontrata, permitiendo que el trabajador cobre la compensación y, simultáneamente, mantenga su empleo.
Su primer antecedente fue en 1998, con el fin del contrato de Manliba. Durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad, el mecanismo ganó fuerza institucional: en 2012, la Legislatura aprobó un bono de $220 millones para indemnizar a recolectores ante un cambio de concesionaria. Posteriormente se aplicó en licitaciones de residuos en Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en las filiales locales de DHL y FedEx. Hace poco, el gremio acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.
¿Qué riesgos corre el servicio de recolección?
Por ahora, Camioneros no ha anunciado un paro ni medidas de fuerza sobre la recolección. Lo que existe es un estado de alerta, asambleas en todas las empresas del sector y una movilización a la Legislatura. Sin embargo, el historial del gremio y el tono de la conducción sindical mantienen abierto el escenario de escalada.
En 2024, Pablo Moyano ya había advertido que la Ciudad se llenaría de basura si no se indemnizaba al personal. Esta vez, el lenguaje es más frontal: habla de una "lucha durísima" y de convocar a más de 20.000 trabajadores. La capacidad de presión del sindicato sobre un servicio esencial es la herramienta con la que históricamente logró sostener beneficios. Si los pliegos finales no incorporan las indemnizaciones, no se descarta que el conflicto escale a medidas que afecten directamente la recolección de residuos.
Impacto para las empresas y administradores de negocios porteños
Para los administradores y dueños de empresas en la Ciudad, un conflicto en la recolección de residuos genera costos operativos inmediatos y afecta la continuidad del negocio. La incertidumbre sobre si habrá disrupciones en el servicio durante los próximos meses impacta en la planificación logística y en la gestión de costos fijos.
Además, el resultado de esta negociación sienta precedente para otras licitaciones de servicios esenciales. Si el gremio logra imponer las indemnizaciones, otras concesiones (transporte, servicios públicos, distribución) podrían enfrentar reclamos similares, elevando los costos de los pliegos futuros. Por el contrario, si el gobierno logra excluir este beneficio, la recolección podría sufrir disrupciones que afecten a todas las empresas que dependen de ese servicio para operar. El desenlace de la audiencia pública del 5 de octubre será crucial para definir el escenario de los próximos dos años.
