El Gobierno nacional estableció los requisitos y procedimientos que deben cumplir los interesados en participar en las subastas públicas de privatización de empresas estatales. Desde el 26 de julio de 2026, entró en vigencia la Disposición N° 52/2026 publicada en el Boletín Oficial, que reglamenta cómo acceder a las convocatorias de venta de activos públicos bajo el marco de la Ley de Bases y la Ley de Reforma del Estado N° 23.696.
¿Quién puede participar en las subastas de privatización?
Para participar en las subastas públicas de privatización a través de la plataforma SUBAST.AR, los interesados deben inscribirse previamente en el módulo "Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696" disponible en el sitio web de CONTRAT.AR. La titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Agustina Rocío Brichetti, dispuso que esta inscripción es obligatoria para todos los oferentes que deseen presentar propuestas en los procesos de venta de empresas estatales.
Además, quienes estén registrados como Concesionarios bajo la Ley N° 17.520 conforme al procedimiento aprobado por la Disposición N° 84 del 14 de noviembre de 2024, también podrán intervenir en las subastas de privatización, siempre que las convocatorias se lancen bajo las Leyes N° 27.742 y N° 23.696.
Pasos para inscribirse y participar en SUBAST.AR
El proceso de inscripción y participación requiere varios pasos específicos que los oferentes deben cumplir:
- Registrarse en el módulo de privatizaciones disponible en CONTRAT.AR
- Acceder a la plataforma COMPR.AR y dirigirse al apartado "Subasta Pública"
- Declararse como oferente en el sistema SUBAST.AR mediante la presentación de datos requeridos
- Designar un usuario como "Administrador Legitimado" que debe coincidir en ambas plataformas
Sin embargo, quienes ya estén incorporados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y hayan completado la inscripción y validación en el módulo de privatizaciones quedarán eximidos de la obligación de declararse nuevamente como oferentes en SUBAST.AR, simplificando el trámite administrativo.
Cronograma de privatizaciones previstas para 2026-2027
El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, proyecta recaudar más de USD 2.000 millones mediante la venta de activos públicos antes de finalizar el mandato presidencial. Estos ingresos son fundamentales para atender los vencimientos de la deuda con el FMI, que durante 2026 alcanzan los USD 19.200 millones.
La operación más avanzada corresponde a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El proceso incluye dos etapas: la apertura de sobres técnicos está prevista para el 27 de agosto de 2026, donde los interesados deberán acreditar capacidad financiera y experiencia. La apertura de ofertas económicas se realizaría a mediados de septiembre, con recepción de pagos a mediados de octubre y firma del contrato de adjudicación posteriormente.
Las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano se encuentran en fase de preparación documental. El Gobierno espera que, si los cronogramas se cumplen, sus ingresos se sumen antes de fin de año. Recientemente, se sumó a la cartera de privatizaciones el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, complejo ubicado en Mendoza con capacidad instalada de 290 MW. La convocatoria busca un nuevo concesionario por treinta años y la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA).
Impacto del nuevo régimen de privatizaciones para empresas y administradores
Para los administradores y dueños de empresas argentinas, esta reglamentación abre oportunidades de inversión en activos estratégicos que generan flujos de caja predecibles. Las privatizaciones de servicios esenciales como agua, energía e hidroelectricidad representan negocios de largo plazo con demanda garantizada. Sin embargo, los requisitos de inscripción previa, acreditación de capacidad financiera y experiencia exigen que las empresas interesadas preparen documentación técnica robusta y disponibilidad de fondos significativos. La simplificación burocrática mediante SUBAST.AR facilita el acceso a estas convocatorias, pero la competencia será intensa. Además, los plazos ajustados —especialmente en AySA con fechas definidas entre agosto y octubre— requieren que los potenciales oferentes actúen con rapidez para no perder oportunidades de inversión en infraestructura crítica del país.
