Un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional busca establecer un régimen integral de protección para trabajadores de aplicaciones como Rappi, Uber, PedidosYa y Cabify, garantizando derechos que hoy no tienen bajo la actual normativa laboral argentina.
¿Qué cambios traería la nueva ley para repartidores de apps?
La iniciativa presentada por la diputada nacional Vanesa Siley propone crear un marco específico de derechos para quienes trabajan en servicios de plataformas digitales, sin perjuicio de que se apliquen normas laborales cuando corresponda. La propuesta se alinea con el Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece un piso mínimo global de protección para conductores y repartidores, e incorpora experiencias de legislaciones ya vigentes en Chile, Brasil, Colombia y Uruguay, además de propuestas en discusión en la Unión Europea.
El sector representa una actividad en expansión acelerada: según datos de WorkerTech Argentina, el empleo en plataformas digitales creció un 289,5% entre 2020 y 2023, alcanzando más de 67.000 trabajadores. La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que nuclea al sector, respalda esta iniciativa legislativa.
Derechos principales que incluye el proyecto
El proyecto contempla un conjunto amplio de garantías laborales y de seguridad. Entre los aspectos más relevantes se encuentran libertad horaria total, donde cada trabajador determina libremente su jornada, considerándose tiempo de trabajo desde que se loguea en la aplicación hasta que se desconecta. Esto representa un cambio significativo respecto a la actual figura del prestador independiente creada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
En materia de seguridad, el proyecto incluye estaciones sanitarias en la vía pública coordinadas con municipios y CABA para descanso, aseo y alimentación, así como un botón de emergencia que permita activar una aplicación de seguridad ante situaciones de inseguridad en la calle durante la jornada laboral.
Otro pilar central es la transparencia algorítmica: los trabajadores tendrían derecho a conocer qué parámetros utilizan los algoritmos que deciden sobre sus actividades, acceso al empleo y elaboración de perfiles. La norma también prohíbe el bloqueo arbitrario, estableciendo que ninguna empresa puede desconectar a un trabajador de la app sin otorgarle derecho a descargo previo. Las malas calificaciones por fallas del producto o errores de asignación no podrían usarse como justificación para sancionar al trabajador.
Beneficios económicos y de protección social
El proyecto propone vacaciones escalonadas según antigüedad, de 14 a 35 días corridos, sin penalidad en la reputación digital, un beneficio que actualmente no existe para este sector. También establece cobertura de riesgos del trabajo mediante un régimen simplificado con una ART, lo que ampliaría significativamente la protección social de estos trabajadores.
En cuanto a protección y equipo, las empresas deberían proporcionar casco, rodilleras, coderas, seguro de daños y seguro de riesgos a terceros. El proyecto también permite que los trabajadores de plataformas continúen cobrando planes sociales, educativos o de empleo sin que esto genere conflictos de intereses o afecte sus ingresos.
Un aspecto innovador es la definición de la reputación digital como capital propio del trabajador, intangible y portable, que la empresa no podría utilizar una vez terminada la relación laboral. Además, se propone un cálculo real de la distancia recorrida en cada entrega según el trazado urbano real, lo que impactaría directamente en la remuneración.
Institucionalidad y supervisión: la Comisión Nacional
El proyecto crea la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales, de integración tripartita con participación del Estado, sindicatos y empresas. Esta comisión tendría facultades para fijar retribuciones mínimas, establecer condiciones de trabajo y definir protocolos de control algorítmico. También se propone un canal de soporte obligatorio con lugar físico, teléfono local y responsable asignado por cada empresa.
Impacto para administradores de empresas y plataformas digitales
Para los administradores de empresas de plataformas digitales, esta iniciativa representa un cambio regulatorio significativo que modificaría sustancialmente los costos operativos y la estructura de relaciones laborales. La implementación de estas garantías implicaría inversiones en infraestructura (estaciones sanitarias, canales de soporte físicos), sistemas de seguridad algorítmica documentada y cobertura de seguros ampliada.
Sin embargo, desde la perspectiva de la sostenibilidad empresarial, estas regulaciones podrían mejorar la retención de personal, reducir conflictividad laboral y alinear a las plataformas argentinas con estándares internacionales que ya rigen en mercados desarrollados. La definición de retribuciones mínimas a través de la Comisión tripartita permitiría mayor predictibilidad regulatoria, aunque requeriría negociación constante entre actores. Administradores y dueños de pymes que subcontratan servicios de logística también deberían evaluar cómo estos cambios impactarían en los costos de distribución y en la competitividad de sus operaciones.
