La administración Trump evalúa una restricción de 90 días sobre las exportaciones de diésel estadounidense para contener los precios internos, pero especialistas advierten que la medida podría reducir la producción, encarecer el transporte y no resolver la crisis global de abastecimiento que impulsa los valores al alza.
¿Por qué Trump considera prohibir las exportaciones de diésel?
La Casa Blanca enfrenta presión política de agricultores, legisladores republicanos y sectores de transporte afectados por el encarecimiento del combustible. Según informes citados por Yahoo Finance, el plan busca retener más diésel en el territorio estadounidense para aumentar la oferta doméstica y presionar los precios a la baja. El precio promedio nacional alcanzó USD 6,52 por galón el 24 de septiembre de 2026, según datos de AAA, un nivel récord que justifica la búsqueda de soluciones de corto plazo. La propuesta podría extenderse hasta finales de año si la administración la implementa en las próximas semanas.
La paradoja de la producción: más oferta no garantiza menor precio
Estados Unidos produce actualmente 5,3 millones de barriles diarios de diésel, de los cuales aproximadamente 3,6 millones permanecen en el mercado interno y 1,67 millones se exportan, según datos de RSM Research. Esas exportaciones representan cerca del 18% del suministro mundial de diésel, una proporción que explica por qué cualquier restricción tendría impacto global.
Sin embargo, la teoría de que retener esos barriles aliviaría los precios domésticos enfrenta un obstáculo crítico: la distribución geográfica. La mayor parte de la refinación se concentra en la costa del Golfo de Luisiana, mientras que los problemas de abastecimiento aparecen en el Noreste y la Costa Oeste. Los oleoductos terrestres operan cerca de su capacidad máxima, lo que obligaría a trasladar combustible por vía marítima a mayor costo.
La Ley Jones añade otra complicación. Esta norma exige que los productos transportados entre puertos estadounidenses viajen en buques estadounidenses tripulados por trabajadores locales, lo que eleva significativamente los costos de envío. Aunque la administración Trump prorrogó en agosto una exención de 90 días a esta regulación, el precio promedio nacional del diésel continuó en niveles récord, evidenciando que el obstáculo no depende únicamente de las reglas marítimas.
El mercado global limita el alcance de cualquier veto nacional
Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, advirtió que la prohibición corregiría artificialmente los precios de los destilados y reduciría los ingresos de toda la industria energética estadounidense. Si las refinerías reciben menos por cada barril en el mercado interno, podrían responder recortando la producción hasta encontrar un nuevo equilibrio de precios. En ese escenario, la medida desplazaría la dinámica del mercado sin resolver la causa fundamental del encarecimiento.
La crisis actual se relaciona con interrupciones en varios centros de suministro mundial. Las exportaciones de destilados desde Medio Oriente se desaceleraron por la guerra con Irán, mientras que una campaña militar ucraniana contra el sector de refinación ruso retiró capacidad del mercado. Antes de la invasión rusa de 2022, Rusia representaba aproximadamente el 10% de las exportaciones globales de diésel. El 23 de septiembre de 2026, Ucrania atacó una importante refinería rusa que quedó fuera de servicio.
En ese entorno, las exportaciones estadounidenses de gasolina y diésel crecieron hasta 40% frente al mismo período de 2025, porque los compradores internacionales ofrecieron precios más altos. Patrick de Haan, analista de petróleo de GasBuddy, sostiene que el combustible sale del país por la señal económica del mercado, no porque los políticos obliguen a los refinadores a exportarlo. Devolver esos barriles al mercado doméstico podría provocar recortes en la operación de las refinerías sin resolver la escasez mundial que impulsa los precios.
La lección histórica de las restricciones energéticas
Estados Unidos ya recurrió a prohibiciones de exportación tras el embargo petrolero árabe de 1973-1974. El Congreso aprobó en 1975 la Ley de Política y Conservación de la Energía, que ordenó restringir ampliamente las exportaciones de petróleo crudo nacional. Estudios de Brookings y otras instituciones concluyeron que aquella prohibición hizo poco para aliviar las presiones diarias sobre los precios que pagaban los estadounidenses. La ley fue derogada en 2015 tras el auge del esquisto estadounidense.
Samantha Gross, directora de la Iniciativa de Seguridad Energética y Climática de Brookings, explicó que los controles en contextos de aumentos podían llevar a los refinadores a retener combustible para venderlo más adelante a precio mayor. Esa conducta altera el momento en que aparece el producto, pero no crea capacidad adicional de refinación ni garantiza que el combustible llegue a la región donde más se necesita.
Impacto para empresas y administradores: entre el alivio temporal y la incertidumbre
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, esta medida estadounidense presenta un dilema de riesgos y oportunidades. Si la prohibición se implementa durante septiembre-octubre de 2026, podría generar una baja limitada y pasajera en los precios internacionales del diésel, lo que beneficiaría a empresas de transporte y logística que dependen de combustibles importados. Sin embargo, ese alivio sería temporal.
La restricción también podría acelerar la volatilidad en los mercados de energía, afectando la estabilidad de costos operativos para pymes que dependen del diésel importado. Mientras persistan la guerra con Irán, los ataques contra refinerías rusas y la competencia global por destilados, el precio seguirá expuesto a factores que una prohibición local estadounidense difícilmente puede controlar. Los administradores de empresas deben prepararse para escenarios de precios sostenidamente elevados más allá de 2026, independientemente de que Trump implemente o no la restricción de 90 días.
